12 vigilantes de un centro penitenciario serán trasladados a otros servicios tras el acuerdo de supresión de los servicios privados de vigilancia

La docena de empleados de los servicios de seguridad privada del Centro Penitenciario Provincial de Villahierro que hasta ahora se ocupaban de los servicios de control exterior del recinto de Mansilla de las Mulas, deberán ser trasladados por sus compañías a otros destinos, ante la decisión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de la mano del Ministerio del Interior, de devolver las competencias en esa materia a la Guardia Civil, puesto que se entiende por parte del ministerio que ha habido un descenso notable en la población de reclusos, que en la actualidad ronda lo 900 reos y que el control de la actividad que se realiza en este ámbito, puede ser asumido por le Benemérita perfectamente. Es una forma de eliminar costes alternativos.
Para ello, se repondrá el déficit de agentes de la Guardia Civil y de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en todo el país, de acuerdo a un ambicioso plan que en León, en materia penitenciaria, afecta más al colectivo de la Guardia Civil, que es quien asume más actividad en Villahierro, si bien buena parte de los traslados de reclusos corresponden a la Policía Nacional.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, avanzó esta semana la decisión en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para explicar los presupuestos de su departamento para 2019, que ascienden a 1.196 millones de euros, lo que supone un incremento del 3% respecto a 2018.
Importante número Actualmente, un importante número de cárceles están vigiladas en el exterior por agentes de la seguridad privada, pertenecientes a empresas con las que se formalizaron contratos durante el Gobierno del PP. Es el caso de la de Villahierro, que tuvo inicialmente ocho efectivos de seguridad privada y pasó luego a diez hasta llegar a la docena que había en la última estadística.
Pero según la intención del actual Ejecutivo es ir rescindiendo poco a poco esos contratos y a medida que se vayan reponiendo efectivos en la Policía y la Guardia Civil, ir cubriendo la seguridad exterior con estos funcionarios públicos