La empresa OMBUDS sitúa el Concurso tras fracasar las conversaciones entre la Mercantil y las entidades financieras sobre la apertura del crédito, situación que era la única forma para intentar que los 8000 trabajadores y trabajadoras pudieran percibir sus salarios en forma rápida, ahora el Concurso alarga e impide esta posibilidad, que sin duda se demorará en el tiempo y que afecta a 8000 familias en España.
Una vez más los trabajadores y trabajadoras del sector de la seguridad asisten a una situación donde empresas debido principalmente a una gestión basada en bajos precios de adjudicación al amparo de las administraciones públicas y con la complacencia de los diferentes Gobiernos, son los trabajadores y trabajadoras que los que pagan este tipo de conductas empresariales y políticas instauradas en España en los últimos años.
ESABE, FALCON, SEGUIR IBÉRICA, LPM, SEQUOR, INTEGRAL CANARIA, MARSEGUR, y ahora OMBUDS forman un excesivo número de empresas que tras políticas de mercado basadas en el bajo precio de sus licitaciones abandonan el sector habiendo dejado millares de familias prácticamente en exclusión social y grandes deudas con la administración que además ha sido la mayor contratista de este tipo de empresas. En el caso de OMBUDS, las entidades bancarias que fueron rescatadas por la ciudadanía no han salido al rescate de las familias afectadas con la situación de OMBUDS, abordando abrir el crédito simplemente para abonar las nóminas de los trabajadores y trabajadoras cuya economía no les permite mantener cubiertas sus necesidades más esenciales sin cobrar.
La situación de Concurso como hemos venido advirtiendo deja al colectivo en un escenario laboral insostenible. Las experiencias sufridas en la seguridad ante este tipo de situaciones se alargan en el tiempo, así como en esta ocasión la Sentencia del Supremo en base a la subrogación de personal dificulta enormemente salvo en casos donde el cliente asuma la deuda, que las empresas acudan al rescate de clientes y trabajadores afectados al tener las empresas que asumir las deudas en materia fiscal y tributaria de la empresa ahora declarada definitivamente en Concurso.
Las dos centrales sindicales durante estos días han trasladado a responsables políticos de este país, así como a principales clientes, una vez más, que la seguridad privada en España está en fallida. La seguridad privada debe avanzar hacia un cambio de modelo eliminando en primer lugar la contratación de empresas a bajo precio, en la mayoría de los casos los precios de adjudicación no recogen ni tan siquiera los costes laborales plasmados en la negociación colectiva, ello es responsabilidad de empresas de bajo pelo instauradas en el sector y también de clientes, administraciones y el propio Gobierno.
Las dos centrales sindicales siguen insistiendo en que OMBUDS siga abonando nóminas a sus empleados, algunos han cobrado durante estos últimos días fruto de las conversaciones y tiene que seguir incrementando el número. A su vez anuncia movilizaciones en el territorio nacional contra un modelo de la seguridad privada en España que potencia a empresas desleales con el conjunto de la actividad, así como lesionar a sus trabajadores y trabajadoras con la complicidad de clientes, administraciones y Gobiernos.
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