La AUGC ha propuesto a la Secretaría de Estado de Seguridad acabar con el problema de vigilancia en el exterior de las cárceles españolas, donde faltan los vigilantes de seguridad privada son hasta ahora encargados de recibir a las visitas o tramitar los permisos de entrada en las prisiones. La empresa concesionaria de este servicio en algunas comunidades autónomas, Ombuds, se encuentra en concurso de acreedores y no puede prestar el servicio.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Valencia ha propuesto a la Secretaría de Estado de Seguridad la sustitución de los vigilantes privados en centros penitenciarios de la Comunidad Valenciana por agentes de la Guardia Civil en reserva sin destino.
La asociación ha incluido esta propuesta entre los temas de la reunión del pasado miércoles. Según la AUGC, la medida “ahorraría al Estado 264 millones de euros, y evitaría problemas añadidos” derivados de contratar una empresa externa que se encargue de la vigilancia de cárceles.
Desde el año 2013 la empresa Ombuds gestiona la seguridad privada de los exteriores en las siete prisiones de Madrid, la de Cáceres y las seis de Castilla-La Mancha, entre las que se encuentra La Torrecica (Albacete), donde se ha recortado la plantilla un 33 por ciento. Los puestos y las funciones de seguridad a cubrir las están haciendo guardias civiles, que denuncian la situación y piden que se anulen los contratos, así como que estas funciones pase a realizarlas el personal de reserva, según denunció la propia AUGC.
Desde el año 2013, estas funciones de seguridad las realizan empresas privadas tras su externalización por parte del Ministerio del Interior. Así, la empresa Ombuds, de la familia Cortina, tiene adjudicadas las siete prisiones de Madrid, las seis de Castilla-La Mancha y la de Cáceres.
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