Los vigilantes privados volverán dos años después a prestar servicios de apoyo a la
seguridad exterior en las cárceles de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura
después de que el Ministerio del Interior haya adjudicado esta semana los contratos tras
varios intentos fallidos. Ello permitirá asignar en las próximas semanas a otros cometidos
a las decenas de guardias civiles que desde enero de 2020 vienen encargándose de
esas tareas.
El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, firmó el pasado jueves las seis
resoluciones por las que se encarga a cinco empresas labores de control exterior en las
prisiones que gestiona la Administración General del Estado -todas excepto las catalanas
y vascas- por un importe máximo de 40.251.827,1 euros (impuestos incluidos), a razón
de 3,35 millones al mes.
El plazo de ejecución es de un año, según se detalla en el anuncio de adjudicación
publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Interior tendrá que
formalizar ahora los encargos con las adjudicatarias, por lo que previsiblemente no
empezarán a prestar servicio hasta el mes de marzo.
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