El sector privado de la seguridad tiene en el Metro de Madrid un nuevo escenario para competir por decenas de millones de euros. La compañía pública ha sacado a concurso la vigilancia en recintos y dependencias de las más de 300 estaciones de sus 12 líneas, por las que pasaban 667 millones de viajeros en 2019. El presupuesto base total asciende a 265 millones de euros (VA incluido) y los contratos tienen un valor estimado total de 337 millones (sin IVA).
Estos servicios, en un contexto de avanzada reactivación de la demanda tras el bache que ha supuesto la pandemia, se otorgarán por un periodo de cuatro años y la propuesta técnica o criterios cualitativos tienen un peso del 60% sobre la decisión de adjudicación, por el 40% que se otorga a las ofertas económicas. En todo caso, el criterio de adjudicación se basa en la calidad-precio de las propuestas, y hasta 22,5 puntos de un total de 100 se dirimen por juicios de valor (37,5 puntos por la aplicación de fórmulas).
La Comunidad de Madrid adjudicó el último contrato de seguridad para el Metro en mayo de 2020 a Segurisa. Fue por 18 meses y para sustituir a Ombdus con la subrogación de unos 1.500 vigilantes en las líneas 7 y 9. Esta última estaba en proceso de liquidación y el encargo a Segurisa ascendió a 22,5 millones. Además de los efectivos de seguridad privada, el Metro de Madrid cuenta con la asignación de más de un centenar de miembros de la Policía Nacional especializados en la lucha contra el delito en sistemas de transporte. Otros recursos externos proceden del 112, SAMUR, SUMMA o de la Policía Local de Madrid. Los viajeros son supervisados en el suburbano madrileño por más de 8.000 cámaras.
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