Defensa adjudica en forma provisional los servicios de seguridad a la empresa MARSEGUR

SEGURIDAD | MARSEGUR

Defensa adjudica en forma provisional los servicios de seguridad a la empresa MARSEGUR una de las marcas blancas de Miguel Ramirez

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30/12/2016 

El contrato de seguridad se ejecuta por un valor de 15.000.000 millones de euros y está destinado a la protección en el territorio nacional de edificios del Ministerio de Defensa.

El que ha sido denominado en distintos medios de comunicación como capo de la seguridad canaria, a través de la empresa MARSEGUR custodiaría estamentos militares en España.

Miguel Ángel Ramírez fue condenado en 2011 en Sentencia firme por un delito sobre ordenación del Territorio, a su vez fue indultado por el Gobierno.

Desde 2008 a 2012 una de sus empresas también de seguridad Privada defrauda 21 millones de euros ejerciendo malas prácticas en el abono de las nóminas de sus trabajadores. Irrumpe fuera de las Islas a través de la formalización de varias empresas d seguridad privada la ya conocida Seguridad Integral Canaria, MARSEGUR, SINERGIAS DE SEGURIDAD. Estas empresas disponen de condiciones laborales para el conjunto de trabajadores prácticamente rozando la esclavitud y muy por debajo del Convenio de Seguridad Privada de ámbito sectorial.

El Ministerio de Defensa ya sufrió en sus respectivos concursos que más allá de la propia Ley de Contratación Publica presentan elementos cuyos importes quedan lejos de la normalidad, experiencias como la de la empresa ESABE cuyo propietario sigue en busca y captura tras haber dejado a 5000 familias sin empleo ni indemnización, ahora amparados en la Ley de Contratación sitúan como adjudicataria a la empresa MARSEGUR, propiedad de Miguel Ángel Ramírez según publicaciones en prensa amigo del Ministro Soria.

Desde el Sindicato Sectorial de Seguridad de FeSMCUGT se exigirá, tanto social como con los elementos jurídicos a nuestro alcance, que en el marco de la subrogación de personal tanto Defensa, como parte actuante en el concurso, como Marsegur, como adjudicataria, apliquen el Convenio Colectivo de Seguridad Privada a la totalidad de vigilantes afectados.

En otra forma insta al Gobierno en general y a Defensa en particular que como garantes en condiciones laborales y de empleo, así como del seguimiento del fraude fiscal en nuestro país, resulta curioso que empresa como las de Miguel Ramírez imputadas por fraude consigan enormes contratos de seguridad retroalimentando desde las Administraciones el mismo fraude que luego dicen perseguir.

UGT dentro del reconocimiento que debe tener una contratación pública socialmente responsable, insta al Gobierno a buscar fórmulas de contratación de mano de obra intensiva que apueste por la calidad de sus servicios y no como en el caso de Defensa en precarizar condiciones laborales como único garante de conseguir contratos que pagamos entre todos los ciudadanos y ciudadanas.