· Operación conjunta de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Comisaría General de Policía Judicial, del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial de Sevilla y de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Cádiz.
· Defraudó más de 6.500.000 euros a la Seguridad Social y 1.700.000 euros a la Agencia Tributaria.
· Se han llevado a cabo 23 detenciones y realizado nueve registros en los que se han intervenido unos 130.000 euros, siete vehículos, tres pistolas y gran cantidad de armas blancas y munición de arma corta.
· Se han bloqueado 169 cuentas bancarias en las que se ha constatado la existencia de más de 300.000 euros.
Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes recibieron una denuncia contra una empresa de seguridad privada que no pagaba la nómina a 600 trabajadores desde diciembre de 2021.
El líder de la organización habría prestado a los antiguos dueños de la empresa de seguridad más de un millón de euros para intentar reflotar la empresa.
Al no poder devolver este dinero, los propietarios le entregaron la compañía para que se cobrara la deuda con la facturación de sus clientes. Por ese motivo, los nuevos propietarios dejaron de pagar, entre otros conceptos, las nóminas de los empleados. Además, estarían cediendo de forma ilegal sus servicios y su facturación a otra empresa de seguridad, administrada por el citado prestamista a través de un testaferro.
La organización disponía de una extensa red de colaboradores y una estructura societaria integrada por más de 80 sociedades y 30 testaferros que simulaban transacciones comerciales, llegando a justificar más de 27.000.000 euros.
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