La CIG denuncia una serie de anomalías que están poniendo en riesgo la viabilidad del concurso de adjudicación del servicio de seguridad privada del CHUVI por parte de la sociedad concesionaria del Nuevo Hospital de Vigo, que ocupa entre vigilantes de seguridad y mandos intermedios a 36 personas trabajadoras, asignadas a los hospitales Álvaro Cunqueiro, Meixoeiro y Nicolás Peña, por valor de un millón y medio de euros sin IVA.
Pedro Pérez, responsable nacional de Seguridad Privada de la CIG-Servicios, explica que “una de las empresas presentadas realizó una oferta por cinco años sin revisión de precios; por poco que se incrementen los salarios en este período (un 3% en 2025 y otro 3% en 2026, que son los aumentos establecidos en el convenio de seguridad) y en los tres años siguientes por negociar (la previsión es que no estén nunca por debajo de este porcentaje), y teniendo en cuenta la posible reducción de jornada en un futuro inmediato, la oferta se sitúa por debajo del precio de coste del servicio ya en el segundo año de vigencia del contrato, por lo que la consideramos una oferta temeraria”.
El responsable sindical recuerda que se trata de un contrato “muy apetitoso” para las empresas, e incide en que alguna de las presentadas cuenta con “relaciones políticas familiares”, por lo que espera que el contrato no se decida más por intereses particulares que por el bien del servicio y de las personas trabajadoras que los prestan.
En este sentido, señala que entre estas compañías se encuentra Eulen Seguridad, dirigida en el noroeste del Estado español por Micaela Núñez Feijóo, hermana del líder del PP y anterior presidente de la Xunta. “El grupo de empresas Eulen Seguridad, limpieza y servicios sociosanitarios se llevó 1311 contratos adjudicados a dedo por 4.832.029,85 euros entre 2018 y 2023, y más de 37 millones de euros desde que Feijóo accedió al Gobierno de la Xunta en 2009, tal y como recogieron distintos medios de comunicación e incluso denunció públicamente el BNG, sin que las denuncias fueran desmentidas por la Xunta”.
“Desde la CIG estaremos muy pendientes de todo el proceso, como así lo hicimos en otros en los que han acontecido hechos similares, en la defensa de la clase trabajadora y de la calidad del servicio, porque no hay vigilantes de seguridad de primera y de segunda dependiendo de para quién presten servicio los profesionales del sector”.
Pérez considera que de este modo el contrato será insostenible económicamente, provocando que no se puedan afrontar los costes salariales, generándose un conflicto similar al que ya se registró en el pasado en este servicio bajo la gestión de la empresa Segur Ibérica, cuando el personal estuvo sin cobrar durante meses.
“Esto solo puede tener una explicación: que la empresa cuente con información privilegiada o con un trato de favor, optando por renunciar a la revisión de precios que establecen las plicas (0,85% del IPC anual) para presentar la oferta más competitiva y hacerse con el contrato; y que luego tengan un acuerdo bajo mano para el futuro, lo que sería una clara competencia desleal hacia las otras compañías presentadas; este modus operandi de la sociedad concesionaria del Nuevo Hospital de Vigo tiene que contar con la connivencia del Sergas y de la Consellaría de Sanidade, sino no se entiende”.
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