El Juzgado de lo Penal número 1 de Murcia ha impuesto penas mínimas a una red que se dedicaba a falsificar tarjetas de identidad profesional (TIP) de vigilantes de seguridad y certificados académicos. En el transcurso del juicio los 18 acusados en el procedimiento -que han estado representados por una larga lista de abogados como Andrés Silvente, Verónica Gómez, Mariano Bo, Pablo Martínez o Miguel Chamorro- reconocieron los hechos que se les imputaban y alcanzaron un acuerdo por el que la Fiscalía rebajó las penas a las que se enfrentaban. El Ministerio Público, a la hora de fijar las condenas, tuvo en cuenta el retraso sufrido en la instrucción de esta causa, que arrancó a finales de 2014, y les reconoció una atenuante de dilaciones indebidas.
Los dos principales acusados, A.M. y L.B., se conformaron con penas de un año y dos meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de pertenencia a grupo criminal. Ambos deberán afrontar, asimismo, una multa de 540 euros. Para el resto de implicados en esta trama las penas son aún menores, escapando varios de ellos con penas únicamente de multa.
Sellos del Ayuntamiento y la comisaría
La Policía Nacional destapó esta trama de documentos falsificados tras recibir una alerta desde la unidad territorial de Seguridad Privada de la jefatura superior de Cataluña. En ella, explica el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, se advertía de la posibilidad de que se estuviera demandando a una empresa la fabricación de un distintivo del personal de seguridad privada con una TIP falsa. Tirando del hilo los investigadores descubrieron que A.M. y su pareja L.B. se dedicaban a la elaboración y venta de las mencionadas tarjetas y de diferentes títulos académicos.
Lo hacían desde su vivienda en Las Torres de Cotillas utilizando una papelería del municipio para adquirir el material de imprenta y varios sellos, entre los que se encontraban el del Ayuntamiento de la localidad o el de la comisaría de Policía, según consta en la sentencia. Esas TIP, incide el fiscal, son exclusivamente expedidas por la Dirección General de Policía una vez superadas las pruebas de selección.
En el banquillo se sentaban además otros procesados que reconocieron haber adquirido títulos académicos falsos -por ejemplo del instituto Vega del Táder de Molina de Segura- para matricularse en otros centros o para acceder al Ejército.
SIGUENOS EN TELEGRAM
No hay comentarios:
Publicar un comentario
DEJANOS TU COMENTARIO