Agentes de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional han propuesto sanciones a una empresa de servicios, una constructora y a dos trabajadores por realizar y contratar servicios de vigilancia sin tener la correspondiente habilitación y autorización correspondiente. La empresa en cuestión, regentada por un conocido clan, se enfrenta a una sanción que oscila entre los 30.000 y 600.000 euros, pero al tratarse de personas reincidentes en esta materia la multa podría superar los 50.000 euros. Del mismo modo, los dos operarios que estaban usurpando funciones de vigilantes de seguridad sin la habilitación requerida serán sancionados con más de 6.000 euros cada uno de ellos.
Durante la investigación, se determinó que los integrantes de esta empresa de controladores de acceso ofrecieron servicios a una constructora en horarios en los que no se trabaja en la obras, es decir, en horarios donde no es necesario controlar el acceso del personal. La Ley de Seguridad Privada dispone que se debe sancionar tanto a la empresa que ofrece el servicio de forma ilegal como a la constructora por utilizar servicios de empresas de seguridad sin autorización específica. Por ese motivo, también serán propuestos para sanción los responsables de la obra.
Los infractores colgaban carteles con un loco donde indicaban que la empresa estaba protegida por ellos. Además, se ha detectado vinculación con otra operación policial que se llevó a cabo el mes de mayor contra empresas que ofertan servicios de seguridad sin poder hacerlo. Desde la Policía Nacional se recuerda que se sancionará con dureza a todas aquellas personas, entidades o empresas que infrinjan los preceptos establecidos en la Ley y usurpen funciones que no les correspondan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
DEJANOS TU COMENTARIO