Ejerce como Policía Local en Carcaixent a pesar de estar condenado por gastar una "broma" macabra a un vigilante de seguridad

Ejerce como Policía Local en Carcaixent a pesar de haber sido condenado a 15 meses de prisión y tener todavía pendiente un expediente disciplinario en un ayuntamiento catalán. La historia se remonta a noviembre de 2018. Entonces era policía local del municipio catalán de Sant Antoni de Vilamajor. Según una sentencia que se ha conocido ahora, junto a otro compañero, gastaron una broma macabra a un vigilante de seguridad que motivó la condena y el expediente que todavía no se ha sustanciado.

Se hicieron pasar por ladrones

Ambos policías, vestidos de negro y con la cara tapada, en el turismo particular de uno de ellos se hicieron pasar por dos cacos. El vigilante les dio el alto y entonces comenzaron a perseguirle apuntándole con lo que parecía una pistola. El vigilante pidió ayuda a un policía vecino de la urbanización que vigilaba y este llamó a la Policía Local. Se presentaron los dos policías expedientados que reconocieron los hechos y afirmaron que había sido una broma que se les había ido de las manos.

El caso acabó en los tribunales donde ambos agentes cambiaron su versión y aseguraron que es que realizaban vigilancias de paisano para reforzar la seguridad de la urbanización. No les creyeron y fueron condenados. El vigilante, por su parte, tuvo que abandonar su trabajo e incluso intentó suicidarse por el profundo trauma sufrido. Nadie sabe cómo con semejante curriculum ese hombre acabó ejerciendo como policía en Carcaixent.

Sorpresa en el ayuntamiento de Carcaixent

Paco Salom, alcalde de Carcaixent, en declaraciones a la Cadena SER, ha mostrado su sorpresa. Desconocía esos antecedentes y aseguraba haber conocido la noticia por la SER. Ha explicado que el agente en cuestión trabaja como Policía Local interino desde abril de 2020. Que estaba en una bolsa de trabajo del propio ayuntamiento y que cumplía con los requisitos. El agente sigue en activo. El alcalde ya ha puesto el asunto en manos de los servicios jurídicos municipales que estudiarán la sentencia y determinarán las consecuencias que pueda tener.

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