El Ministerio de Hacienda ha ordenado la prohibición de contratar con el sector público a Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España SL durante un período de nueve meses y diez días, una medida que ha generado gran impacto en el sector de la seguridad privada.
La sanción, publicada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE), entró en vigor el 10 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el 19 de junio de 2026. La orden fue firmada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y afecta a todo el sector público, lo que impide a Prosegur concurrir a licitaciones estatales, autonómicas y municipales durante ese tiempo.
El marco legal: artículo 71.1.b de la LCSP
La medida se fundamenta en el artículo 71, apartado 1, letra b) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), que contempla la prohibición de contratar a aquellas empresas sancionadas por infracciones graves en distintas materias. Entre ellas:
Conductas que pongan en entredicho la integridad profesional.
Falseamiento de la competencia o infracciones en disciplina de mercado.
Vulneraciones en integración laboral, igualdad de oportunidades o no discriminación de personas con discapacidad.
Infracciones muy graves en materia laboral, social o medioambiental.
Actuaciones vinculadas a corrupción o discriminación por motivos de género u orientación sexual.
Aunque el documento oficial no detalla el motivo concreto que ha llevado a esta sanción, el hecho de que se haya aplicado a nivel general demuestra la gravedad que Hacienda atribuye a la infracción cometida.
Repercusiones en el sector
La decisión supone un golpe significativo para Prosegur, que es uno de los principales actores del sector de la seguridad en España y gestiona contratos millonarios con organismos públicos. Su exclusión hasta mediados de 2026 abrirá la puerta a que otras compañías de seguridad ocupen su espacio en concursos clave de instituciones públicas.
Desde el sindicato ADN Sindical de Seguridad y Servicios de Cataluña, que desveló la sanción, se reconoce que por ahora se desconocen las causas específicas. Ni el Ministerio de Hacienda ni Prosegur han ofrecido declaraciones oficiales.
Un contexto de contrastes
Paradójicamente, esta sanción coincide con un momento en el que Prosegur anunció un aumento de su beneficio neto del 80,2% en el primer semestre de 2025, alcanzando los 64 millones de euros. Un contraste que refleja las luces y sombras de la compañía: mientras mejora sus resultados financieros, afronta limitaciones legales que condicionarán su operativa en el ámbito público.
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