
En concreto, denuncia que la empresa no ha proporcionado aún a los trabajadores la uniformidad requerida. En un comunicado, CSIF señala que “han pasado casi cuatro meses desde la asignación de los servicios y la empresa no ha suministrado la uniformidad estipulada en el Art. 23 del convenio colectivo nacional de empresas de seguridad privada”, algo que está relacionado con el Art. 48 segundo párrafo, del acuerdo marco del Gobierno de Navarra, en el que se indica que
“los servicios contratados se ejecutarán de acuerdo con las condiciones establecidas en este pliego, en los pliegos de condiciones particulares de los contratos derivados del Acuerdo Marco, según lo establecido en la Ley 5/2014, de 5 de abril, de Seguridad Privada y su normativa de desarrollo, así como el resto de normativa aplicable a los servicios de seguridad privada, tanto en el ámbito que afecte a la propia ejecución de los servicios, como a aquellos relativos a los aspectos laborales de los trabajadores”. Con esta “dejación”, afirma CSIF, “se puede poner en peligro la integridad física y la salud de los mismos vigilantes de seguridad, incluso de los funcionarios que trabajan en los diferentes edificios o recintos y de los ciudadanos en general, que acuden a los mismos y resalta que tampoco se ha entregado a los vigilantes la tarjeta identificativa que el Gobierno de Navarra les exige. El comunicado concluye solicitando al “Departamento de Interior que actúe de forma contundente”.
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