Mostrando entradas con la etiqueta sentencias. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta sentencias. Mostrar todas las entradas

sábado, 22 de septiembre de 2018

La justicia europea avala que las embarazadas no trabajen de noche ... El fallo judicial, extensivo al periodo de lactancia,


Cuatro meses después de dar a luz a un niño, Isabel González se reincorporó a su puesto de vigilante de seguridad para la
empresa Prosegur en turnos rotatorios y variables de 8 horas en el centro comercial Es Termas, en la ciudad de Lugo. Parte de la jornada era por la noche. Y la trabajadora estaba dando el pecho a su hijo. Por esa razón solicitó a sus jefes la suspensión del contrato y una prestación económica, acogiéndose al riesgo durante la lactancia recogido por la ley española. Pero la mutua se negó a darle el certificado médico que acreditara la existencia de algún tipo de peligro en su caso y la solicitud acabó en el cajón. Es un requisito imprescindible, según la directiva europea sobre seguridad y salud de las empleadas embarazadas. Sin certificado, no hay baja. La afectada denunció una posible discriminación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que decidió acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para resolver varias dudas sobre la demanda. ¿Se puede hablar de trabajo nocturno aunque sea solo una parte de ese horario? ¿Se evaluaron bien los riesgos? ¿Es la trabajadora o la mutua la que deben demostrar que las condiciones laborales “no resultan técnica u objetivamente posibles o no pueden exigirse razonablemente”. La justicia europea acaba de darle la razón a Isabel González y afianza el derecho “a la protección específica” de las trabajadoras embarazadas con este tipo de jornadas.

Primero, porque, efectivamente, se trata de un trabajo nocturno. La normativa en vigor no realiza “ninguna precisión sobre el alcance exacto del concepto”. No existe, por tanto, ninguna limitación para que el empleo a turnos de la vigilante no fuera considerado de esa manera.

La sentencia insiste en la necesidad de que los peligros queden claros a través de un certificado médico. La evaluación “no puede estar sujeta a requisitos menos estrictos” que los aplicados “a todas las actividades que puedan conllevar un riesgo específico para estas trabajadoras”. Hay que estudiar la situación “individual” de la empleada y, insiste el TJUE, “determinar si su salud o su seguridad o las de su hijo están expuestas a un riesgo”. “En el supuesto de que no se haya llevado a cabo dicho examen -añade-, existirá un trato menos favorable a una mujer en relación con el embarazo o el permiso de maternidad“. Lo que sucede aquí, según el tribunal europeo. No hubo “aparentemente” el estudio personalizado de los riesgos ante la negativa de Mutua Umivale y “la interesada sufrió discriminación”. EL TJUE deja en manos ahora del tribunal gallego la comprobación de la negativa a la evaluación.

45/18 SENTENCIA ATENTADO AGENTE DE LA AUTORIDAD A VIGILANTE DE SEGURIDAD.




domingo, 16 de septiembre de 2018

EL SUPREMO CONFIRMA LA OBLIGATORIEDAD DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD PARA VIGILANTES Y ESCOLTAS


La Sala de lo Social del Tribunal Supremo resuelve, en una sentencia de 7 de marzo de 2018, reitera su criterio de anteponer la obligatoriedad de la vigilancia de la salud en actividades de especial peligrosidad al derecho a la intimidad. Se trata de un criterio ya expresado en la sentencia de 10 de junio de 2015, en la que estableció la obligatoriedad del reconocimiento médico de setecientos Brigadas Rurales de Emergencia.


DESCARGAR SENTENCIA 



Sentencia de reclamación de cantidad donde se condena a la empresa a pagar el plus de Responsable de Equipo en 12 mensualidades , incluidas las vacaciones



Sentencia de reclamación de cantidad donde se condena a la empresa a pagar el plus de Responsable de Equipo en 12 mensualidades , incluidas las vacaciones



DESCARGA SENTENCIA COMPLETA




APP OFICIAL SEGURIDAD Y EMPLEOGifs ANimados Flechas (31)


viernes, 14 de septiembre de 2018

El Tribunal Constitucional ha dado amparo a un vigilante de seguridad que exhibió una camiseta con el mensaje "donde hay corrupto hay un corruptor




El Tribunal Constitucional ha dado amparo a un vigilante de

seguridad, miembro del comité de empresa de Seguridad Integral Canaria, que fue expulsado a través de un despido disciplinario en abril de 2015.


El despido se fundamentaba en diferentes acciones del trabajador, como haber asistido a un pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en diciembre de 2014, junto a otros representantes de los empleados de dicha empresa, en el que se levantó de su asiento y poniéndose una careta del conocido personaje El Pequeño Nicolás, exhibió una camiseta con el mensaje "donde hay corrupto hay un corruptor. Tanto o más importante que el nombre del político corrupto es conocer el de la empresa de seguridad corruptora".

Una camiseta que el después despedido también llevó puesta en otro acto en marzo de 2015, una rueda de prensa en la sede de Intersindical Canaria, para anunciar una convocatoria de huelga.

Aunque el trabajador recurrió el despido y solicitó que se declara nulo, tanto el Juzgado de lo Social nº9 de Las Palmas de Gran Canaria como el Tribunal Superior Judicial de Canarias lo avalaron como procedente.

Tras pedir amparo al Constitucional, el Alto Tribunal ha decidido que se vulneró el derecho a la libertad sindical, en relación con la libertad de expresión, de este trabajador pues "el demandante actuó en calidad de miembro del comité de empresa, cuestionando a través de la protesta la pasividad del Ayuntamiento en su deber de velar por los derechos de los trabajadores de la empresa adjudicataria del contrato de seguridad y vigilancia; y el mensaje contenido en las camisetas y exhibido en el Pleno del Ayuntamiento ni identificó como 'empresa de seguridad corruptora' a la mercantil empleadora, ni menos aún a ningún responsable de la misma".

El Tribunal Constitucional anula así tanto la sentencia del TSJC y del Juzgado de lo Social y declara la nulidad del despido.







APP OFICIAL SEGURIDAD Y EMPLEOGifs ANimados Flechas (31)


jueves, 13 de septiembre de 2018

SENTENCIA: RECURSO DE SANCIÓN CON DESPIDO POR" COLGAR FOTOS EN REDES SOCIALES Y INCUMPLIMIENTO DE RONDAS"




S E N T E N C I A Nº 888/18

En el Recurso de Suplicación número 415/18, interpuesto por la representación legal de ALBERTO JIMENEZ ORTELANO, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número

2 de Albacete, de fecha veinte de noviembre de 2017, en los autos número 110/17, sobre Derechos fundamentales, siendo recurrido SEGURAL CIA DE SEGURIDAD S.L. y MINISTERIO FISCAL.




DESCARGAR SENTENCIA COMPLETA









jueves, 6 de septiembre de 2018

SENTENCIA: Despido nulo a un vigilante de seguridad porque el juez considera que la empresa vulneró "su derecho fundamental a la intimidad



El titular del Juzgado de lo Social 9 de Sevilla ha declarado nulo el
despido, en junio del 2017, de un vigilante de seguridad al atribuirle hechos grabados por una cámara que los empleados desconocían y sin sospecha previa que justificase una grabación que, según el juez, vulneró su derecho a la intimidad.

En una sentencia del 3 de septiembre, a la que ha tenido acceso Efe, el juez considera que empresa vulneró "su derecho fundamental a la intimidad, afectando a esferas de su vida privada, y, así, el propio vestir y desvestir" que realizaba en el centro de control en el que trabajando, al colocar la cámara en fecha no determinada y sin comunicación previa a los trabajadores.

Ello permitió "la grabación indiscriminada no sólo del demandante sino de cualquier otra persona que se encuentre en dicho centro de control, y de forma no limitada en el tiempo, sin que concurra causa alguna que justifique la colocación de dicha cámara", por lo que la actuación de la empresa no responde a los principios de proporcionalidad y la grabación aportada como medio de prueba para su despido "debe ser calificado como ilícito".

En su carta de despido, la empresa alegaba que en base a la grabación de la conducta del trabajador durante varias jornadas laborales de marzo, abril y mayo de 2017 -en el turno de noche en el centro de control de vigilancia- éste no realizó su servicio "de forma convenida al no prestar atención al servicio, al descalzarse, al no cumplir con las normas básicas de uniformidad, por dedicarse a ver películas en un dispositivo móvil y por dormirse durante el horario de servicio".

Tras comunicarlo al comité de empresa del sindicato CSIF, al que el trabajador está afiliado, que esos hechos "podían ser constitutivos de una falta laboral y ser objeto de sanción disciplinaria", le comunicó su "despido por causas disciplinarias" por "faltas muy graves" previstas en el convenio laboral consistentes en "deslealtad, fraude y abuso de confianza", "abandono de puesto de responsabilidad", "disminución voluntaria y continuada del rendimiento", así como "desobediencia a las órdenes dadas, abuso de confianza y trasgresión de la buena fe contractual".

La sentencia recoge que en juicio ha quedado acreditado que la empresa instaló en su lugar de trabajo una cámara "ocultando su ubicación y su existencia" con la que grabó al denunciando "durante la prestación de su servicio" pero también cuando se "quitaba la camisa correspondiente al uniforme para ponerse la ropa de calle".

En el juicio, ni el trabajador despedido ni otros que testificaron dijeron haber sido informados de la existencia de dicha cámara a pesar de haber estado en el centro de control sin percatarse de ella.

Por su parte, la empresa no aportó "a la parte demandante ni tampoco al Comité de empresa ni a las secciones sindicales, comunicación alguna poniendo en su conocimiento la instalación de dicha cámara, su finalidad, la posibilidad de grabación de imágenes y el uso que pudieran darse estas últimas".

El juez no ve acreditado que en el despido se vulnerase el derecho fundamental a la igualdad por edad alegado por el demandante "dado que otros trabajadores de mayor de edad no fueron despedidos" pero sí vulneración del derecho igualmente fundamental a la intimidad, por lo que en base al Estatuto de los Trabajadores, declara el despido nulo, ordena su readmisión y el pago de los salarios de tramitación.

Según explicó a Efe el abogado del demandante, Carlos Berlanga, el vigilante se encuentra ya reincorporado tras una sentencia "pionera en España" al señalar que la instalación de una cámara y la grabación de los trabajadores sin su conocimiento ni previa causa que lo justifique vulnera su derecho a la intimidad.

Anteriormente, un juzgado de Córdoba había anulado un despido también sustentado en una grabación de la empresa pero fue porque no admitió la misma como prueba.

En este caso sí ha sido admitida y tras analizar esta prueba, junto a otras, en el juicio, el juez ha considerado nulo el despido.





APP OFICIAL SEGURIDAD Y EMPLEOGifs ANimados Flechas (31)


sábado, 1 de septiembre de 2018

DESCARGAR: Sanción Seguridad Privada inspectores no habilitado y sin delegación de funciones


Sancionan a un "inspector" por carecer de la imprescindible delegación de funciones


DESCARGAR 



DESCARGAR Sentencia Audiencia Nacional Convenio Colectivo Ariete Seguridad


Impugnación de convenio. Comisión negociadora. Principio de correspondencia. La AN declara la nulidad de un convenio colectivo suscrito solo por representantes de algún centro de trabajo de la empresa. Según el llamado principio de correspondencia, la comisión negociadora tiene que resultar representativa de todos los centros de trabajo. La prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el de ámbito superior en las materias previstas legalmente hace que el proceso de conformación de la voluntad de las partes en la negociación de este instrumento normativo no pueda resultar válido para la adopción de un instrumento de ámbito inferior que carece de tal preferencia.


DESCARGAR SENTENCIA 


martes, 31 de julio de 2018

SENTENCIAS: COMER EN EL TRABAJO PUEDE SER CONSIDERADO DESPIDO PROCEDENTE.




Ciertas actuaciones como degustar productos de la empresa o regalar alimentos a clientes y que no estén estipulados en el convenio colectivo pueden terminar en un despido disciplinario del trabajador.

¿Puedo comerme un pincho si trabajo en un bar? ¿Y regalar alimentos en mal estado si lo hago en un supermercado? Castigar


éstos y otros supuestos similares dependerá de si este tipo de actuaciones están recogidas como una posible sanción de una forma explícita o implícita dentro de lo recogido en el convenio colectivo o en la normativa interna.

No obstante, la existencia de un incumplimiento laboral grave del trabajador no determina automáticamente la extinción del contrato, sino que simplemente habilita al empresario para poder extinguir el mismo de forma unilateral mediante un despido disciplinario.

Tolerancia empresarial

Según se recoge en el Memento Despido, el empresario puede tolerar la conducta del trabajador o limitarse a imponer sanciones de menor gravedad que el despido, si están previstas y admitidas por el convenio colectivo aplicable. Si existe una situación de tolerancia empresarial previa, el empresario no puede contradecir sus propios actos, practicando un despido sorpresivo, cuando anteriormente venía admitiendo sin problemas la conducta irregular del trabajador.

Por tanto, cuando existe una costumbre de tolerancia con determinadas conductas del trabajador, no es posible sancionarlas si previamente no se hace una advertencia al mismo de que dicha situación de tolerancia ha de entenderse finalizada, de manera que ha de calificarse como improcedente un despido que sancione por primera vez y sin advertencia previa la conducta de un trabajador que era conocida por la empresa y se había desarrollado durante largo tiempo sin conllevar reacción alguna por parte de la misma.

No obstante, para que la actuación empresarial pueda apreciarse como una actitud permisiva de tolerancia debe tener suficiente consistencia para que, a partir de la misma, sea deducible una voluntad de admitir como no sancionables determinados incumplimientos contractuales.









DESCARGA LA APP EN GOOGLE PLAY

lunes, 23 de julio de 2018

VERGONZOSA SENTENCIA: 6 AÑOS DE PRISIÓN TRAS PROPINAR UNA BRUTAL PALIZA A UN VIGILANTE DE SEGURIDAD DE UN COMERCIO DE VALENCIA

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a seis años de prisión a un hombre que dio una paliza al vigilante de seguridad de un supermercado y le dejó incapacitado para trabajar al romperle la nariz y perder parcialmente la visión de un ojo como consecuencia de los puñetazos recibidos.

Condenado y víctima discutieron en enero de 2014 en el establecimiento donde vigilante de seguridad porque el cliente le reprochó que le vigilara demasiado. Durante la trifulca, fue necesaria la intervención de la Policía que logró que el cliente abandonará el establecimiento.

Como relata la sentencia, el penado espero en su vehículo hasta el cierre del supermercado, a las dos y media de la madrugada, y siguió con su coche a la víctima, de 51 años, que se dirigía a su domicilio.

El vigilante se dio cuenta y se acercó al vehículo para que dejara de seguirle, lo que provocó que el condenado se bajara del mismo, le empujara, le tirara al suelo y le diera varios puñetazos en la cara. Como consecuencia de los golpes sufrió una fractura nasal, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, y un desprendimiento de retina que le ha supuesto la incapacidad permanente total para su ocupación habitual como vigilante de seguridad.



La Sala considera que el agresor es culpable de un delito de lesiones agravadas por inutilidad de un órgano principal. No se pronuncia sobre la indemnización que ha de recibir la víctima, que optó por reclamar por la vía civil.



DESCARGA LA APP EN GOOGLE PLAY

miércoles, 18 de julio de 2018

Sucesión de empresa y responsabilidad solidaria de cedente y cesionario. SENTENCIA SUBROGACIÓN ESABE Y VINSA




En su sentencia en el asunto C-60/17, Somoza Hermo e Ilunion Seguridad (ES), el Tribunal de Justicia ha declarado que la Directiva se aplica a una situación como la planteada, en la que un arrendatario de servicios ha resuelto el contrato de prestación de servicios de vigilancia de instalaciones celebrado con una empresa y, a efectos de la ejecución de la prestación, ha celebrado un nuevo

contrato con otra empresa que se hace cargo, en virtud de un convenio colectivo, de una parte esencial, en términos de número y de competencias, del personal que la primera empresa destinaba a la ejecución de dicha prestación, siempre y cuando la operación vaya acompañada de la transmisión de una entidad económica entre las dos empresas afectadas.


El asunto hace referencia al vigilante de seguridad que trabajaba para Esabe Vigilancia en el servicio de vigilancia que dicha empresa tenía adjudicado en el Museo de las Peregrinaciones de Santiago de Compostela, dependiente de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia. Desde octubre de 2012 el servicio de vigilancia pasó a ser prestado por la empresa VINSA (Vigilancia Integrada S.A., actualmente Ilunión Seguridad), quien se subrogó a partir de esa fecha en las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo de los empleados de la anterior entidad adjudicataria del servicio. VINSA precisó que, de acuerdo con el convenio colectivo de las empresas de seguridad, las diferencias salariales y de prestaciones sociales complementarias concedidas por Esabe Vigilancia correspondientes a los años 2010 a 2012 y pendientes de cobro debían ser abonadas por esta última. El trabajador en cuestión presentó una demanda contra ambas empresas con el fin de obtener el pago de las cantidades reclamadas. Su demanda fue estimada parcialmente en primera instancia, habiendo sido condenadas ambas empresas al pago solidario de las deudas laborales no prescritas. VINSA recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, alegando que la disposición aplicable en este caso no es el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (que trata del cambio de titularidad de la empresa), sino el artículo 14 del Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad, que obliga a la empresa adjudicataria a subrogarse en los derechos y obligaciones de la empresa cedente derivados de los contratos de trabajo. Alega que dicha subrogación únicamente la obliga a asumir las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo a partir de la fecha de la adjudicación, eximiéndola de responsabilidad respecto a obligaciones anteriores a la subrogación.


El Tribunal Superior de Justicia de Galicia señala que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la protección acordada a los trabajadores en virtud del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores solamente es aplicable en caso de cesión de activos patrimoniales o una sucesión de plantillas en los sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra.






En el resto de los casos la subrogación tiene lugar en virtud del convenio colectivo aplicable al sector de que se trate. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia preguntó al Tribunal de Justicia, en primer lugar, si la Directiva relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad se aplica a este caso y, en segundo lugar, si la Directiva se opone a que, en virtud de un convenio colectivo, se exima al cedente y al cesionario de responder solidariamente de las obligaciones, incluidas las retributivas, derivadas de los contratos de trabajo anteriores a la cesión de la entidad económica.


Sobre este punto, el Tribunal de Justicia recuerda que la inexistencia de vínculo contractual entre las dos empresas a las que se ha confiado sucesivamente la vigilancia de las instalaciones resulta irrelevante para determinar si la Directiva es aplicable a una situación como la planteada. Por otra parte, en cuanto al requisito de aplicación que exige el mantenimiento de la identidad de la entidad económica, el Tribunal de Justicia destaca que la importancia respectiva que debe atribuirse a los distintos criterios que determinan la existencia de una transmisión en el sentido de la Directiva varía necesariamente en función de la actividad ejercida. Así, en la medida en que, en determinados sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común puede constituir una entidad económica, ha de admitirse que dicha entidad puede mantener su identidad aun después de su transmisión cuando el nuevo empresario no se limita a continuar con la actividad de que se trata, sino que además se hace cargo de una parte esencial, en términos de número y de competencias, del personal que su antecesor destinaba especialmente a dicha tarea.


En este supuesto, el nuevo empresario adquiere en efecto el conjunto organizado de elementos que le permitirá continuar las actividades o algunas actividades de la empresa cedente de forma estable. De este modo, una actividad de vigilancia de un museo, que no exige el uso de materiales específicos, puede considerarse una actividad que descansa fundamentalmente en la mano de obra y, por consiguiente, un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común de vigilancia puede, a falta de otros factores de producción, constituir una entidad económica. No obstante, en este supuesto es preciso además que dicha entidad mantenga su identidad aun después de la operación de que se trate. En este caso, para desempeñar las actividades de vigilancia del Museo de las Peregrinaciones de Santiago de Compostela, antes confiadas a Esabe Vigilancia, VINSA se hizo cargo de los trabajadores que esta última destinaba a esas actividades. El Tribunal de Justicia indica que la identidad de una entidad económica como la examinada, que descansa fundamentalmente en la mano de obra, puede mantenerse si el supuesto cesionario se ha hecho cargo de una parte esencial del personal de esa entidad. Al respecto añade que la circunstancia, señalada por el Gobierno español, de que VINSA se viera obligada a hacerse cargo del personal de Esabe Vigilancia en virtud de un convenio colectivo, no afecta, en cualquier caso, al hecho de que la transmisión se refiere a una entidad económica.


En cambio, considera que no es competente para responder a la segunda cuestión judicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En efecto, como subrayó el Gobierno español, esta cuestión prejudicial versa en realidad sobre el examen de la conformidad de una disposición de un convenio colectivo con una disposición legislativa nacional. Este examen, que implica valorar cuestiones de jerarquía de las normas en el Derecho interno, no es competencia del Tribunal de Justicia.





DESCARGA LA APP EN GOOGLE PLAY

miércoles, 11 de julio de 2018

El Juzgado de lo Penal número 4 de Oviedo (Asturias) concede a un vigilante la consideración de agente de la autoridad

El Juzgado de lo Penal número 4 de Oviedo (Asturias), emitió el pasado día 30 de mayo de 2018 una sentencia condenando a un hombre como autor de un delito de atentado por la agresión a un vigilante de seguridad, a la pena de nueve meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y por un delito leve de lesiones, a la pena de dos meses multa, con una cuota diaria de ocho euros, así como el pago de las costas del proceso.

Los hechos se produjeron el día 20 de mayo de 2018, durante la celebración del encuentro de fútbol profesional que disputaban el Real Oviedo y el Real Valladolid, cuando un vigilante de seguridad que prestaba sus servicios como tal bajo la dirección y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, solicitó a una persona que dejara libre de paso la zona de salida de emergencias. Este individuo se negó, insultando y agrediendo al vigilante de seguridad. Se instruyeron diligencias policiales que fueron remitidas a la autoridad judicial.

Durante la celebración del juicio se desvirtuó la defensa del ahora condenado porque se aportaron las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del estadio, quedando constatada la versión dada por el vigilante de seguridad sobre los hechos acaecidos.

Se trata de otra sentencia que se dicta en España en la que se concede a los Vigilantes de Seguridad la protección jurídica de agente de la autoridad. Este tipo de sentencias sirven de reconocimiento para el sector de la seguridad privada, concretamente para los vigilantes de seguridad, por la importante labor que desempeñan en colaboración con la seguridad pública.

El Código Penal tipifica el delito de atentado diciendo que son autores del mismo los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas, y específicamente al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.





DESCARGA LA APP EN GOOGLE PLAY

martes, 5 de junio de 2018

IMPORTANTE SENTENCIA: DESPIDO IMPROCEDENTE DE UN VIGILANTE DE SECURITAS (RONDAS). EL TIEMPO DE PATRULLA ENTRE RONDA Y RONDA PUEDE SER UTILIZADO POR EL TRABAJADOR CON PLENA DISPOSICIÓN



Un vigilante de seguridad de SECURITAS, con contrato indefinido a tiempo parcial (80 horas/mes), y que desarrollaba su trabajo en Guadalajara en un servicio de RONDAS, al que le fue entregada carta de despido disciplinario basado en la comisión de infracción muy grave conforme a los artículos 54.2 b ) y d) del Estatuto de los Trabajadores y 54.8 ; 55.4 , 55.12 y 55.13 del Convenio Colectivo estatal para empresas de seguridad.
Los motivos son los siguientes:





El trabajador realizaba servicio de patrulla con un vehículo de la empresa asignado a tal efecto, con puntos de fichaje por las distintas naves del cliente ID XXXX, ( una nave en Alovera y 5 en Cabanillas del Campo) dónde se deben realizar tres rondas entre el horario 22 a 6 horas y 4 rondas en horario de 7,00 a 19,00 horas y otras 4 en horario de 19,00 a 7 horas, los fines de semana.
El sábado día 12 de noviembre de 2016, estaba de servicio en el primer turno (de 7 a 19 horas). Sobre 10:30 horas de esa mañana, el vehículo de la empresa asignado a la realización del servicio de patrulla, se encontraba estacionado en la puerta del edificio de Correos de la localidad de Torrejón del Rey, localidad ésta ajena a la prestación del servicio, encontrándose a los mandos del vehículo su mujer, también empleada de la empresa.
Sentencia
El inspector de servicios procedió a contactar telefónicamente con el trabajador preguntándole cuál era su situación, a lo que éste respondió que “se encontraba en el polígono de Cabanillas”, a lo que se contestó por el citado inspector de servicios que se desplazase al ID Alovera, ya que se había detectado un salto de alarma. Transcurridos 15 minutos, el inspector volvió a contactar con el trabajador, preguntándole por qué no se ha dirigido al servicio de ID Alovera, tal y como se le había indicado, respondiendo el vigilante “que se le había parado el coche, y no lo podía arrancar”. El inspector le preguntó que si estaba seguro de lo que le estaba respondiendo, instándole a que le indicara donde estaba realmente el coche, a lo que el trabajador contestó: “es verdad, el coche está en mi casa”.
El trabajador realizó las cuatro rondas del servicio entre las 7 y las 19 horas del sábado 12 de noviembre de 2016.
En esta sentencia recurrida que declaraba la improcedencia del despido y obligaba a la empresa a indemnización o readmisión, para el juez queda de nuevo claro y dicta esta sentencia en los mismos términos finales que en la anterior:
“Pues bien, pasando de lo general a lo particular del caso, y aunque alguna de las conductas del demandante pudieran ser merecedoras de un cierto reproche, lo cierto es que no alcanzan, las que así pudieran ser tomadas en consideración, la gravedad que, en el adecuado ejercicio de una respuesta proporcionada, y acogida al principio de legalidad, pudiera justificar la imposición de la máxima sanción laboral. Y así, como se destaca en la Sentencia de instancia, el trabajo que se prestaba por el demandante no estaba sujeto a una rigidez de horario, sino tan solo al cumplimiento de determinadas rondas por jornada de trabajo, lo que le permite que el tiempo no empleado en las mismas, pueda ser utilizado por el trabajador con plena disposición del mismo, al no ser propiamente jornada de trabajo esos intervalos entre ronda y ronda. Sin que conste que exista instrucción patronal al efecto sobre dichos intervalos, aunque sin duda, parece razonable que deba de estar en disposición de poder atender cualquier emergencia que pudiera presentarse. Sin que tampoco conste indicación patronal sobre el uso del vehículo durante dichos espacios de tiempo, más allá de la cierta prudencia en su empleo y su no utilización abusiva. En resumen, que como se indica en la Sentencia objeto del presente recurso, la conducta imputable descrita en el hecho sexto de la misma, no encajaría dentro del artículo 55 del Convenio Colectivo , que desgrana por su especial gravedad las que podrían dar lugar a la imposición de la sanción máxima de despido, siendo acertada la consideración de un posible abandono de servicio por breve tiempo, sin justificación, que se menciona en el artículo 53,2 del indicado pacto colectivo, que lo hace con el alcance de falta leve que no permite la respuesta sancionadora adoptada, en cuanto que no consta perjuicio concreto alguno, ni a la empresa, ni a la cliente, ni tampoco a los compañeros de trabajo. Y teniendo la misma consideración la omisión de fichar (artículo 53,5 del Convenio), que tampoco posibilita la decisión extintiva decidida por la empleadora.”
La sentencia, en segunda instancia, es susceptible de recurso por la empresa.


APP OFICIAL SEGURIDAD Y EMPLEOGifs ANimados Flechas (31)







domingo, 20 de mayo de 2018

(VER SENTENCIA) Condenada una empresa a abonar los gastos bancarios generados a los trabajadores por el cobro impuntual del salario

Condenada una empresa a abonar los gastos bancarios generados a los trabajadores por el cobro impuntual del salario


CONFLICTO COLECTIVO. SALARIOS. Derecho a la percepción puntual de la remuneración. Derecho de los trabajadores a cobrar el salario de forma puntual y para el caso en que la empresa lo abone fuera de plazo, se condena a la misma a hacerse cargo de los gastos que se les genere en el pago de sus recibos bancarios, incrementado en el interés legal. Encaja en la modalidad de conflicto colectivo, pese a ser solo tres los trabajadores que reclaman, pues se pretende una declaración general que afecta a la totalidad de los asalariados; no es una pretensión plural, sino un auténtico conflicto colectivo.


El TSJ Canarias estima parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por el sindicato contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 5 de Santa Cruz de Tenerife en proceso sobre conflicto colectivo, declarando el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto a cobrar el salario de forma puntual conforme lo dispuesto en el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad.
TEXTO

Sección: MAG
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO SOCIAL
Plaza San Francisco nº 15
Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 479 373
Fax.: 922 479 421
Email: socialtsjtf@justiciaencanarias.org
Rollo: Recursos de Suplicación
Nº Rollo: 0000470/2017
NIG: 3803844420160006141
Materia: Otros derechos laborales colectivos
Resolución:Sentencia 001131/2017
Proc. origen: Conflicto colectivo Nº proc. origen: 0000852/2016-00
Órgano origen: Juzgado de lo Social Nº 5 de Santa Cruz de Tenerife
Intervención: Interviniente: Abogado:
Recurrente UNIÓN SINDICAL OBRERA RAQUEL PLASENCIA MENDOZA
Recurrente CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS NANCY DORTA GONZALEZ
Recurrido SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA S.A. AGUSTIN O ARNAY QUEVEDO
En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de diciembre de 2017.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS en Santa Cruz de Tenerife formada por los Iltmos. Sres. Magistrados D./Dña. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ PARODI PASCUA, D./Dña. EDUARDO JESÚS RAMOS REAL y D./Dña. CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ CASTRO, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el Recurso de Suplicación núm. 0000470/2017, interpuesto por D./Dña. UNIÓN SINDICAL OBRERA y CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS, frente a Sentencia 000479/2016 del Juzgado de lo Social Nº 5 de Santa Cruz de Tenerife los Autos Nº 0000852/2016-00 en reclamación de Otros derechos laborales colectivos siendo Ponente el ILTMO./A. SR./A. D./Dña. CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ CASTRO.


ANTECEDENTES DE HECHO





PRIMERO.- Según consta en Autos, se presentó demanda por D./Dña. UNIÓN SINDICAL OBRERA y CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS, en reclamación de conflicto colectivo siendo demandado/a D./Dña. SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA S.A. y celebrado juicio y dictada Sentencia desestimatoria, el día 23/12/2016 , por el Juzgado de referencia.





SEGUNDO.- En la citada Sentencia y como hechos probados, se declaran los siguientes: PRIMERO.- El Convenio Colectivo de aplicación es el Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad. (Hecho conforme)





SEGUNDO.- El artículo 64 del convenio colectivo de aplicación establece que: "El pago del salario se efectuará por meses vencidos en los tres primeros días hábiles y dentro, en todo caso, de los cinco primeros días naturales de cada mes. No obstante, los complementos variables establecidos en el convenio colectivo se abonarán en la nómina del mes siguiente al que se haya devengado".





TERCERO.- Constan en autos cinco denuncias ante la Inspección de Trabajo presentadas por trabajadores de la empresa demandada, en las que se hace referencia al retraso en el abono de salarios. (documentos 1 a 10 de la parte actora)





CUARTO.- El 23 de junio de 2014 se levanta acta de infracción por parte de la Inspección de Trabajo, en la que se propone la imposición a la empresa demandada de una sanción por importe de 25000 euros, por retrasos en el abono de salarios. En la citada acta se hace constar lo siguiente: "procede considerar en este sentido el número de empleados que integran la plantilla que a fecha de 30 de mayo de 2014 es de 617 trabajadores. El incumplimiento por el que se procede a levantar la siguiente acta de infracción se reconoce por el propio administrador único de la empresa. Para fundamental la aplicación de la agravante se hace constar que en el CIEMI Valle Tabares, que prestan servicios 73 trabajadores, todos cobran con retraso (.)". (folios 12 y 13 de la prueba de la parte actora)





QUINTO.- El 20 de septiembre de 2015 se emite nueva acta de infracción por la Inspección de Trabajo en el mismo sentido que la anterior pero respecto del centro de trabajo del polígono Industrial El Mayorazgo.





SEXTO.- Constan en autos documentos bancarios con la fecha de las transferencias del abono de salario a los trabajadores de la empresa demandada, de los que se pone de manifiesto el abono de los mismos con posterioridad al día 3 de cada mes. (documentos 23 a 99 de la parte actora)




SÉPTIMO.- Se celebro el día 28 de junio de 2016 el preceptivo acto de conciliación ante el Tribunal Laboral Canario resultando SIN AVENENCIA.TERCERO.- El Fallo de la Sentencia de instancia literalmente dice: Que, apreciando la excepción procesal de falta de acción, DEBO DESESTIMAR y DESESTIMO la demanda formulada por UNIÓN SINDICAL OBRERA y CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS frente a SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA S.A. Y, en consecuencia, se absuelve a la parte demandada de todos los pedimentos deducidos en su contra.CUARTO.- Que contra dicha Sentencia, se interpuso Recurso de Suplicación por la parte D./Dña. UNIÓN SINDICAL OBRERA y CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS, y recibidos los Autos por esta Sala, se formó el oportuno rollo y pase al Ponente. Señalándose para votación y fallo el día 16/11/2017.

FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO.- La parte demandante, CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSI-F), articula el recurso solicitando, se dicte sentencia revocando la de instancia y estimando la demanda, al amparo del apartado C del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011). Considera infringidos los siguientes preceptos ; 64 del Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada y artículo 29.3 del ETT.
UNIÓN SINDICAL OBRERA DE CANARIAS, articula el recurso solicitando, se dicte sentencia revocando la de instancia y estimando la demanda, al amparo del apartado C del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011). Considera infringidos los siguientes preceptos ; 64 del Convenio Colectivo estatal de Seguridad Privada y 153 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) .

SEGUNDO.- La demanda de conflicto colectivo interpuesta por los recurrentes suplicaba se dicte sentencia que reconozca el derecho de los trabajadores a percibir su salario de forma puntual, dentro de los tres primeros días de cada mes, en la forma que determina el artículo 64 del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad y,
para el caso de que la empresa persista en el incumplimiento de pago puntual de salario, se condene a la misma a abonar a los actores todos y cada uno de los gastos que se les genere en el pago de sus recibos bancarios, como consecuencia de dicho retraso, incrementado en un 10%.
La ley reguladora de la jurisdicción social (LA LEY 19110/2011) regula el ámbito de aplicación del procedimiento de conflicto colectivo en el artículo 153 que refiere:
1. Se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artículo 40, el apartado 2 del artículo 41, y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores , o de una práctica de empresa y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como la impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163 de esta Ley . Las decisiones empresariales de despidos colectivos se tramitarán de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de esta Ley .
El artículo 64 del convenio colectivo estatal de seguridad privada refiere: Las retribuciones del personal comprendido en el ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo estarán constituidas por el salario base y los complementos del mismo y corresponde a la jornada normal a que se refiere el Artículo 41 del presente Convenio. El pago del salario se efectuará por meses vencidos en los tres primeros días hábiles y dentro, en todo caso, de los cinco primeros días naturales de cada mes. No obstante, los complementos variables establecidos en el Convenio Colectivo se abonarán en la nómina del mes siguiente al que se haya devengado, y su promedio en vacaciones se abonará en la nómina del mes siguiente al que se disfruten.
La diferencia entre un conflicto colectivo y una pretensión plural viene marcada por lo siguiente:
a) En el conflicto colectivo los trabajadores son considerados como grupo con independencia de los intereses particulares de cada uno de los miembros que lo componen ( TCo 92/1988 ; AN 28-9-90 (LA LEY 1710-JF/0000); TS unif doctrina 3-1-94).
b) En cualquier conflicto plural, la parte trabajadora se presenta como una mera concurrencia de trabajadores identificados en su origen como individuos singulares en los que se dan las mismas circunstancias o se defienden análogas pretensiones (TS 27-2-80).
Debe diferenciarse entre la pretensión propia del conflicto colectivo y aquélla que, aun siendo individual en su ejercicio, tiene naturaleza plural. Para ello, no basta considerar, exclusivamente, al carácter general o individual del derecho ejercitado en la pretensión, sino que es preciso tener también en cuenta el modo de hacerlo valer (TS 28-9-15). Es decir, si se trata de una pretensión genérica para todo el grupo determinado que se formula por los representantes de los trabajadores, por la empresa o por asociaciones empresariales, y que debe plantearse en el proceso colectivo o si, por el contrario, se formulan peticiones que afectan a trabajadores individualizados.
En los conflictos colectivos, aunque los intereses en juego sean finalmente individualizables, el objeto del conflicto debe ser una pretensión declarativa , acorde con el carácter general de la controversia, y sólo de manera excepcional una pretensión de condena (TS 21-11-01; 6-6-01; 28-6-06; 25-1-07; TCo 178/1996 ) mientras que en el conflicto individual o en el plural, la pretensión debe apuntar a un pronunciamiento concreto de condena o de reconocimiento singular de cada una de las relaciones jurídicas (TS 26-5-92; 18-11-92; TSJ Extremadura 3-4-97). Por lo tanto, las pretensiones que exceden de la declaración del alcance de un precepto deben encauzarse por la vía del proceso ordinario, y no por la del conflicto colectivo ( TCo 92/1988 ).
Como consecuencia de todo lo anterior, difieren los procedimientos a seguir para la resolución de uno u otro tipo de conflicto, debiéndose utilizar el proceso ordinario para los conflictos supraindividuales ( LRJS art.191.3.b (LA LEY 19110/2011) , si concurre afectación general) y la modalidad procesal prevista específicamente para la tramitación de los conflictos colectivos para estos supuestos ( LRJS art.153 s (LA LEY 19110/2011).) (TS unif doctrina 18-6-92; 21-1-95; TS 29-3-95).
En el caso de autos, lo que se produce por la empresa es un retraso en el cumplimiento de su obligación de pagar los salarios; la empresa no niega el derecho de sus trabajadores a cobrar conforme el artículo 64 del CC (LA LEY 1/1889) , sino que (por las razones que fueran), no efectúa el pago en plazo.
Estamos ante un interés legítimo de un colectivo de percibir su salario en plazo, y sobre esta cuestión ya se manifestó el Tribunal Supremo en sentencia de 21 de febrero de 1994, recurso 3791/1992 (LA LEY 14646/1994) , en el que manifiesta Es claro que en este proceso de conflicto colectivo puede debatirse la controversia referente a la existencia o no de un retraso culpable en el pago de los incrementos salariales debidos, que obligue al deudor a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados mediante el interés moratorio fijado en el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores .
Ya en esa sentencia viene a dejar claro que la modalidad de conflicto colectivo es adecuada para la controversia sustancialmente igual debatida en autos. Lo que se pretende en autos es una declaración general que afecta a todos los trabajadores, pues todos sufren un retraso en el abono de sus salarios y no una pretensión de condena individual, pues para ello debería individualizarse el retraso en cada trabajador y los gastos que a cada uno se le ha generado. No estamos, en consecuencia, ante una pretensión plural sino ante una auténtico conflicto colectivo en que se pretende una declaración que afecta a todos los trabajadores. Es la incorrecta aplicación del artículo 64 del CC (LA LEY 1/1889) por la empresa la que genera el conflicto que debe ser examinado.
Discrepa, por tanto, esta Sala, con la Juez de instancia en que exista una falta de acción, pues existe un interés digno de protección, como así reconoció en aquélla sentencia el Tribunal Supremo.

TERCERO.- En consecuencia con lo expuesto anteriormente, la demanda en su primera pretensión debe ser estimada. De conformidad con el artículo 64 del Convenio Colectivo de aplicación, los actores deben recibir el pago de sus salarios en el plazo que fija, como así reconoce el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores ; 1. La liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. El período de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes.
La empresa reconoce una práctica contraria al convenio y al Estatuto de los Trabajadores, esto es, el abono impuntual del salario, lo que va en contra de una de sus principales obligaciones.

CUARTO.- Correlativamente con lo anterior, si la empresa tiene obligación de satisfacer en el plazo previsto en el convenio colectivo el salario, su incumplimiento puede generar en los trabajadores unos gastos (bancarios; de hipoteca, intereses por descubierto, etc), consecuencia directa de su incumplimiento y de los que debe responder.
Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.
El empresario que no abona el salario en plazo incurre en mora y debe responder de la indemnización de daños y perjuicios causados por la misma.
El abono, por tanto, de los gastos que se generen a los trabajadores, consecuencia, del retraso en el abono del salario, debe asumirlo el empresario. Ahora bien, esos gastos no tienen la condición de salario en los términos del artículo 29.3 del ETT (3. El interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado), con lo que no le puede ser de aplicación el 10% de mora que fija ese artículo.
La consecuencia, no puede ser la pretendida, los gastos que se generen para los trabajadores por el retraso en el abono del salario, no son salario, sino daños y perjuicios, que debe ser indemnizados; y a falta de pacto sobre que interés aplicar a tal indemnización, se deben aplicar los intereses legales, conforme establece el 1108 del Código Civil (Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal).

QUINTO.- En el recurso, Unión Sindical Obrera de Canarias, sostiene que la sentencia es susceptible de ejecución.
De ser estimatoria de una pretensión de condena susceptible de ejecución individual, la sentencia dictada en un conflicto colectivo, debe contener, en su caso, la concreción de los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por la condena y especificar la repercusión directa sobre los mismos del pronunciamiento dictado. Asimismo debe contener, en su caso, la declaración de que la condena ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente.
Dice la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, artículo 160.3 (LA LEY 19110/2011) . De ser estimatoria de una pretensión de condena susceptible de ejecución individual, deberá contener, en su caso, la concreción de los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por la condena y especificar la repercusión directa sobre los mismos del pronunciamiento dictado. Asimismo deberá contener, en su caso, la declaración de que la condena ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente.
Esta Sala difiere de la consideración del recurrente. La sentencia no es susceptible de ejecución individual, sin perjuicio de hacerla valer en las reclamaciones individuales o colectivas de cantidad. No puede pronunciarse esta sentencia sobre qué gastos son los que debe abonar a cada trabajador la empresa. Deberá analizarse trabajador por trabajador qué gastos se le han generado consecuencia el abono impuntual del salario por su empresario y a la vista de esta sentencia, aplicarse el interés legal para su condena. Sin embargo, no constan en los hechos probados datos que permitan a esta Sala fijar los criterios para determinar que gastos son los que deben ser considerados consecuencia del impago del salario y deban ser abonados por el empresario.

SEXTO.- En atención a lo expuesto, debe estimarse parcialmente los recursos y declarar el derecho de los trabajadores afectos por este conflicto a cobrar el salario de forma puntual conforme el artículo 64 del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad, y para el caso de que la empresa abone de forma impuntual el salario, se condena a la misma a abonar a los trabajadores todos los gastos que se les genere en el pago de sus recibos bancarios, consecuencia de tal impago puntual, incrementado en el interés legal del dinero.

SÉPTIMO.- En aplicación de lo dispuesto en los artículos 204 (LA LEY 19110/2011) y 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) , no procede hacer los pronunciamientos pertinentes respecto del depósito efectuado para recurrir y de las costas causadas en el presente recurso.

FALLAMOS

Estimamos parcialmente los recursos de suplicación interpuestos por D./Dña. UNIÓN SINDICAL OBRERA y CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS, contra Sentencia 000479/2016 de 23 de diciembre de 2016 dictada por el Juzgado de lo Social Nº 5 de Santa Cruz de Tenerife en los autos de 0000852/2016-00, sobre Otros derechos laborales colectivos, con revocación de la misma y declaramos el derecho de los trabajadores afectos por este conflicto a cobrar el salario de forma puntual conforme el artículo 64 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad , y para el caso de que la empresa abone de forma impuntual el salario, se condena a la misma a abonar a los trabajadores todos los gastos que se les genere en el pago de sus recibos bancarios, consecuencia de tal impago puntual, incrementado en el interés legal del dinero.
Devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social Nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, con testimonio de la presente una vez notificada y firme a las partes.
ADVERTENCIAS LEGALES
Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para Unificación de doctrina, que se preparará por las partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011 (LA LEY 19110/2011) de 11 de Octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social .
Para su admisión será indispensable que todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, y no goce del beneficio de justicia gratuita efectúe, dentro del plazo de preparación del recurso, el depósito de 600 € previsto en el artículo 229, con las excepciones previstas en el párrafo 4º, así como así como el importe de la condena, dentro del mismo plazo, según lo previsto en el artículo 230, presentando los correspondientes resguardos acreditativos de haberse ingresado en el BANCO DE SANTANDER c/c Tenerife nº 3777/0000/66/ el nº de expediente compuesto por cuatro dígitos, y los dos últimos dígitos del año al que corresponde el expediente pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, y que habrá de aportarse en el mismo plazo. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274
Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta de la Sala y en Observaciones o Concepto de la Transferencia los 16 dígitos que corresponden al procedimiento.
Notifíquese la Sentencia a la Fiscalía de este Tribunal y líbrese testimonio para su unión al rollo de su razón, incorporándose original al Libro de Sentencias.
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


APP OFICIAL SEGURIDAD Y EMPLEOGifs ANimados Flechas (31)