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jueves, 13 de septiembre de 2018

DESCARGAR INFORME UCSP: Guardas rurales, contenido de contratos y personal laboral de los ayuntamientos en materia de seguridad privada.

Guardas rurales, contenido de contratos y personal laboral de los ayuntamientos en materia de seguridad privada.


ANTECEDENTES Por parte de una Unidad Territorial de Seguridad Privada, se consulta sobre las siguientes cuestiones: 1. Conocer si una empresa de seguridad homologada, tiene obligación, al tener posibilidad, de grabar los contratos en la aplicación policial de “SEGURPRI”, y si las empresas llamadas de “XX”, que no tengan esa posibilidad, deben de comunicar a la Unidad Territorial de Seguridad Privada, la relación de los diferentes servicios. 2. Contenido mínimo de información de los contratos en la realización de los servicios. 3. Contrataciones por parte de ayuntamientos de personal laboral como empleados públicos para la vigilancia de fincas y guardas rurales, utilizando uniformidad de Guarda Rural, así como vehículos con los mismos anagramas y nombre del ayuntamiento respectivo.


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miércoles, 12 de septiembre de 2018

DESCARGAR INFORME: Compatibilidad de funciones del vigilante de seguridad con el cargo de delegado del jefe de seguridad, y del jefe de seguridad específico, a efectos de los ejercicios de tiro.

Compatibilidad de funciones del vigilante de seguridad con el cargo de delegado del jefe de seguridad, y del jefe de seguridad específico, a efectos de los ejercicios de tiro.


ANTECEDENTES El Sr. XX, Inspector de servicios y delegado del jefe de seguridad de la empresa “Y”, plantea una consulta relacionada con la compatibilidad del cargo que desempeña en la mercantil con la de vigilante de seguridad de la misma empresa. El motivo de la consulta es que en calidad de vigilante de seguridad, con licencia tipo C, ha prestado servicios armados esporádicos y, por tanto, debe realizar los ejercicios de tiro correspondientes, en este caso cada seis meses. Pero debido al cargo que ocupa en la empresa, la Guardia Civil le explicó que por aplicación del artículo 70 del RSP, estaba exento de realizar el ejercicio de tiro por problemas de incompatibilidad.


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jueves, 21 de junio de 2018

INFORME UCSP Nº:2010/061 FECHA 23/06/2010 ASUNTO Distintos tipos de inspecciones en el ámbito laboral al personal de seguridad privada.



INFORME UCSP Nº:2010/061 FECHA 23/06/2010 ASUNTO Distintos tipos de inspecciones en el ámbito laboral al personal de seguridad privada. 


ANTECEDENTES 

El presente informe se emite por la Unidad Central de Seguridad Privada, a petición de la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio del Interior, que remite la consulta de un trabajador de seguridad privada, Delegado Provincial de una empresa de seguridad, relacionada con distintos tipos de inspecciones aplicables al personal de seguridad privada por parte de las empresas de seguridad, y en especial si es posible que personal no habilitado realice inspecciones de ámbito laboral. 

CONSIDERACIONES 

Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos. En el escrito de referencia se pone de manifiesto que las empresas de seguridad han de someterse a normativas fiscales, laborales y de seguridad priva
da, otorgándoles cada una de ellas la potestad de realizar comprobaciones e inspecciones a sus trabajadores, pudiendo entrar en controversia cuando estos son personal de seguridad privada. Igualmente, se hace referencia a las medidas de vigilancia y control que puede adoptar el empresario con sus trabajadores basándose en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, o los controles periódicos de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas en cumplimiento del artículo 16.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, reflejando así que las empresas pueden realizar distintos tipos de inspecciones a su personal de seguridad privada, y que para la realización de éstas, no es necesario disponer de personal habilitado como tal. Efectivamente, para efectuar este tipo de inspecciones basadas en las normas estrictamente laborales no es necesario estar habilitado como personal de seguridad privada, aunque las mismas se realicen a los vigilantes de seguridad en el ejercicio de sus funciones, no siendo necesario, por tanto, la delegación de funciones recogida en el artículo 99 del Reglamento de Seguridad Privada.
Ahora bien, como ya se recoge en diversos informes emitidos por esta Unidad Central, las inspecciones del personal y de los servicios de seguridad recogidas en el artículo 95.b) del RSP, sólo podrán realizarse por el Jefe de Seguridad o, donde no hubiera Jefe de Seguridad Delegado, por personas del Servicio o Departamento de Seguridad que reúna análogas condiciones de experiencia y capacidad que el Jefe de Seguridad (delegación de funciones del artículo 99 del RSP), y en el caso de ser una empresa con Departamento de Seguridad, esta función inspectora corresponderá al Director de Seguridad o sus delegados. 

CONCLUSIONES 

De lo que antecede se desprende que las empresas de seguridad pueden realizar inspecciones a su personal en cumplimiento de la normativa laboral, para las que no es preciso estar habilitado como personal de seguridad privada, distintas e independientes, por lo que no deben entrar en controversia, sino en cualquier caso complementarse, con las inspecciones amparadas por la vigente legislación de Seguridad Privada que son competencia exclusiva de los Jefes o Directores de Seguridad y sus delegados. 


Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración. 

EL COMISARIO, JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA



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lunes, 28 de mayo de 2018

Funciones a realizar por los vigilantes de seguridad en centros hospitalarios



Por parte de algunas Federaciones de trabajadores de seguridad privada en determinadas Comunidades Autónomas, se ha solicitado el parecer de este Departamento respecto a las funciones que pueden realizar los vigilantes de seguridad en los Centros hospitalarios.

Sobre dicha cuestión y de conformidad con lo expuesto por la Unidad Central de Seguridad privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, esta Secretaría General Técnica pone de manifiesto lo siguiente:

El artículo 11 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y el artículo 71 y siguientes de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, contemplan, como funciones propias de los vigilantes de seguridad, entre otras, las de ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, la de efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal, y la de evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección.


Respecto a las cuestiones concretas que se suscitan, en relación con las actividades específicas que prestarían los vigilantes de seguridad en los hospitales y en las salas de psiquiatría de los mismos, habrán de respetarse, en lo que a vigilancia y seguridad se refiere, las previsiones contenidas en la vigente normativa de seguridad privada.

En este sentido, cabe entender que los vigilantes de seguridad podrán efectuar la vigilancia y protección del edificio donde se encuentre ubicado el centro hospitalario, como si se tratara de cualquier otro inmueble. Entre tales funciones estarían comprendidas las de control de entradas y salidas extraordinarias de visitantes, personal del establecimiento o mercancías; el control, si fuese preciso, de identidad de visitantes; la recepción de visitantes cuando existan sistemas de seguridad; la recogida y custodia, en su caso, de efectos portados por los visitantes, cuando sea preciso el control interior de los efectos personales; la expulsión de personas por incumplimiento de las normas propias del establecimiento; la intervención en supuestos de actos vandálicos, atracos, intrusión, etc.; la comprobación del estado y funcionamiento de las instalaciones de seguridad para la prevención de delitos y faltas; la vigilancia y control desde los medios técnicos; y otras de análogo contenido.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta la reforma introducida por el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de Seguridad Privada, según la cual, y con la finalidad de combatir el intrusismo, se amplían en cierta medida las funciones de los vigilantes de seguridad, al establecerse que no se considerará excluida de la función de seguridad, propia de los vigilantes, la realización de actividades complementarias, directamente relacionadas con aquélla e imprescindibles para su efectividad (artículo 70.1, párrafo segundo).

A tal efecto, puede considerarse que si el personal técnico o propio del centro hospitalario, en el ejercicio de sus funciones y ante una situación concreta de riesgo, considerase necesario requerir la intervención de los vigilantes de seguridad, éstos deberán prestar el apoyo necesario en orden a evitar conductas o situaciones que alteren el normal funcionamiento del centro hospitalario.

Sin perjuicio de las funciones anteriormente reseñadas que, de forma directa o indirecta, tuviesen relación con la vigilancia y protección de los pacientes, cabe considerar que la custodia de aquellos, entendida en el sentido de tratamiento, protección personal o vigilancia directa del paciente (en orden a evitar fugas, comisión de actos delictivos, etc.), no correspondería realizarla a los vigilantes de seguridad, sino al personal propio del centro o al equipo técnico responsable del mismo


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viernes, 27 de abril de 2018

Red Azul Informa. "Hurtos en entidades bancarias"


                          Red Azul Informa.

"Hurtos en entidades bancarias"





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sábado, 21 de abril de 2018

Informe UCSP 2016/017 - Comparecencia de vigilantes de seguridad armados en dependencias policiales




ASUNTO: Comparecencia de vigilantes de seguridad armados en dependencias policiales

ANTECEDENTES

Consulta realizada por una Unidad Territorial de Seguridad Privada de, sobre si un vigilante de seguridad que presta servicio de vigilancia y protección con arma en las vías del AVE, si durante su jornada laboral detecta un hecho delictivo (robo de cableado), puede desplazarse a dependencias policiales al objeto de denunciar tales hechos, vistiendo el uniforme de su empresa de seguridad y portando el arma reglamentaria, o, por el contrario, debe esperar a la finalización del servicio, para una vez depositada el arma reglamentaria en el armero realizar la denuncia.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que, los informes o respuestas que emite esta Unidad, tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.

El artículo 82.1 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, establece que: “Los vigilantes no podrán portar las armas fuera de las horas y de los lugares de prestación del servicio, debiendo el tiempo restante estar depositadas en los armeros de los lugares de trabajo o, si no existieran, en los de la empresa de seguridad”.

El artículo 83.2 del citado Real Decreto, establece que: “De la obligación de depositar el arma en el armero del lugar de trabajo serán responsables el vigilante y el jefe de seguridad y de la relativa a depósito en el armero de la empresa de seguridad el vigilante y el jefe de seguridad o director de la empresa de seguridad”.

El artículo 87.2 del referido Real Decreto, establece que: “Los vigilantes no podrán vestir el uniforme ni hacer uso de sus distintivos fuera de las horas y lugares del servicio y de los ejercicios de tiro”.

El artículo 151.2 b), del mencionado Real Decreto, tipifica como infracción muy grave: “Portar sin autorización específica las armas fuera de las horas o de los lugares de prestación de los servicios o no depositarlas en los armeros correspondientes”.

El artículo 32 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, establece las funciones de los vigilantes de seguridad y su especialidad. En el punto 1 apartado d), se establece: “… detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos…”.

El artículo 40.3, de la citada Ley, establece: “El personal de seguridad privada sólo podrá portar el arma de fuego cuando esté de servicio, y podrá acceder con ella al lugar donde se desarrolle éste, salvo que legalmente se establezca lo contrario. Reglamentariamente podrán establecerse excepciones para supuestos determinados”.

El artículo 58.1 b), de la referida Ley, establece como infracción muy grave: “El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta ley sobre tenencia de armas de fuego fuera del servicio y sobre su utilización”.

Al respecto de lo planteado en su escrito, tal como se expone, la intervención del personal de seguridad privada, en el caso concreto que se plantea, debería haber sido la recogida en el precepto legal tipificado en el artículo 32.1 d), de la Ley 5/2014: “… detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos…”.

No hay que olvidar, que el aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la comisión de un ilícito penal, hay que realizarlo de inmediato, con la máxima prioridad y urgencia, para que puedan acudir al lugar de los hechos lo antes posible, con independencia de la personación posterior del personal de seguridad privada en las dependencias policiales, tan pronto como sea posible, para prestar declaración sobre lo acontecido y su participación en los hechos.

Igualmente, y en atención a lo dispuesto en los artículos 14.2 y 30 h) de la LSP, y artículo 66.2 del RSP, el personal de seguridad privada debe comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, tan pronto como sea posible, cualesquiera circunstancias o informaciones relevantes para la prevención, el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana, así como todo hecho delictivo del que tuviesen conocimiento en el ejercicio de su actividad. La expresión “tan pronto como sea posible” no implica incumplir la norma establecida al respecto, ni el correspondiente abandono del puesto de trabajo por parte del personal de seguridad privada, pero sí que abre la posibilidad a que dicho personal pueda comparecer, en determinados casos o circunstancias, en dependencias policiales al objeto de cumplir sin demora dicha obligación profesional, y menos aún de correr el riesgo de perjudicar las actuaciones policiales como consecuencia de éste genérico obstáculo impeditivo, pues no es esa la finalidad ni lo que quiere la norma.

Así mismo, a tenor del artículo 34 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, a la que hace referencia en su escrito, se contempla la posibilidad de, que el personal de seguridad privada pueda comparecer en las dependencias policiales, con el uniforme reglamentario, siempre que tal comparecencia esté motivada con el ejercicio de sus funciones, prescribiendo, en tales casos, un trato preferente y deferente derivado de su consideración profesional.

Sin embargo, en dicha Orden nada se menciona en relación al posible porte del arma reglamentaria que el personal de seguridad privada, en este caso el vigilante de seguridad, pudiera estar empleando en el desarrollo del servicio armado que estuviere prestando, por lo que, en una primera interpretación literal restrictiva, pudiera entenderse que la norma es excluyente a ese respecto.

En tal sentido, y realizando una interpretación más acorde con el sentido y finalidad de la norma, tal aseveración prohibitiva de carácter general de portar el arma reglamentaria fuera de los lugares y horas de servicio, debe ser matizada, al menos, en los siguientes supuestos que se expresan a título de meros ejemplos:
  1. Cuando la presencia en dependencias policiales, portando el arma reglamentaria, lo sea con ocasión o motivada por razones de servicio e inmediatamente posterior al hecho motivador de la actuación profesional, de forma que impida o resulte sumamente dificultoso o inconveniente realizar el reglamentario depósito de la misma para no demorar indebidamente la presencia personal.
  2. Cuando la presencia en las dependencias policiales lo sea en cumplimiento inmediato de una orden policial, recibida por el vigilante, en relación con la prestación de sus servicios profesionales, y en la misma no se hubiese realizado indicación impeditiva alguna en referencia al porte del arma.
  3. Cuando el arma reglamentaria que porta el vigilante de seguridad resulta ser objeto o instrumento relacionado con las actuaciones que le llevan a personarse en dependencias policiales, como sucede en el caso de haberse utilizado o intervenido en algún hecho delictivo.

CONCLUSIONES

En consideración a lo anteriormente manifestado, puede concluirse lo siguiente:
  1. En relación con el supuesto concreto planteado en la consulta, la actuación más acorde al caso se encuadraría en lo establecido en el artículo 32.1.d) de la Ley 5/2014, es decir: “… detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos…”.
  2. La normativa de seguridad privada prohíbe, con carácter general, que el personal de seguridad privada porte las armas fuera de las horas y lugares de prestación del servicio, salvo autorización específica.
  3. La prohibición general de portar el arma fuera de las horas y lugares de servicio, puede encontrar excepciones relacionadas con las circunstancias del caso concreto, algunas de las cuales, entre otros posibles, se encuentran expresados en las consideraciones de este informe.
  4. Con carácter general, y en atención al principio de consideración profesional, junto con los de necesidad, urgencia e inmediatez, concurrentes con circunstancias concomitantes al desempeño de las funciones profesionales en servicios armados, cabría considerar la posible personación del personal de seguridad privada en dependencias policiales.


Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso alguno.



UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA





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sábado, 14 de abril de 2018

Informe UCSP: 2016/038: Traslado de defensa reglamentaria y grilletes.

Informe UCSP: 2016/038
Fecha: 29/09/2016
Asunto: Traslado de defensa reglamentaria y grilletes.

ANTECEDENTES

Consulta realizada un sindicato, referente al traslado de la defensa reglamentaria y grilletes, de un servicio a otro, por parte de un vigilante de seguridad, así como la sanción y cuantía aplicable, en su caso, a tenor de la regulación vigente de seguridad privada.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que, los informes o respuestas que emite esta Unidad, tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.

Las funciones, deberes y responsabilidades de los vigilantes de seguridad están regulados en la Ley 5/2014, de 4 abril, de Seguridad Privada, y desarrollados en el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad privada.

La mencionada Ley, en su artículo 26.5 establece que: “La uniformidad, distintivos y medios de defensa de los vigilantes de seguridad y de los guardas rurales y sus respectivas especialidades se determinarán reglamentariamente”.

El artículo 39.2 de la referida Ley, establece la forma de prestación de los servicios de seguridad, que dice: “El personal de seguridad privada uniformado, constituido por los vigilantes de seguridad y de explosivos y por los guardas rurales y sus especialidades, prestará sus servicios vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo, y portando los medios de defensa reglamentarios, que no incluirán armas de fuego. Reglamentariamente se podrán establecer excepciones a la obligación de desarrollar sus funciones con uniforme y distintivo.

El artículo 41 de la citada LSP, que articula los servicios de vigilancia y protección, cita una serie de supuestos de hecho, en los que se podrán prestar servicio por parte de los vigilantes de seguridad, fuera de espacios, tales como, interior de los edificios, de las instalaciones o propiedades a proteger, sin necesidad de autorización previa, incluso en vías o espacios públicos o de uso común. Así mismo, se regula la modalidad de “vigilancia discontinua”, es decir, desplazamientos por la vía pública, por parte de vigilantes de seguridad, uniformados, con distintivos, y provistos de defensa reglamentaria y grilletes, con el objeto de acudir al inmueble concreto para su vigilancia y protección, que como señala el artículo 41.1. e) de la señalada Ley, habrán de consistir en una “visita intermitente y programada” de los distintos lugares objeto de protección. La modalidad expuesta, debería ser contratada por la empresa de seguridad y, en consecuencia, prestarse en la forma que estime conveniente el usuario del servicio de seguridad, lo que implicaría la autorización para la realización del mismo.

El artículo 86.2 y 3, del señalado Reglamento, hace referencia específica, al porte de la defensa reglamentaria y uso de grilletes, que dice textualmente:

2. Los vigilantes de seguridad portarán la defensa que se determine por el Ministerio de Justicia e Interior, en los supuestos que asimismo se determinen por dicho Ministerio.

3. Cuando los vigilantes en el ejercicio de sus funciones hayan de proceder a la detención e inmovilización de personas para su puesta a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el jefe de seguridad podrá disponer el uso de grilletes”.

El artículo 87.2, del apuntado Reglamento, hace mención al uniforme y a los diferentes distintivos, que dice: “Los vigilantes no podrán vestir el uniforme ni hacer uso de sus distintivos fuera de las horas y lugares del servicio y de los ejercicios de tiro”.

Así mismo, teniendo en consideración la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada, el artículo 26 contempla los medios de defensa, así como su utilización por parte del personal de seguridad privada, que dice:

1. La defensa reglamentaria de los vigilantes de seguridad será de color negro, de goma semirrígida y de 50 centímetros de longitud; y los grilletes serán de los denominados de manilla.

2. Los vigilantes de seguridad portarán la defensa en la prestación de su servicio, salvo cuando se trate de la protección del transporte y distribución de monedas y billetes, títulos-valores, objetos valiosos o peligrosos y explosivos”.

De lo anteriormente expuesto, se establece que tanto la defensa reglamentaria como los grilletes, cuando su uso esté autorizado por el jefe de seguridad, son atributos propios del cargo de vigilante de seguridad y están obligados a portarlos en sus servicios, formando parte de la uniformidad y distintivos de los mismos.

La defensa reglamentaria y los grilletes, deben ser proporcionados por las respectivas empresas de seguridad, en las que se encuentren integrados los vigilantes, para ser utilizadas en el desempeño de sus funciones, en los servicios que tuvieren asignados, siendo la propiedad de las respectivas empresas de seguridad.

CONCLUSIONES

Con respecto a la primera pregunta formulada, cuando un vigilante de seguridad se traslada de un servicio a otro con la defensa reglamentaria, se significa que la empresa de seguridad no necesita expedir una autorización para llevar a cabo lo expuesto.

Concerniente a la segunda pregunta, en cuanto a la categoría que se le atribuye a la defensa reglamentaria, es un atributo propio del cargo de vigilante de seguridad y están obligados al porte en sus servicios, formando parte de la uniformidad y distintivos de los mismos.

Relativo a la tercera pregunta, sobre si quedan excluidas todas las armas que no sean de fuego, con base en el artículo 82.1 del RSP, cabría entender que a las armas a las que el mismo se refiere son las de fuego, con la excepción establecida en el artículo 82.2.


Referente a la cuarta pregunta, sobre si se considera “arma” la defensa reglamentaria y, si se necesita autorización de la empresa, se significa que la empresa no necesita expedir autorización para el porte de la misma. Por el contrario, dependiendo del uso individual y/o particular que se le dé a la misma, por parte de quien la porte, fuera de servicio, podría ser considerada un arma prohibida, a tenor del artículo 5.1.c) del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, que dice: “Queda prohibida la publicidad, compraventa, tenencia y uso, salvo por funcionarios especialmente habilitados, y de acuerdo con lo que dispongan las respectivas normas reglamentarias de: (…) c)Las defensas eléctricas, de goma, tonfas o similares”.

Respecto a la quinta pregunta, sobre si la empresa está obligada a dar una autorización al vigilante de seguridad, para el traslado de un servicio a otro distinto donde normalmente presta su servicio, de los grilletes reglamentarios, cabe decir que la mercantil no está obligada a expedir dicha autorización de traslado.

En relación con la sexta pregunta, sobre las cuantías que corresponderían en el supuesto que fuera sancionado un vigilante a la hora de trasladar la defensa y los grilletes, se significa que la referida ley, no establece infracción, ni sanción alguna, en cuanto al traslado de la defensa reglamentaria y grilletes, de un servicio a otro, no obstante, el supuesto concreto que plantea en su consulta, encontrándose la defensa y los grilletes, en el maletero del vehículo particular, del vigilante de seguridad, no encajaría en el cuadro infractor de la legislación de seguridad privada. Por el contrario, sí sería sancionable utilizar el uniforme y distintivos, fuera de las horas y lugares de servicio.

En concreto, podría suponer una infracción leve del artículo 153.9 del RSP, que dice: “No utilizar los uniformes y distintivos, cuando sea obligatorio, o utilizarlos fuera de los lugares o de las horas de servicio”. Dicha infracción podría ser sancionable con apercibimiento o una multa que oscilaría entre 300 a 1000 euros.

Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso alguno.



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jueves, 12 de abril de 2018

INFORME USP SOBRE LA UTILIZACION DE CHALECOS ANTI BALAS POR LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD

MINISTERIO DEL INTERIOR 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

En contestación al escrito de un particular, formulando consulta relacionada con el uso de chalecos antibalas por parte de los vigilantes de seguridad, la Secretaría General Técnica, previo informe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, puso de manifiesto lo siguiente: 
En primer lugar, debe ponerse de manifiesto que la vigente normativa de seguridad privada, ni siquiera en sus disposiciones de inferior rango, hace referencia alguna al uso de chalecos antibalas por parte del personal de seguridad privada, lo que implica que, si bien no regula los requisitos o condicionamientos del uso de tal prenda, tampoco lo prohíbe. Resultado de imagen de SEGURIDAD PRIVADA
En principio, debe significarse que el uso de cualquier prenda que no sea la reglamentaria y, en especial, del chaleco antibalas, podría tener repercusiones negativas en la identificación del vigilante como tal, en cuanto podría ocultar, al menos parcialmente, su uniformidad. Ello no obstante, tal circunstancia podría paliarse fácilmente dotando al chaleco antibalas de los mismos elementos de identificación de que consta el uniforme reglamentario y que se encuentran previstos en la vigente normativa (apartados vigésimo cuarto y vigésimo quinto de la Orden de 7 de julio de 1995, por la que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada sobre personal). 
Como se ha dicho anteriormente, y aun cuando en la normativa de seguridad privada no se mencione expresamente el uso del chaleco antibalas ni se considere una prenda integrante, ni siquiera por excepción (apartado vigésimo tercero de la Orden de 7 de julio de 1995 antes citada), de la uniformidad de los vigilantes de seguridad, el artículo 23 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, señala lo siguiente: 
“Artículo 23. Adecuación de los servicios a los riesgos.- Las empresas inscritas y autorizadas para el desarrollo de las actividades a que se refieren los párrafos a), b), c) y d) del artículo 1 de este Reglamento, antes de formalizar la contratación de un servicio de seguridad, deberán determinar bajo su responsabilidad la adecuación del servicio a prestar respecto a la seguridad de las personas y bienes protegidos, así como la del personal de seguridad que haya de prestar el servicio teniendo en cuenta los riesgos a cubrir, formulando, en consecuencia, por escrito, las indicaciones procedentes”. 
Por su parte, el apartado 1 del artículo 96 del mismo Reglamento, en la redacción dada por el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero, establece que “los servicios de seguridad se prestarán obligatoriamente bajo la dirección de un jefe de seguridad en las empresas de seguridad inscritas para todas o alguna de las actividades previstas en el artículo 1.1, párrafos a), b), c) y d) del presente Reglamento, y en las delegaciones o sucursales abiertas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, apartados 2 y 3 de este Reglamento” 
Asimismo, en el artículo 95, relativo a las funciones de los jefes de seguridad, se dispone que son propias de este personal, entre otras, las siguientes: 
a) El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y programación de las actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad.
b) La organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad. 
De todo cuanto antecede, y en respuesta concreta a las cuestiones que se suscitan en el escrito de consulta, cabe concluir lo siguiente: 
1. El uso de chalecos antibalas es compatible con el ejercicio de las funciones atribuidas a los vigilantes de seguridad por la vigente normativa de seguridad privada, siempre que los mismos no impidan la visión exterior de los elementos identificativos del vigilante de seguridad (escudo-emblema y distintivo). 
2. Debe ser la empresa de seguridad, a través del jefe de seguridad, y una vez evaluados los riesgos del servicio, la encargada de determinar en qué supuestos será necesario o recomendable el uso del chaleco antibalas, entendiéndose que no tiene por qué tratarse de una decisión circunscrita a cada vigilante y servicio individualizadamente considerado, sino que puede tratarse de algún tipo de protocolo o instrucción interna que determine los servicios que habitualmente se prestarán portando el chaleco antibalas, sin perjuicio de que pueda asimismo autorizarse específicamente su utilización en otros supuestos ocasionales o excepcionales en que la situación de riesgo así lo requiera. 
3. En ningún caso el uso del chaleco antibalas debe quedar a criterio del vigilante de seguridad que preste el servicio, el cual, en su caso, podrá solicitar la adecuada evaluación del riesgo del servicio a desempeñar y atender las instrucciones que al respecto le imparta el jefe de seguridad de la empresa. 
4. Finalmente, y no obstante todo lo anterior, los vigilantes, en el marco de la protección que les otorga la legislación de riesgos laborales, podrán asimismo solicitar, a través de los cauces que en la misma. 

Se determinan, la correspondiente evaluación del riesgo del servicio o servicios que les sean asignados, así como las medidas de protección necesarias para su ejercicio.

miércoles, 4 de abril de 2018

INFORME UCSP: Posibilidad de prestar un servicio que se desarrolla en el formato de “vigilancia discontinua”, como un solo servicio para dos instalaciones próximas entre sí.


INFORME UCSP: Posibilidad de prestar un servicio que se desarrolla en el formato de “vigilancia discontinua”, como un solo servicio para dos instalaciones próximas entre sí.


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miércoles, 21 de marzo de 2018

INFORME UCSP SOBRE LA UNIFORMIDAD VIP DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD



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sábado, 17 de marzo de 2018

domingo, 4 de marzo de 2018

Informe UCSP 2016/004 Fecha 05.01.2016 Asunto Autorización de servicio de seguridad en un espacio abierto delimitado.

Informe UCSP 2016/004 Fecha 05.01.2016 Asunto Autorización de servicio de seguridad en un espacio abierto delimitado

ANTECEDENTES 

Consulta realizada por una Unidad Territorial de Seguridad Privada en la que dan cuenta de la solicitud realizada por una empresa de seguridad privada a la Subdelegación del Gobierno para ampliar el servicio de vigilancia y protección a toda la parcela de un Centro Internacional de Ferias y Congresos de esa ciudad, realizando un cierre perimetral virtual de toda la parcela donde se encuentra el edificio.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que, los informes o respuestas que emite esta Unidad, tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos. El marco normativo establecido en nuestro ordenamiento jurídico para la regulación del sector de la seguridad privada, está básicamente constituido por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por R.D. 2364/1994, de 9 de diciembre, y demás órdenes ministeriales de concreción reglamentaria. Como cuestión previa, hay que indicar que, como bien dice la Unidad Territorial, la normativa actual no establece las condiciones y requisitos para la prestación de los servicios de vigilancia en recintos y espacios abiertos. Si bien conviene tener presente lo dispuesto a este respecto por el artículo 41 de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada. El informe número 65/2014 de esta Unidad Central de Seguridad Privada, hace un estudio pormenorizado del artículo 41 de la Ley de Seguridad Privada, y aclara las dudas que puedan existir al realizar los servicios de vigilancia y protección en vías de espacios públicos o de uso común. En el mismo informe se hace un examen pormenorizado de las previsiones contenidas en el artículo 51 de la misma norma sobre los sujetos obligados a medidas de seguridad en lo relativo a la realización de eventos, ya sean en recintos públicos o privados, o en vías o espacios públicos o de uso común, que por su propia naturaleza solo han de estar referidos a los de titularidad pública. - 2 - MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

CONCLUSIONES 

Por todo lo anterior, esta Unidad Central de Seguridad Privada entiende que, son las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, las competentes para valorar la posible autorización, imposición o modificación de los servicios y medidas de seguridad privada, previa solicitud de la empresa de seguridad o entidad interesada. En este sentido, y recordando que no existe desarrollo reglamentario aplicable a este supuesto de la LSP, en caso de entender que ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno se plantease tal tipo de autorización, por razones de prudencia, y hasta que no se disponga otra cosa, convendría condicionar la posible autorización a la necesidad de incorporar algún sistema de delimitación física, en cuyo sentido debiera elaborarse el correspondiente informe policial en caso de ser solicitado por la autoridad competente. Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso alguno. UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA
             
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Informe UCSP 2016/004 Fecha 05.01.2016 Asunto Autorización de servicio de seguridad en un espacio abierto delimitado.

Informe UCSP 2016/004 Fecha 05.01.2016 Asunto Autorización de servicio de seguridad en un espacio abierto delimitado

ANTECEDENTES 

Consulta realizada por una Unidad Territorial de Seguridad Privada en la que dan cuenta de la solicitud realizada por una empresa de seguridad privada a la Subdelegación del Gobierno para ampliar el servicio de vigilancia y protección a toda la parcela de un Centro Internacional de Ferias y Congresos de esa ciudad, realizando un cierre perimetral virtual de toda la parcela donde se encuentra el edificio.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que, los informes o respuestas que emite esta Unidad, tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos. El marco normativo establecido en nuestro ordenamiento jurídico para la regulación del sector de la seguridad privada, está básicamente constituido por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por R.D. 2364/1994, de 9 de diciembre, y demás órdenes ministeriales de concreción reglamentaria. Como cuestión previa, hay que indicar que, como bien dice la Unidad Territorial, la normativa actual no establece las condiciones y requisitos para la prestación de los servicios de vigilancia en recintos y espacios abiertos. Si bien conviene tener presente lo dispuesto a este respecto por el artículo 41 de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada. El informe número 65/2014 de esta Unidad Central de Seguridad Privada, hace un estudio pormenorizado del artículo 41 de la Ley de Seguridad Privada, y aclara las dudas que puedan existir al realizar los servicios de vigilancia y protección en vías de espacios públicos o de uso común. En el mismo informe se hace un examen pormenorizado de las previsiones contenidas en el artículo 51 de la misma norma sobre los sujetos obligados a medidas de seguridad en lo relativo a la realización de eventos, ya sean en recintos públicos o privados, o en vías o espacios públicos o de uso común, que por su propia naturaleza solo han de estar referidos a los de titularidad pública. - 2 - MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

CONCLUSIONES 

Por todo lo anterior, esta Unidad Central de Seguridad Privada entiende que, son las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, las competentes para valorar la posible autorización, imposición o modificación de los servicios y medidas de seguridad privada, previa solicitud de la empresa de seguridad o entidad interesada. En este sentido, y recordando que no existe desarrollo reglamentario aplicable a este supuesto de la LSP, en caso de entender que ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno se plantease tal tipo de autorización, por razones de prudencia, y hasta que no se disponga otra cosa, convendría condicionar la posible autorización a la necesidad de incorporar algún sistema de delimitación física, en cuyo sentido debiera elaborarse el correspondiente informe policial en caso de ser solicitado por la autoridad competente. Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la citada ley, por lo que, contra el mismo, no cabe recurso alguno. UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA
             
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