La negociación del nuevo convenio estatal de seguridad privada ha entrado en una fase decisiva y mantiene en vilo a los casi 80.000 vigilantes y profesionales del sector en toda España, incluidos los más de 5.000 operativos en Galicia. El acuerdo, que marcará el rumbo del sector entre 2027 y 2030, busca equilibrar tres pilares fundamentales: mejoras salariales, estabilidad laboral y adaptación tecnológica.
📈 Subidas salariales y dignificación profesional
Las patronales del sector —APROSER, ASECOPS y FES, que agrupan a empresas como Prosegur, Securitas o Verisure— proponen un convenio de cuatro años con subidas económicas ligadas a la inflación y al crecimiento sostenido del mercado. Los sindicatos, en cambio, reclaman un incremento real del salario base, que actualmente se mantiene por debajo de los 1.100 euros mensuales, y una revisión profunda de los pluses de peligrosidad y nocturnidad, considerados obsoletos.
Desde las organizaciones sindicales se insiste en la necesidad de dignificar la profesión, recordando que los vigilantes desempeñan un papel esencial en infraestructuras críticas, hospitales, transporte y espacios públicos. “La responsabilidad que asumimos cada día no se corresponde con las condiciones actuales”, señalan fuentes sindicales en Galicia.
💰 Un sector con fuerte peso económico
El mercado español de la seguridad privada supera los 6.500 millones de euros anuales, con un crecimiento cercano al 5% y una plantilla que mantiene servicios esenciales de vigilancia, transporte de fondos y seguridad electrónica. Sin embargo, el modelo de licitaciones públicas a la baja sigue afectando directamente a los salarios y a la estabilidad de las plantillas.
Tanto sindicatos como patronales coinciden en que la Ley de Contratos del Sector Público necesita una reforma que priorice criterios de calidad y estabilidad laboral por encima del precio. De lo contrario, advierten, el sector seguirá atrapado en una espiral de competencia desleal y precarización.
🤖 Digitalización y reconversión profesional
Otro de los ejes del debate es la transformación tecnológica. La integración entre seguridad física y ciberseguridad está redefiniendo los perfiles profesionales. La implantación de inteligencia artificial, biometría y videoanalítica está permitiendo optimizar servicios y reducir intervenciones presenciales, pero exige una reconversión profunda en las competencias de los vigilantes.
Las patronales defienden que la formación tecnológica debe ligarse a la productividad, mientras los sindicatos reclaman que se enfoque en la mejora profesional y la protección del empleo. Ambas partes coinciden en que la formación digital será uno de los puntos centrales del nuevo convenio.
“El vigilante del futuro deberá dominar sistemas automatizados, gestión de datos en tiempo real y conocimientos básicos de ciberseguridad”, reconocen fuentes del sector.
🧠 Formación y cualificación: el nuevo valor añadido
El nuevo convenio podría incluir módulos formativos obligatorios relacionados con tecnología, sistemas de control remoto y seguridad electrónica. Este aspecto supone una oportunidad para consolidar la profesionalización del sector y abrir nuevas vías de especialización.
En este sentido, la formación acreditada y la actualización permanente se posicionan como el motor del cambio. Iniciativas como los cursos universitarios en Ciberseguridad, Infraestructuras Críticas o Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad, impulsados por entidades como INISEG o EUNEIZ, se perfilan como referentes para los profesionales que buscan adaptarse a las nuevas exigencias del mercado.
⚖️ Un equilibrio entre flexibilidad y derechos
El desafío principal será lograr un equilibrio entre la flexibilidad empresarial y los derechos laborales. Las patronales alertan de que sin adaptación tecnológica el sector perderá competitividad frente a operadores internacionales, mientras los sindicatos temen que la digitalización se utilice como excusa para abaratar costes o aumentar la subcontratación.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social observa de cerca el proceso, consciente del impacto social y económico del acuerdo. Se prevé que el nuevo texto pueda cerrarse antes de fin de año, con entrada en vigor a partir de enero de 2027.
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