El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dictado este domingo una orden en la que fija los criterios de actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado mientras dure la situación de estado de alarma decretada horas antes por el Gobierno ante la crisis provocada por la expansión del coronavirus. La resolución concentra en el propio Grande-Marlaska el mando directo, no solo de Policía Nacional y Guardia Civil, sino también de las policías autonómicas y locales, además de los vigilantes de empresas de seguridad privada.
Una de las principales medidas que se pondrá en marcha será la puesta en marcha de controles policiales “fijos y móviles” en vías, espacios públicos y medios de transporte para “asegurar” que los ciudadanos cumplen las limitaciones de movilidad. Estos controles serán más intensos “en aquellos lugares o franjas horarias que específicamente se puedan ver afectados por las restricciones”. La limitación de la libertad de circulación en todo el país —solo se podrá salir a la calle en ciertos casos y siempre solo, sin compañía, salvo las personas con problemas de movilidad—, es la medida de mayor impacto del real decreto que el Gobierno aprobó este sábado en un Consejo de Ministros Extraordinario.
No obstante, Interior recalca que, en todo caso, la actuación policía deberá “garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos en caso necesario, así como la de permitir la movilidad del personal perteneciente a entidades dedicadas a la prestación de servicios esenciales o al abastecimiento y distribución de bienes y servicios de primera necesidad”. También señala la necesidad de que las medidas se apliquen “de acuerdo con los principios de proporcionalidad y necesidad”.
Otra de las principales funciones a realizar durante el estado de alarma por las Fuerzas de Seguridad será “auxiliar a las instituciones y a los profesionales sanitarios” para que estos puedan atender a los afectados por la epidemia. Así, Interior ordena reforzar las medidas policiales de seguridad “tendentes a garantizar el normal funcionamiento de los centros sanitarios”, así como “en establecimientos de elaboración, almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos y sanitarios”. La orden también contempla apoyar los desplazamientos de los equipos médicos y de emergencias.
Interior también fija como función de las diferentes policías prestar apoyo para garantizar “el suministro alimentario, y de otros bienes y servicios”. Además, se reforzarán las medidas de seguridad de las llamadas infraestructuras críticas —aeropuertos, estaciones ferroviarias, centros de producción de energía...— para “garantizar su normal funcionamiento”. También colaborarán para que se apliquen las medidas restrictivas sobre la apertura de comercios y la celebración de actos de culto. La orden hace mención a que durante su actividad, los miembros de todos los cuerpos policiales “tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo” en consonancia con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Para coordinar la “acción concertada” de todos los cuerpos policiales Interior va a crear un Centro de Coordinación Operativa “que asegure una transmisión permanente y continúa de información” entre los diferentes cuerpos tanto para difundir las órdenes y directrices que emanen del ministerio como para recibir las novedades que se produzcan y hacer un seguimiento de las mismas. Grande-Marlaska hace especial hincapié en potenciar “la colaboración y coordinación entre los cuerpos policiales con competencia en cada ámbito territorial”, así como los vigilantes de seguridad privada.
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