La seguridad privada en España se enfrenta a un nuevo capítulo clave en su historia laboral. La patronal mayoritaria del sector ha solicitado abrir con antelación la negociación del próximo convenio colectivo estatal, que debería entrar en vigor en 2027 y que afectará directamente a más de 80.000 profesionales.
A primera vista, esta iniciativa podría interpretarse como un gesto de responsabilidad, un intento de evitar los habituales retrasos que suelen condenar a la plantilla a meses —e incluso años— de incertidumbre sin incrementos salariales. Sin embargo, conviene mirar más allá de la superficie y analizar qué se juega realmente en esta nueva mesa de negociación.
Un sector marcado por la precariedad
El actual convenio, firmado en 2023 y vigente hasta 2026, incluyó un aumento salarial del 16%. Un avance notable en cifras, pero que no logra enmascarar una realidad incómoda: la seguridad privada sigue instalada en un escenario de salarios bajos, con escaso reconocimiento social y una presión competitiva feroz.
Las empresas han convertido la guerra de precios en la norma habitual de las licitaciones públicas y privadas. El resultado es evidente: adjudicaciones a la baja que reducen los márgenes hasta niveles insostenibles y que, para cuadrar cuentas, terminan repercutiendo en la calidad del servicio y en las condiciones laborales de los vigilantes.
Este modelo de negocio, centrado únicamente en la facturación y en ganar cuota de mercado a cualquier precio, no solo erosiona derechos; también pone en riesgo la dignidad profesional del colectivo y la imagen del propio sector.
Negociar con tiempo, ¿para qué?
Abrir la negociación con antelación podría servir para dar estabilidad y certidumbre a miles de profesionales que necesitan claridad en su futuro inmediato. Sin embargo, también cabe la sospecha de que se trate de un movimiento estratégico de las patronales para asegurar posiciones antes de un escenario económico incierto, marcado por la inflación, la presión fiscal y la creciente exigencia de calidad en los contratos.
El dilema es claro: ¿se busca de verdad mejorar las condiciones del personal o se trata únicamente de blindar un marco laboral que permita seguir compitiendo a la baja en las licitaciones?
El reto pendiente: calidad frente a cantidad
La seguridad privada necesita romper definitivamente con el modelo de precarización. Es hora de que el nuevo convenio mire más allá de los porcentajes salariales y se enfoque en garantizar estabilidad, reconocimiento profesional y condiciones dignas.
La profesionalización del sector, la inversión en formación y la apuesta por la calidad deberían ser los pilares de un acuerdo que, en lugar de maquillar cifras, marque un verdadero punto de inflexión.
Porque, al final, la pregunta clave no es cuánto suben los salarios, sino qué modelo de seguridad privada queremos para el futuro:
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¿Uno basado en el dumping económico, la rotación constante y el desgaste del personal?
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¿O uno que ponga en el centro la profesionalidad de quienes, día a día, velan por la seguridad de todos?
La próxima negociación será la respuesta. Y de ella dependerá no solo el bolsillo de los trabajadores, sino la propia credibilidad de un sector que sigue buscando su lugar en la sociedad.
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