En concreto, la Unidad Central de Seguridad Ciudadana, dependiente del Cuerpo Nacional de Policía, indaga casos de acoso y negligencia entre estos cargos y la empresa Sasegur. Sasegur es la firma contratada desde hace al menos cinco años para labores de vigilancia en la sede de Presidencia, situada en la Puerta del Sol.
Según la documentación obtenida por este medio, dicha unidad lleva desde finales de 2018 interrogando a testigos e investigando el papel de estos funcionarios.
Tres de ellos son el técnico especialista y responsable de Seguridad de la Comunidad Pablo Aledo el técnico de Seguridad Pedro Meroño y el supervisor Carlos Correcher.
Hay testimonios asegurando que estos cargos autonómicos violan la Ley de Seguridad Privada y se personan en lugares que no deben y dar órdenes que no les corresponde; grabaciones acosando y amenazando con despedir a vigilantes; fotos en las que se ve a empleados de seguridad privada dándoles masajes en horarios de trabajo, y otras actuaciones de carácter negligente.
Alguno de los funcionarios investigado ha protagonizado antaño otras polémicas. Correcher fue señalado como conseguidor en un escándalo ocurrido en junio de 2016 en una empresa dependiente del Ayuntamiento de Madrid: el Grupo Ilunión (antigua ONCE) perdió un contrato de seguridad valorado en cinco millones de euros en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del ayuntamiento por no presentar la documentación tras ganar el concurso, tal y como publicó El Independiente en septiembre pasado.
Las fuentes consultadas en ese momento apuntaron a Correcher como la persona que estaría detrás de la jugada. La adjudicación final se la llevó Castellana de Seguridad (Casesa).
Tres de ellos son el técnico especialista y responsable de Seguridad de la Comunidad Pablo Aledo el técnico de Seguridad Pedro Meroño y el supervisor Carlos Correcher.
Hay testimonios asegurando que estos cargos autonómicos violan la Ley de Seguridad Privada y se personan en lugares que no deben y dar órdenes que no les corresponde; grabaciones acosando y amenazando con despedir a vigilantes; fotos en las que se ve a empleados de seguridad privada dándoles masajes en horarios de trabajo, y otras actuaciones de carácter negligente.
Alguno de los funcionarios investigado ha protagonizado antaño otras polémicas. Correcher fue señalado como conseguidor en un escándalo ocurrido en junio de 2016 en una empresa dependiente del Ayuntamiento de Madrid: el Grupo Ilunión (antigua ONCE) perdió un contrato de seguridad valorado en cinco millones de euros en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del ayuntamiento por no presentar la documentación tras ganar el concurso, tal y como publicó El Independiente en septiembre pasado.
Las fuentes consultadas en ese momento apuntaron a Correcher como la persona que estaría detrás de la jugada. La adjudicación final se la llevó Castellana de Seguridad (Casesa).
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