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lunes, 29 de septiembre de 2025

ABANCA retira a los vigilantes de seguridad de sus oficinas móviles: ¿un ahorro a costa de la protección ciudadana?




A partir del próximo día 30, ABANCA dejará de contar con vigilantes de seguridad en sus oficinas móviles, unas unidades itinerantes que recorren buena parte del territorio gallego y que han sido clave para acercar la banca a las zonas rurales.

Oficinas móviles: un servicio esencial en el rural

En estas oficinas se realizan operaciones con efectivo, trámites administrativos y gestiones personales. Para muchas personas mayores o colectivos con difícil acceso digital, constituyen la única forma de mantener contacto directo con su entidad bancaria.

Hasta ahora, la presencia de vigilantes de seguridad garantizaba un entorno protegido tanto para empleados como para clientes. Suprimir esta figura implica dejar expuestos a ambos ante riesgos previsibles como robos, atracos o intentos de agresión, especialmente en localidades donde la presencia policial es limitada.

El marco legal en juego

La Ley de Seguridad Privada (Ley 5/2014) establece que los vigilantes son los responsables de la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y personas, así como de la custodia del transporte de dinero en efectivo. Las oficinas móviles cumplen con estas condiciones al trasladar fondos y atender al público en espacios abiertos.

Del mismo modo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) obliga a los empleadores a proteger a sus trabajadores frente a cualquier riesgo grave o inminente. Retirar la vigilancia en estas unidades plantea serias dudas sobre el cumplimiento de este deber.

Una decisión polémica

Reducir costes eliminando medidas de protección plantea un dilema evidente: ¿debe la rentabilidad situarse por encima de la seguridad de empleados y clientes?
El riesgo no es hipotético: los servicios financieros móviles han sido históricamente objetivo de la delincuencia.

Consecuencias posibles

La retirada de la seguridad privada puede derivar en:

  • Mayor vulnerabilidad para trabajadores que manejan efectivo en entornos aislados.

  • Inseguridad para clientes, en su mayoría personas mayores.

  • Pérdida de confianza en un servicio que estaba concebido para acercar la banca al rural.






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