mayo 06, 2023
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La nueva Ley de Vivienda supedita el desahucio de inmuebles que pertenezcan a grandes tenedores -aquellos que tengan más de 10 o 5 si están en zonas tensionadas- a los informes de vulnerabilidad de los okupas. Sin embargo, actualmente, todos los propietarios -independientemente del número de casas que tengan- ya dependen de estos polémicos escritos por culpa del decreto antidesahucios aprobado por Pedro Sánchez en pandemia y que aun hoy sigue en vigor a pesar de que ya nadie parezca acordarse del coronavirus. De ahí la desesperación de las víctimas, que denuncian tanto las trampas de sus okupas e inquiokupas, como la falta de rigor de los Servicios Sociales.

"Apenas se comprueba nada", se quejaba hace unos días en Libre Mercado el presidente de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, Ricardo Bravo, quien alertaba de que estos trabajadores sociales "no tienen recursos para hacer un buen estudio". De hecho, "ni siquiera visitan la casa okupada". De esta forma, cada vez son más los propietarios que se ven obligados a contratar los servicios de una agencia de detectives privados para demostrar que sus okupas trabajan en b o que incluso cuentan con un contrato legal que nadie se ha esforzado en buscar en la base de datos de la Seguridad Social.

Lo que Servicios Sociales no investiga

"En mi caso, descubrieron que estaba trabajando y con nómina y todo. Es decir, que ni siquiera se habían molestado en investigarlo", denuncia Isabel, que recurrió a esta vía después de que, una vez fijado el lanzamiento de su inquiokupa, el juez decidiera suspenderlo al recibir un supuesto informe de vulnerabilidad que, como se demostraría después, no se correspondía con la realidad: "Jamás pensé que tendría que llegar a esto, pero como en las películas… Siguiéndola, hasta que consiguieron pillarla y demostrar que, efectivamente, no estaba en paro como decía".


En 2020, esta madrileña había decidido alquilar un piso que había heredado para poder hacer frente a los gastos de la residencia en la que se había visto obligada a ingresar a su madre. "A partir del segundo mes, dejó de pagar. Siempre tenía excusas y me prometía que en cuanto pudiera me ingresaba el dinero, pero nunca pagaba", recuerda indignada. Al final, no le quedó más remedio que denunciarla. "Porque claro, ella no paga y puede estar tres años en mi casa por la cara, como de hecho ha estado, pero a mi madre, si no pagaba la residencia, sí la echaban", lamenta.

Tras una ardua batalla -con ataques de ansiedad incluidos- Isabel acaba de conseguir que su inquiokupa abandone por fin la vivienda. Sin embargo, no ha recuperado ni uno solo de los 35.000 euros que le debe únicamente en concepto de alquiler. Una cantidad que a la que hay que sumar el gasto en abogados –"más de 25.000 euros", según dice- y todas las costas a las que fue condenada y a las que tampoco ha hecho frente.

"No hay derecho a que tengamos que recurrir a detectives pagados de nuestro bolsillo, ni hay derecho a que el Gobierno nos utilice como escudo social. Se están aprovechando de nuestras casas, y que hoy en día ser vulnerable sea ganar menos de 1.800 euros es de broma", denuncia Isabel.

Okupas que viven a todo tren

Su caso no es el único. Hace dos años, Belén ya relató a Libre Mercado la terrible situación en la que se encontraba: su inquilina tampoco le pagaba el alquiler y ella, desempleada y con una madre discapacitada, necesitaba ese dinero para poder vivir. La okupa también logró suspender el desahucio aferrándose a un informe de vulnerabilidad elaborado por unos Servicios Sociales que compraron al milímetro su versión de que estaba en paro y no tenía ingresos. Sin embargo, eso no cuadraba con el tren de vida del que tanto ella como sus hijos presumían en unas redes sociales plagadas de selfies hechos con un iPhone de última generación: fiestas, viajes por España y por el extranjero, y hasta un coche nuevo, tal y como este periódico pudo comprobar de primera mano.

El problema es que nada de eso servía como prueba si no estaba avalado por un profesional, así que a Belén no le quedó otra que contratar a una agencia de detectives. Sus informes sirvieron para constatar que, además de cobrar casi 1.000 euros en ayudas, la inquiokupa trabajaba en un restaurante de comida árabe de Benalmádena. "Cobra subsidios, trabaja en la economía sumergida y no paga alquiler. Ésa es la mejor forma de vivir", ironizaba la propietaria tras el hallazgo.

El juez terminó por estimar todas las pruebas y, finalmente, ordenó el desalojo para febrero de 2022, tras dos años de impagos, condenándole a pagar todo lo que debía. Sin embargo, tampoco Belén ha recibido ni un solo euro. "Se declaran insolventes y no pagan y tú, si quieres, tienes que volver a contratar abogado y procurador e iniciar un nuevo proceso de ejecución de sentencia", lamenta esta propietaria que, por si fuera poco, también ha descubierto que la okupa tiene una vivienda a su nombre en Zaragoza: "Me ha costado otros 1.000 euros, pero así, al menos, si algún día quiere vender esa casa, me tendrá que pagar todo lo que me debe".

En total, los impagos ascienden a 15.000 euros. A dichas pérdidas, la propietaria ha tenido que sumar el coste de suministros, el de arreglar el inmueble –"lo dejó destrozado y se llevó todo"-, el gasto en abogados y el de los detectives, a los que tuvo que pagar 2.500 euros. "El problema es que no vale con que la sigan un día y le saquen cuatro fotos en su lugar de trabajo. Tienen que ir varios y a diferentes horas, porque si no, ella puede alegar que está ayudando a una amiga o lo que sea", explica Belén.

Lo barato sale caro

Precisamente por eso, el coste es elevado, algo que ahuyenta a muchos propietarios que ya están completamente arruinados por culpa de sus okupas e inquiokupas y optan por una vía más barata que no siempre tiene éxito. Marina es un ejemplo de ello. Tras descubrir que su inquilina morosa se dedicaba a organizar eventos e incluso había montado un negocio de tartas en su casa mientras los Servicios Sociales la consideraban vulnerable, contrató a un grupo de personas para que la investigaran.

"Efectivamente, encontraron dos coches a su nombre, una plantilla con firmas de asistencia a su trabajo de limpieza a diario, trabajos de preparación de eventos y comidas los fines de semana e incluso descubrieron que su pareja trabajaba a media jornada para recibir ayudas y la otra media la cobraba en negro", explica a Libre Mercado. Sin embargo, "a pesar de haberles presentado las pruebas, como no era un detective oficial, la juez y los Servicios Sociales no consideraron que se pudiera cambiar su condición de vulnerable".

La rabia e impotencia de esta almeriense era indescriptible, máxime cuando había alquilado la vivienda para no tener que trabajar y poder cuidar de su bebé, y se había gastado todos sus ahorros en reformarla para que su inquilina estuviera lo suficientemente cómoda como para no irse en una larga temporada. Lo que jamás imaginó es que seguiría allí plácidamente, pero sin pagarle ni un solo euro gracias a la complicidad de la Justicia y los Servicios Sociales. Afortunadamente, la presión hizo que el pasado mes de noviembre, después de dos años y medio, la okupa decidiera irse por su propio pie: "Se asustaron y decidieron empezar a sacar sus cosas".

Lo que no hicieron, al igual que el resto de inquiokupas, fue pagar los 22.000 euros que le debían a Marina. Si quiere recuperarlos, su única vía es volver a los juzgados, con el consecuente gasto en abogado y procurador. "Me cuesta más de 2.000 euros pedirle la deuda, sabiendo que, si se declara insolvente, tampoco cobraré -lamenta esta propietaria-. Han sido muchos gastos y no puedo permitirme gastarme otros 2.000 euros para ver si algún día recupero algo". En su caso, además, ha tenido que invertir 10.000 euros en volver a dejar la casa a punto: "Lo destrozaron todo".

Marina, Isabel y Belén son solo tres de los muchos propietarios que se han visto obligados a recurrir a vías extrajudiciales para tratar de acabar con una pesadilla que al Gobierno no parece importarle. Ninguna de ellas volverá a caer en el mismo error. Marina ha optado por confiarle el piso a un familiar. Isabel se verá obligada a volver a ponerlo en alquiler para poder pagar todas las deudas, pero lo hará contratando un seguro de impagos. Y Belén no quiere ni oír hablar del tema: "Después de mi experiencia, no pensaba alquilar, pero con la Ley de Vivienda aún menos. Es un deporte de alto riesgo".



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