Arranca el juicio a la "pirata" Alcor Seguridad, donde declararán un centenar de testigos

 

El director y los cuatro administradores de la empresa Alcor Seguridad, con domicilio fiscal en Monforte de Lemos (Lugo), acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores han declarado este martes en la Audiencia Provincial de Lugo. El principal acusado se ha defendido asegurando que los empleados pedían pagos "en metálico" y que llegaron a percibir 6.000 euros mensuales.

Además de ellos, también han comparecido 14 de los más de cien testigos que se espera que presten declaración en esta macrocausa a lo largo de los próximos días para dirimir la responsabilidad de los cincos acusados, para quienes el Ministerio Fiscal solicita penas de entre dos años y medio y tres años y tres meses de prisión.

De acuerdo a lo recogido en el escrito fiscal, los acusados habrían obligado entre los años 2011 y 2015 a más de una treintena de empleados a encadenar "jornadas maratonianas"; firmar documentos en blanco al momento de rubricar sus contratos de trabajo; o rellenar partes de servicio con códigos diferentes en jornadas de 24 horas "como subterfugio para evitar que la empresa contratante se percatase de que eran llevados a cabo por el mismo vigilante". 

En la primera jornada del juicio, señalado para celebrarse inicialmente el pasado mes de junio pero aplazado por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, la Fiscalía se ha reafirmado en sus peticiones de cárcel y en el pago de 6.000 euros de multa a cada uno de los 35 trabajadores agraviados en concepto de responsabilidad civil.

La acusación popular, por su parte, ha solicitado penas de prisión de entre tres y seis años para los imputados así como una reparación en concepto de responsabilidad civil de 10.000 euros para cada uno de los empleados perjudicados.

Los letrados de las cinco defensas, que han pedido en el capítulo de cuestiones previas la expulsión de la acusación popular (Federación de Trabajadores de Seguridad Privada 'FTSP-USO') del procedimiento --la cual ha sido desestimada-- por su "estrecha colaboración con la investigación cuando esta era secreta", han negado los hechos y han solicitado la libre absolución de sus representados.

"RELACIÓN MÍNIMA"

El director de la empresa y principal acusado en la causa ha alegado que su relación con los trabajadores era "mínima" así como también su injerencia en las labores de contratación.

Ha defendido que Alcor Seguridad "facilitaba la posibilidad de hacer horas extra", pero que no las imponía y que alguno de los denunciantes pidió expresamente "cobrar en metálico" por unos servicios por los que llegó a percibir, según su testimonio, sumas cercanas a los "6.000 euros mensuales".

Tanto el gerente como los administradores de la empresa --que además de en Galicia prestaba sus servicios en Asturias y Canarias-- han negado a lo largo de la sesión --cuatro de forma presencial y una última por videoconferencia-- haber "vulnerado" los derechos de sus empleados en los términos que recoge el escrito de acusación.