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miércoles, 17 de octubre de 2018

Los empleados de la estación dan su apoyo a los vigilantes de Renfe en una emotiva carta

Los empleados de la estación de Atocha donde se dio el incidente de la supuesta "agresión" de los vigilantes de seguridad a una persona de raza negra en un tren dirección Atocha, han realuzado un escrito de apoyo a los vigilantes de seguridad recordsndo todo lo que hacen por la seguridad y recordando la intervención de los vigilantes en los atentados del 11 M







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lunes, 15 de octubre de 2018

LAS HABILITACIONES EN SEGURIDAD PRIVADA UN 8,8% Y LLEGAN HASTA LAS 352.708 HABILITACIONES


Las habilitaciones para ejercer funciones de seguridad privada crecieron el pasado año un 8,8% hasta alcanzar las 352.708, según los datos del Ministerio del Interior. A este incremento contribuyeron las 12.909 nuevas autorizaciones concedidas en ese periodo, un 12,8% más que las 8.497 otorgadas en el ejercicio anterior.





Por tipo de actividad, el mayor repunte se produjo en los jefes de seguridad, cuyas habilitaciones aumentaron un 20,45%, de las 9.559 registradas en 2016 a las 11.514 otorgadas para desempeñar estas funciones al cierre de 2017.


El segundo mayor repunte se encuentra entre los directores de seguridad, con un 13,5% más de habilitaciones y 17.724 en total, frente a las 15.611 de un año antes.


Con todo, el mayor número de permisos expedidos por el Ministerio son para labores de vigilante de seguridad, con 248.820, lo que supone un 2,48% más que los 242.777 computados al término de 2016.


Por su parte, los detectives privados habilitados fueron 4.402 en 2017, un 7,68% más que en el ejercicio anterior. El número de habilitaciones para vigilantes de explosivos también subió, en este caso un 4,71%, de 26.224 a 27.461.








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El gobierno de Canarias sacara un decreto que obligará a tener como mínimo, «un vigilante de seguridad privada» en los prostíbulos durante todo el horario de funcionamiento



La aprobación en el próximo pleno de las nuevas normas urbanísticas que regulan las
actividades de naturaleza sexual como un uso comercial pueden conllevar, en su aplicación práctica, la condena de una veintena de prostíbulos que se apilan entre Molino de Viento y Ángel Guimerá sin más solución para sus trabajadoras que la clausura urbanística.

Los condicionantes urbanísticos que impone el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en cuanto a distancias impediría que siguieran operando estas casas. De acuerdo a la normativa que impondrá el Plan General de Ordenación, los prostíbulos deberán estar ubicados a más de 150 metros entre sí; y, además, «no podrán ubicarse a menos de trescientos metros de centros docentes o centros de menores», como señala el texto de modificación de las normas urbanísticas que se someterá a votación en el próximo pleno de final de mes.




En este caso, la presencia de tres colegios en la zona (el Nanda Cambres, el Aguadulce y el María Auxiliadora) impediría que se pudiera desarrollar esta actividad.

Pero además, para reconocerles la condición de uso autorizable, el Ayuntamiento les exige la elaboración de un estudio previo de incidencia ambiental.

Hasta ahora, el grupo de gobierno, a través del concejal de Urbanismo, Javier Doreste, ha dicho que en la práctica no se dispone de personal de inspección suficiente en las oficinas municipales. Así, aparte de condenar el hecho de que la normativa «sancione el tráfico de carne humana al dictaminar la actividad de naturaleza sexual como comercial», justifica los nuevos condicionantes por el hecho de que así lo exige el decreto 86/2013, el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos del Gobierno de Canarias.

Precisamente esta aproximación urbanística-comercial que se hace del asunto de la prostitución es la que critica la mesa de trabajo por la convivencia con la prostitución en Arenales, que nació hace ahora dos años como un proceso comunitario que trata de mejorar la convivencia. Esta semana, el colectivo aseguró que es «grave que la realidad de prostitución y trata de seres humanos se aborde desde la lógica urbanística, ambiental y se de seguridad». En su opinión, «dejar fuera toda la problemática social de desigualdad y de explotación de las mujeres, invisibiliza este complejo fenómeno que requiere de acciones integrales enmarcadas en un enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género».

Dudas


El edil de Urbanismo también mantiene dudas sobre el efecto que tendrá la nueva norma del Plan General de Ordenación sobre la realidad preexistente en el barrio de Arenales.

Sin embargo, desde el PP se entiende que «una vez que esta norma entre en vigor, todos los establecimientos de naturaleza sexual tendrán la obligación de solicitar la licencia de actividad y cumplir estas limitaciones que el tripartito (PSOE, Podemos y Nueva Canarias) ha decidido imponer». Su portavoz, Ángel Sabroso, asegura que el grupo de gobierno no se puede escudar en la falta de un cuerpo de inspectores porque en cuanto llegue una denuncia, el Consistorio lo primero que hará será revisar si la actividad tiene el uso autorizado. Y si no dispone de ello, la respuesta municipal será el precinto.

Este panorama es el que prevé también la presidenta de la asociación de mujeres prostitutas y maltratadas, Juana María Ortega, cuando señala que el cierre de los prostíbulos al que aboca la nueva normativa provocará una vuelta a la prostitución callejera, con el agravante de inseguridad que esto supone para las profesionales del sexo. «Van a empeorar las cosas», dijo a CANARIAS7 tras ser preguntada por este asunto, «van a volver los tiempos de Guanarteme o del Muelle Grande». De acuerdo con sus cálculos, en torno a un centenar de mujeres se verán afectadas por los nuevos requerimientos que impondrá el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a los prostíbulos de la ciudad, pero en especial a los de Arenales.
Seguridad privada


Pero los cambios que experimentarán las actividades de naturaleza sexual no vienen dados únicamente por las condiciones que impone el Ayuntamiento en base a experiencias como las de Barcelona o Bilbao. El decreto del Gobierno de Canarias del que emanan los cambios en las normas del Plan General de Ordenación también impone algunas novedades, como la exigencia de que los prostíbulos tengan seguridad privada. Así se exige la presencia, como mínimo, de «un vigilante de seguridad privada» durante todo el horario de funcionamiento.

Además, «en estos locales se debe garantizar a todas las personas usuarias, la obtención de preservativos, debidamente homologados y con fecha de caducidad vigente, que se pueden entregar personalmente o mediante máquinas expendedoras». Así se recoge en el artículo 23.5 del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, que además impone la obligación de fijar, «en un lugar perfectamente visible para las personas usuarias, un rótulo advirtiendo que el uso del preservativo es la medida más eficaz para prevenir las enfermedades de transmisión sexual».

Entre otros aspectos, el Gobierno de Canarias también establece otros requisitos aplicables a los establecimientos en los que se ejercen actividades de naturaleza sexual, como son el hecho de que «el acceso a los locales debe hacerse directamente desde la vía pública» o que «los reservados deben tener una zona de vestuario y de descanso para las personas que ejercen las actividades de naturaleza sexual». Se prohíbe que estas zonas puedan ser utilizadas como lugar de pernoctación o viviendas de las personas que ejercen la prostitución.

Y tampoco se permite el acceso de menores a este tipo de locales, haciéndolo constar de manera visible con carteles en el exterior de las casas.

Las normas urbanísticas que impulsa el Ayuntamiento a fin de mes deberán pasar un trámite de exposición pública con el que se pretende compensar la falta de negociación con los agentes sociales.






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domingo, 14 de octubre de 2018

Se estanca la contratación de vigilantes de seguridad en extremadura por la ausencia de nuevas industrias


El sector de la seguridad privada cuenta con unos 1.400 profesionales en la actualidad en Extremadura, un número similar al registrado a principios de año, lo que demuestra el "estancamiento" de esta actividad por la falta de actividad pública y privada.

En declaraciones a Efe, el secretario de Organización de la Federación de Construcción

y Servicios Públicos de CCOO Extremadura, Antonio Pino, ha precisado que ya durante el año pasado no creció esta cifra en la región.

Según ha dicho, el hecho de que el sector privado no genere más puestos de trabajo se debe a la ausencia de nuevas industrias o de grandes proyectos en Extremadura, mientras que el público no incentiva contrataciones de calidad.

Salvo "ligeros repuntes" en los meses veraniegos por fiestas, conciertos u otros eventos, el sector vive "un estancamiento" debido a la poca actividad privada y pública que experimenta hoy la comunidad, ha manifestado.

Con la crisis, las administraciones públicas redujeron además la seguridad en diversos centros, una situación que en muchos casos "no se ha compensado aún" pese al actual escenario de recuperación.

El representante sindical ha subrayado que las administraciones "siguen empeñadas en abaratar el coste de la seguridad" cuando la nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas incide en la calidad como premisa para las adjudicaciones.

Estas mejoras, ha dicho, deben pasar porque el concurso público no se base únicamente en el precio, sino en criterios técnicos o en que las empresas tengan una sede estable en la comunidad, lo que reduciría "los problemas laborales que se encuentran hoy los trabajadores del sector".

Pino ha asegurado que a pesar de las peticiones realizadas a la Junta de Extremadura en este sentido, ésta ha hecho "caso omiso" a estas reivindicaciones "tan necesarias" para que los trabajadores puedan cobrar puntualmente y mantengan sus derechos laborales con garantías.
*info http://www.finanzas.com





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miércoles, 10 de octubre de 2018

20 LEGIONARIOS DEL CUARTEL DE RONDA FINALIZAN EL CERTIFICADO PROFESIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA



El curso, dirigido a los militares de tropa con compromiso temporal con las Fuerzas Armadas (FAS) cuya desvinculación está próxima, "tiene por objeto proporcionarles una formación que les facilite su incorporación al mercado laboral en el ámbito de la seguridad privada", han especificado. También contribuye a obtener una titulación que facilite su permanencia en el Ejército.




 Los participantes en el curso han sido 20 legionarios destinados en el Acuartelamiento Montejaque, con edades comprendidas entre los 31 y 43 años. La formación ha estado dirigida por un profesor principal y cinco docentes. 

El curso finalizado, que se inició el día 23 de marzo de 2018, ha constado de dos módulos formativos con un total de cinco unidades, dos módulos transversales y uno de prácticas.

 Durante el acto se entregarán los certificados individualizados del SEPE donde se acredita la superación y obtención de las capacidades necesarias para el desempeño de las funciones en el ámbito de la seguridad privada, y con los que podrán obtener la Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) para poder ejercer como vigilante de seguridad.







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viernes, 5 de octubre de 2018

(Ver video) Atropellan a un vigilante y lo arrastra un kilómetro Paseo Marítimo de Palma



Un hombre de 38 años ha ingresado hoy en prisión por atropellar a un vigilante de seguridad y arrastrarlo a lo largo de un kilómetro por el Paseo Marítimo de Palma. El sospechoso había sustraído un bolso en un bar de la zona y cuando la víctima lo reconoció se puso delante de su coche para que no huyera. El acusado arrancó el vehículo y se llevó por delante al vigilante, que acabó saliendo despedido y resultó herido. Está imputado por intento de homicidio.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en un pub irlandés del Marítimo. El acusado se llevó el bolso de otra clienta y los vigilantes, al revisar las cámaras de seguridad, lo identificaron. El ladrón ya se había marchado del lugar. Ahí quedó la cosa hasta las cuatro de la madrugada. El sospechoso apareció en el establecimiento al volante de un coche, que aparcó en doble fila delante del local.



Dos empleados del pub, que se encontraban en esos momentos en el exterior, lo reconocieron. Los trabajadores se dirigieron al vehículo para retener al conductor hasta la llegada de la Policía. Uno se puso frente al automóvil y el otro junto a la ventanilla del copiloto.

Al percatarse el conductor de las intenciones de los empleados, aceleró el vehículo obligando a unos de ellos a saltar sobre el capó del coche para evitar ser arrollado, huyendo del lugar dirección Andratx con el empleado agarrado al capó. Durante el trayecto, que duró aproximadamente un kilómetro, el detenido realizó constantes cambios de dirección a gran velocidad y varios frenazos bruscos con la intención de deshacerse del empleado.

Cuando el vehículo llegó a la rotonda ubicada frente a la calle Aigua Dolça, el conductor comenzó a hacer trompos con el coche hasta que la víctima salió despedida y se golpeó violentamente contra el suelo. Sufrió un traumatismo craneoencefálico leve y varios hematomas y erosiones. El conductor se dio a la fuga.



El grupo de Homicidios de la Policía Nacional inició una investigación para esclarecer lo sucedido. El sospechoso fue identificado y detenido ayer, acusado de intento de homicidio y hurto. El hombre ha sido puesto hoy a disposición del juzgado de guardia, que ha decretado su ingreso en prisión
mas info https://www.diariodemallorca.es/






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jueves, 4 de octubre de 2018

SAGITAL logra un importante crecimiento gracias a la adjudicación de varios contratos a nivel nacional de gran envergadura e importancia.

A través de su división de seguridad ha sido la adjudicataria de varios contratos en una decena de aeropuertos españoles ubicados principalmente en la cornisa cantábrica, Cataluña, Levante y Madrid (servicio Fast Track en Barajas Adolfo Suárez), así como la seguridad perimetral en varios establecimientos penitenciarios en la zona Noroeste del país.

Igualmente, la compañía ha resultado adjudicataria de la limpieza de la mayoría de tiendas que la cadena FNAC dispone a nivel nacional y sigue creciendo de la mano de sus clientes actuales, como Amazon.

Como consecuencia de dicho crecimiento la plantilla de Sagital se ha incrementado en más de 800 empleados, demostrando la fortaleza y capacidad para llevar a cabo proyectos de gran complejidad.

También se aprobó el Plan estratégico que permitirá mejorar tanto las capacidades internas como los servicios que presta a sus clientes, dentro de un política de Inversiones a largo plazo que asegurarán un futuro crecimiento sostenible.
*fuente https://www.gruposagital.com









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miércoles, 3 de octubre de 2018

El juzgado de Oviedo investigación la adjudicación de la empresa de seguridad en la confederación hidrográfica del Cantábrico

Un juzgado de Oviedo ha abierto una investigación sobre la adjudicación por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de los servicios de seguridad y vigilancia en dos de sus sedes en Oviedo y Siero, tras sendas denuncias de la Fiscalía y la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa). El juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía, tras adherirse a la formulada por la asociación Avispa.
El coordinador de Avispa, Jorge Fernández Cuesta, había trasladado a la Fiscalía su denuncia contra la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la mercantil Servicios Profesionales de Seguridad 2005., como adjudicataria del contrato de seguridad y vigilancia, y el delegado de ésta en Asturias, M.R.R. La oferta de la empresa denunciada había sido aceptada para asumir los servicios de vigilancia de las dependencias de la Confederación Hidrográfica del Norte en sus edificios de la Plaza de España, en Oviedo, y La Fresneda (Siero). Su propuesta había sido considerada como "la más ventajosa" para la Administración, pero la asociación Avispa ha denunciado que incumplía los requisitos de solvencia tanto económica y financiera como técnica y profesional. Fernández Cuesta sostiene en la denuncia, de la que ha dado trasladado a la Fiscalía, que el volumen de negocio de esta empresa es insuficiente para acreditar la solvencia económica y financiera, al no alcanzar los mínimos exigidos, por lo que entiende que se ha cometido una conducta "antijurídica". Esta adjudicación sería, a su juicio, nula de pleno derecho al no reunir el licitador las características exigidas en los pliegos de contratación y califica de "sorprendente y altamente sospechosa" la diferencia en cuanto al volumen de venta experimentado en el año 2016 (220.209 euros), con relación a 2014 (2.425 euros) y 2015 (3.652 euros). La mercantil tampoco tiene vigente la clasificación como empresa de servicios en el grupo M, subgrupo 2, categoría A, aportada por la empresa para justificar su solvencia técnica y su solvencia económica y financiera, según Avispa. A todas estas irregularidades, se suma, según la denuncia, que, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas y Empresas Clasificadas del Estado, la empresa SPS Seguridad 2005, S.A., mantiene la prohibición de contratar con el Servicio de Salud del Principado, el Ayuntamiento de Oviedo y sus organismos autónomos.



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sábado, 29 de septiembre de 2018

La comunidad de Madrid reconoce el trabajo de 11 vigilantes de seguridad por las actuaciones "ejemplares" que han protagonizado en el último año en la red de Metro.


Agencia EFE

Cuatro trabajadores de Metro, once vigilantes de seguridad y cinco usuarios del suburbano han recibido hoy el reconocimiento de la Comunidad de Madrid por las actuaciones "ejemplares" que han protagonizado en el último año en la red de Metro.

 Los homenajeados "han destacado por acciones que, en algunos casos, han supuesto que pusieran en
peligro su propia integridad física", ha afirmado la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo. Gonzalo ha señalado que "con este reconocimiento público se quiere resaltar los valores humanos, el compromiso y la profesionalidad de los trabajadores y usuarios de Metro, así como su solidaridad", según una nota de la Administración regional.

 Entre los reconocidos, se encuentra el supervisor comercial Víctor Hita, quien, con otros cinco viajeros que también han participado hoy en el homenaje, atendieron a una usuaria que acababa de sufrir un infarto en la estación de Lavapiés. Tanto el supervisor como los viajeros realizaron masajes cardíacos por turnos, consiguiendo que el Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (Samur) trasladara a la viajera estable al Hospital Clínico.


 También se han reconocido dos actuaciones diferentes, aunque similares en las que, gracias a la celeridad de dos maquinistas, Antonio Tabales y Raúl Iglesias, se impidió, en ambos casos, el arrollamiento de dos viajeras que habían caído a la vía. Además, se ha elogiado la "excelente" actuación de personal de Metro y de vigilancia en dos casos de violencia de género. Por un lado, un supervisor comercial, Adrián Pérez, y por otro, dos vigilantes de seguridad, Jesús García Bustillo y Carlos García Bustillo, impidieron que ambas situaciones tuviesen peores consecuencias. Otra vigilante que presta servicio en el suburbano, Nélida Sánchez, también ha sido reconocida por poner a disposición policial a un individuo que se encontraba acosando a una viajera. También se han reconocido las actuaciones de tres vigilantes, Consuelo Vaquero, Juan Agustín Romo y Juan Carlos Grande, que, comprometiendo su integridad física, evitaron ataques de grafiteros, y pusieron a disposición policial a varios de ellos. Además, se ha ensalzado la actuación de otros dos vigilantes, Matías Cahuchola y María del Carmen García, que actuaron ante un individuo huido de la policía que se encontraba en posesión de 2 kilogramos de cocaína. En otra intervención también se logró poner a disposición policial al autor de un hurto que se encontraba en posesión de un arma blanca de grandes dimensiones. También se han destacado las maniobras de reanimación cardiopulmonar que dos vigilantes de seguridad, Manuel Fernández y Juan Ramón Valiño, practicaron a un viajero que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, con las que consiguieron salvarle.


En el mismo acto, la Comunidad de Madrid y Metro han rendido homenaje a la trayectoria de veintiséis empleados que este año han cumplido 44 años desde que comenzaron a trabajar en el suburbano madrileño. Con este homenaje se les ha agradecido su compromiso y profesionalidad con la compañía a la que han dedicado su vida, contribuyendo durante todos estos años a que Metro de Madrid pudiera seguir creciendo y ofreciendo un servicio de calidad en los ámbitos en los que cada uno ha desarrollado su actividad.



info:https://www.metromadrid.es



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viernes, 28 de septiembre de 2018

MUERDEN A UN VIGILANTE DE SEGURIDAD EN UN CENTRO COMERCIAL DE BILBAO

Agentes de la Ertzaintza detuvieron ayer a un varón acusado de un delito de robo con violencia y lesiones después de que atacara al vigilante de seguridad de un centro comercial durante un robo. 


 La víctima sorprendió al presunto ladrón al activarse la alarma del local y al tratar de retenerlo recibió un mordisco en un dedo de la mano. El sospechoso consiguió huir pero poco después era localizado por una patrulla que procedió a su arresto.





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viernes, 21 de septiembre de 2018

Un vigilante de seguridad detiene a un individuo que estaba agrediendo a un enfermero que le reprendió por fumar




La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 45 años y sin antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de

atentado después de que, estando ingresado voluntariamente en un centro hospitalario de Las Palmas de Gran Canaria, intentara agredir a un enfermero que le pilló fumando por segunda vez y le comunicara que sería expulsado.

Según informa la Jefatura Superior de Policía, fue el personal sanitario el que llamó al 091 y comunicó que un paciente había tratado de agredir a un enfermero del centro.

Hasta el lugar se desplazaron varios agentes, que entrevistaron con el profesional, quien manifestó que había sorprendido fumando por segunda vez a un hombre que llevaba una semana ingresado de forma voluntaria, por lo que decidió comunicarle que iba a ser expulsado, momento en que el hombre se abalanzó sobre el profesional y trató de agredirle.

Por su parte, un vigilante de seguridad que se encontraba allí lo impidió y detuvo al hombre hasta la llegada de los funcionarios policiales, quienes tras comprobar los hechos procedieron a su detención como presunto autor de un delito de atentado.


EL FISCAL SOLICITA AL MIEMBRO DE LA MANADA ÁNGEL BOUZA QUE INDEMNICE AL VIGILANTE QUE GOLPEÓ CON SU COCHE CON 232 EUROS

Los cinco jóvenes que componen La Manada fueron condenados a nueve años de cárcel por abusar sexualmente de una mujer en los Sanfermines de 2016. Actualmente, se encuentran en libertad provisional a la espera de sentencia firme, a excepción de Ángel Boza, quien se encuentra en prisión provisional por estos hechos.


La Fiscalía de Sevilla ha solicitado para él cuatro años de prisión por delitos de robo con violencia e intimidación y delito leve de lesiones. El fiscal solicita la apertura de un juicio oral en un Juzgado de lo Penal y considera que Boza es “criminalmente responsable”. Del mismo modo, el juez Juan Gutiérrez entiende que existen “indicios racionales”.

Además, se le impondría una inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, una multa de 300 euros y una indemnización de 232 euros para uno de los vigilantes.

Según el relato, Boza acudió a El Corte Inglés de la Plaza del Duque de la Victoria de Sevilla en torno a las 19.15 horas del 1 de agosto. Allí “se apoderó, tras arrancar el dispositivo de seguridad que llevaban colocado, de un par de gafas de sol, cuyo precio de venta al público era de 148 euros” con la intención de llevárselas “sin abonar su importe”.

Tras dirigirse al parking y montarse en su coche, un vigilante de seguridad le dijo que se detuviera. Ante la situación, Boza aceleró “bruscamente” para huir con las gafas y golpeó al vigilante en la cadera. También golpeó en la mano a otro vigilante mientras se daba a la fuga. Posteriormente, fue la Policía Local de Sevilla quien se encargó de su detención.

domingo, 16 de septiembre de 2018

Los vigilantes de seguridad del centro de menores Ibaiondo de Zumarraga defienden su obligación de denunciar que los menores mantenían relaciones con los monitores





Los vigilantes de seguridad del centro de menores Ibaiondo de Zumarraga respondieron ayer al comunicado de los trabajadores del centro, que catalogaban de «calumnia y difamación» la denuncia cursada por un portavoz de los vigilantes, según la cual se habrían producido dos casos de relaciones íntimas entre educadoras y menores internos.

Oscar Bruña Ruiperez, «como portavoz elegido por 15 de los 16 vigilantes subrogados a la actual empresa de vigilancia», defiende en otro escrito difundido ayer que «han sido puestos en conocimiento de los juzgados competentes y la Fiscalía de menores hechos, acciones y omisiones frente a los cuales los vigilantes de seguridad, conforme a la legislación, estamos obligados a denunciar». Añade que «en ningún momento hemos pretendido ni deseado agredir, cuestionar o difamar el trabajo ni la buena labor del colectivo que integra el cuerpo educativo del centro». Además de las supuestas relaciones mantenidas entre educadoras e internos, de las que según Justicia no tenían conocimiento, la denuncia recoge un presunto «tráfico e introducción y hallazgo de sustancias estupefacientes» dentro de la instalación.





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Contestación a diputada de Podemos Natividad Arnaiz que aseguraba que los guardas rurales del Teide eran ilegales


El representante a nivel nacional de los guardas rurales de la asociación Marea Negra, el tinerfeño Víctor Fumero, manifestó que los guardas rurales están habilitados por el Ministerio del Interior y
la Dirección General de la Guardia Civil, en base a la Ley de Seguridad Privada 5/2014, para portar armas, defensas o grilletes durante su trabajo. De esa manera, Fumero responde a las críticas vertidas el pasado jueves por la diputada de Podemos Natividad Arnaiz en el Parlamento canario, donde señaló que en el Parque Nacional del Teide hay supuestos guardas rurales sin identificar, que van armados y que han puesto denuncias ilegalmente, puesto que no son agentes de la autoridad.

Víctor Fumero señala que en dicho espacio protegido trabajan actualmente doce guardas rurales contratados por la empresa pública Tragsa. Respecto a la foto divulgada por Podemos Canarias en Twitter de un guarda rural con grilletes, Fumero manifiesta que es una imagen puntual, ya que esos vigilantes van sin armas, defensas ni grilletes cuando trabajan en el Parque Nacional de Tenerife. Recuerda que, si la Guardia Civil hubiese visto en dichos guardas rurales alguna irregularidad, los hubiese denunciado. Señala que en la ley 5/2014, en su artículo 32, apartado D, se aclara que entre las funciones de los guardas rurales está "detener y poner a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad a los delincuentes y los instrumentos y pruebas y efectos de los delitos, así como denunciar a quienes cometan infracciones administrativas". Fumero dice que esa normativa también les faculta para llevar una escopeta y armas cortas de diverso calibre

sábado, 15 de septiembre de 2018

El RCD Espanyol nombra a un nuevo director de seguridad que sustituirá a Àlvar Mallafré




Antoni Guerra se incorpora como responsable de este departamento en sustitución de Àlvar Mallafré que, tras cuatro temporadas al frente de esta división,                                                          abandonará el club.





Cambios organizativos en el RCD Espanyol. El club perico ha contratado a Antoni Guerra como director de seguridad en sustitución de Àlvar Mallafré que, tras cuatro temporadas al frente de esta división, abandonará el club para asumir nuevos retos profesionales.



Guerra tiene formación en dirección de seguridad privada y especialización en Dirección, Organización y Gestión de la Seguridad en Infraestructuras Críticas y Estratégicas (Uned). Dispone de una amplia trayectoria en el ámbito de gestión de la seguridad en instituciones y eventos ya que ha ejercido, entre otras responsabilidades, como delegado del grupo seguro en el Parque Logístico de la Zona Franca de Barcelona (2015-2018) y como máximo responsable de políticas públicas de seguridad en el Ayuntamiento de Sant Joan Despí (2007-2015). Actualmente, desarrollaba su ocupación profesional en Pycseca, empresa de seguridad.



Además, Carmen Gerez Cuéllar, miembro del departamento de Seguridad de la entidad, asumirá también funciones de coordinación de operatividad en el marco de la organización de partidos y la gestión diaria en materia de seguridad en el RCDE Stadium y la Ciutat Esportiva Dani Jarque.







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Fallece un vigilante de seguridad mientras trabajaba en el centro de menores de La Montañeta


El Gobierno de Canarias no tiene previsto en principio abrir una investigación respecto a la muerte de un vigilante durante la tarde del pasado jueves en el Centro de internamiento Educativo para Menores Infractores (CIEMI) La Montañeta, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.




Solo en el caso de que la autopsia arrojó nuevos datos se pondría en marcha dicha investigación, ya que el fallecido Carmelo Alexis, empleado de la empresa Alcor Seguridad, no presentaba signos visibles de violencia y, de momento, la principal hipótesis es que murió por causas naturales.




Carmelo Alexis falleció en torno a las 19.30 horas del pasado jueves, en el interior del recinto cuando se encontraba a punto de empezar una ronda rutinaria en su jornada normal de trabajo diario, momento en el que se desvaneció y no pudo ser recuperado. Antes de desplome al suelo, hubo un incidente con uno de los internos con el vigilante, pero según personas conocedoras de lo ocurrido, este incidente no tuvo relación directa con el acontecimiento final. "No se produjo el jueves ninguna situación anormal, violenta o de motín de menores en el centro", indicaron desde la Administración.

Los compañeros del fallecido trataron de reanimarlo, aunque las labores resultaron infructuosas, según indicaron responsables de la investigación. En el momento de la retirada del cuerpo sin vida por parte del personal del vehículo de traslados judiciales, no estuvo presente el juez de guardia, sino una persona autorizada.

El cuerpo del vigilante fue trasladado posteriormente al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, donde se prevé que se realicen todos los exámenes e informes pertinentes. El Gobierno canario, responsable de la gestión de La Montañeta, espera conocer el próximo lunes las causas de la muerte del vigilante.

La pérdida Carmelo Alexis, trabajador de la empresa Alcor Seguridad, fue motivo de sorpresa y de un gran pesar para todos, no sólo para sus familiares y amigos, si no también para algunos de los internos del propio centro de menores.

En distintas redes sociales aparecieron numerosos mensajes escritos por amigos y allegados de pésame y de condolencias a la familia de Alexis. Una mujer, que realizó prácticas en el CIEMI de La Montañeta y que conoció en persona al vigilante de seguridad, destacó en esta noticia en la cuenta de Facebook de LA PROVINCIA / DLP "la labor callada, estresante y con buena actitud" de este empleado en ese "trabajo ingrato".



El recinto de La Montañeta es un centro de 8.000 metros cuadrados destinado albergar a menores y jóvenes "en cumplimiento de medidas de internamiento, tales como las medidas de internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico". Cuenta con capacidad para setenta personas repartidas en seis unidades de convivencia educativa, además de disponer de aulas, talleres y canchas deportivas.

*fuente: https://www.laprovincia.es/sucesos/2018/09/15/fallece-vigilante-turno-centro-menores/1097657.html






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viernes, 14 de septiembre de 2018

INTRUSISMO: Actuación irregular en el Parque Nacional del Teide por supuestos guardas rurales sin identificar, que van armados y que han puesto denuncias ilegalmente



La diputada de Podemos en el Parlamento de Canarias Natividad Arnaiz denunció hoy la actuación irregular en el Parque Nacional del Teide de supuestos guardas rurales sin identificar, que van armados y que han puesto denuncias ilegalmente, puesto que no son agentes de la autoridad.
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Arnaiz preguntó por esta situación en una comisión parlamentaria a la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, quien descartó que haya ilegalidades, aunque admitió alguna "irregularidad" que ya se ha corregido tras avisar la Guardia Civil al Patronato del Teide de que este personal, contratado por la empresa pública Tragsa, no podía poner denuncias.




El Cabildo de Tenerife tiene delegadas las competencias sobre el Parque Nacional y es el que encomienda a Tragsa las labores de vigilancia, pero es la Consejería la que tiene que ejercer la inspección, subrayó la diputada de Podemos, quien presentó fotografías de los guardias rurales uniformados y armados, así como del boletín de denuncias, en el que figuran los logotipos del Patronato, Cabildo y Gobierno de Canarias, indicó.

Según Arnaiz, se trata de "vigilantes de obra" a los que Tragsa disfraza de "guardias rurales", trabajadores que no pueden poner denuncias a los ciudadanos para lo que utilizan un boletín oficial en el que no figura el número de su cartilla profesional "porque no la tienen".

"Son actuaciones ilegales y a esto se le llama prevaricar", dijo Arnaiz, y señaló que puede haber intrusismo profesional, puesto que Tragsa no puede contratar vigilantes de seguridad.

Esto se produce, con la connivencia del Cabildo y del Gobierno, es una "anormal actuación de personal uniformado, armado y sin autorizar, con funciones de policía cuando no lo son", lo que constituye un fraude y un engaño, sostuvo.

La consejera contestó que su departamento sí ejerce las funciones de inspección que le corresponden pero no cuenta con ningún informe que diga que haya algo incorrecto.

Cuando el parque dependía del Ministerio de Medioambiente ya se encomendaban a Tragsa labores de vigilancia y nada ha cambiado en ese sentido, puesto que los trabajadores contratados refuerzan las labores de vigilancia de los empleados públicos del Parque Nacional, apuntó.




Nieves Lady Barreto sí admitió que se ponían denuncias utilizando el boletín oficial, lo cual "se corrigió por recomendación de la Guardia Civil", de modo que ya no ponen denuncias, sino que se las hacen llegar al instituto armado.


Por lo demás, "tienen uniforme diferente y número de identificación diferente para que no se confundan con los empleados públicos del parque", aseguró la consejera, y subrayó que su labor de vigilancia "está amparada por la ley".

Si hay otras cuestiones que corregir "se estudiará y se hará" como ha ocurrido en el caso de los boletines, dijo Barreto, y si alguien tiene dudas sobre otras irregularidades puede actuar "por el cauce correspondiente".

"Si hay alguna irregularidad se corrige y si es más grave se actuará conforme a la normativa, pero de momento no hay nada", insistió la consejera, y pidió a la diputada que si tiene constancia de infracciones que se las dé por escrito para plantearlas ante el Patronato del Parque Nacional. EFE





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miércoles, 12 de septiembre de 2018

Asalto de película en el Centro Comercial La Loma. El vigilante activó las alarmas y avisó a la Policía Nacional cuando escapaban




Un asalto de película. La Policía Nacional investiga el robo perpetrado en una tienda de telefonía ubicada en el Centro Comercial La Loma. Los ladrones entraron en plena madrugada al establecimiento y se llevaron un botín de miles de euros en aparatos tecnológicos como móviles y tabletas. Los responsables del establecimiento todavía no han podido cuantificar las pérdidas.




Los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de la madrugada del pasado lunes. Las fuentes consultadas explican que los asaltantes accedieron a la zona de aparcamiento del recinto en un vehículo de alta gama. Iban cuatro hombres en el coche. Tres de ellos se bajaron del automóvil y uno se quedó aguardando en el exterior. Toda la escena quedó reflejada por las cámaras de seguridad del centro comercial. En las imágenes se aprecia cómo los ladrones forzaron una de las puertas laterales del edificio. Literalmente, la reventaron. De este modo, pudieron acceder al interior de la galería, donde su ubica el establecimiento de telefonía móvil. Las fuentes consultadas explican que los ladrones también fracturaron la puerta principal del establecimiento y el acceso a los almacenes. Fue allí donde consiguieron una importante cantidad de mercancía, que cargaron en mochilas.

Con la misma rapidez con la que se introdujeron en el recinto, lograron salir. Los tres asaltantes utilizaron la misma ruta. Se metieron en el coche, que los estaba esperando en el exterior, y huyeron a la carrera. Todo fue cuestión de minutos. Un golpe bien estudiado, planificado y ejecutado. “La obra de una banda de profesionales”, sostienen en la Comisaría de Jaén.




Al parecer, el vigilante de seguridad que trabajaba esa madrugada no se percató de la presencia de los ladrones hasta que ya estaban escapando del edificio. Fue, entonces, cuando activó las alarmas y avisó a la Policía Nacional. Varias patrullas se desplazaron al lugar. Pero ya era tarde. Los ladrones habían huido por carretera.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) se ha hecho cargo de las investigaciones de este robo. En principio, los agentes de la Científica han realizado una inspección ocular de la tienda para tratar de localizar huellas. De forma paralela, se han inspeccionado las grabaciones de las diferentes cámaras de seguridad del recinto, que han aportado datos sobre el vehículo utilizado por el grupo. Los policías tienen previsto hoy tomar declaración en calidad de testigo al vigilante de seguridad.




Las pesquisas parten de la hipótesis de que el asalto es obra de una banda organizada e itinerante. De hecho, en los últimos dos meses se han producido acciones prácticamente idénticas en otros centros comerciales ubicados en Granada y Málaga, entre otras ciudades. El patrón siempre es el mismo: acceso por las bravas a través de una puerta lateral del centro comercial y, una vez en el interior, reventar las puertas.

En el año 2009, una banda de butroneros robó en el interior del Centro Comercial La Loma. Accedieron por el tejado, donde hicieron un agujero. Se descolgaron hasta la tienda Carrefour y se llevaron centenares de móviles y tabletas. La Policía detuvo, meses después, a los supuestos autores. Sin embargo, el caso se archivó por falta de pruebas contra ellos.




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