Una sentencia del Juzgado de lo Social nº 8 de Bilbao ha obligado a la empresa Prosegur a cubrir tanto los gastos económicos como el tiempo invertido por sus trabajadores en la obtención y renovación de documentos indispensables para su labor profesional.
Esto incluye los costes del carné de conducir —si es necesario para el desarrollo del trabajo—, la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) y el permiso de armas. Además, el tiempo dedicado a estos trámites deberá considerarse jornada laboral o ser retribuido como horas extra.
Desde la Federación de Hábitat de CCOO de Euskadi, promotora de la demanda, se celebra esta decisión como un hito para los derechos del colectivo de seguridad privada. El sindicato denuncia que hasta ahora eran los propios vigilantes quienes tenían que asumir estos costes, algo que consideran “injusto y contrario a derecho”.
Aunque la resolución judicial es recurrible, CCOO ha anunciado que extenderá esta reivindicación al resto de empresas del sector para que ningún profesional de la seguridad tenga que seguir pagando de su bolsillo lo que debería costear la empresa.
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