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| Imagen ficticia. |
Madrid. La justicia ha condenado a la Entidad de Conservación de La Moraleja a readmitir a su director de Seguridad, despedido de forma ilegal tras 28 años de antigüedad, según establece una sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid.
El fallo declara nulo el despido y obliga a la entidad a reincorporar al profesional en su puesto, además de abonar los salarios dejados de percibir desde la fecha del cese.
La resolución judicial considera que la decisión empresarial vulneró derechos fundamentales del trabajador y que la carta de despido carecía de la concreción necesaria para justificar la medida.
Despido tras solicitar conciliación
La sentencia subraya que el despido se produjo poco después de que el director de Seguridad solicitara una reducción de jornada por motivos de conciliación familiar, un derecho especialmente protegido por la legislación laboral. Para la magistrada, existe una conexión temporal evidente entre la solicitud y el cese, lo que refuerza la nulidad de la decisión empresarial.
Asimismo, el juzgado reprocha a la entidad que no acreditara de forma suficiente las supuestas causas disciplinarias alegadas, calificando la comunicación de despido como genérica e imprecisa, sin detallar hechos concretos ni pruebas.
Readmisión y salarios de tramitación
Además de la readmisión, la condena incluye el pago de los salarios de tramitación, que podrían superar los 75.000 euros, en función del tiempo transcurrido desde el despido. En algunas informaciones también se apunta a una indemnización adicional por daños morales, derivada de la vulneración de derechos fundamentales, si bien este extremo queda supeditado a lo que se determine definitivamente en ejecución de sentencia.
Un caso con impacto en el sector
El caso ha generado repercusión en el ámbito de la seguridad privada, tanto por la larga trayectoria profesional del afectado como por el papel estratégico que desempeña la dirección de Seguridad en entornos residenciales de alta complejidad. Fuentes conocedoras del proceso señalan, además, que el director contaba con el respaldo de una parte significativa de los vecinos.
La resolución no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mientras tanto, el fallo refuerza la jurisprudencia que protege el ejercicio de los derechos de conciliación y exige a las entidades una motivación rigurosa cuando adoptan medidas disciplinarias de máxima gravedad.
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