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EJEMPLO REAL DE UNA LICITACIÓN PUBLICA DE UN SERVICIOS H24 DE LA CONSELLERIA DE VIVIENDA |
El convenio colectivo y las licitaciones públicas
Introducción: La precarización institucionalizada
La seguridad privada, un sector esencial, enfrenta una dura realidad: salarios mínimos para los vigilantes y empresas al borde de la rentabilidad. Todo esto ocurre bajo un sistema de licitación pública que prioriza el precio más bajo sobre la calidad del servicio, basado en un convenio colectivo que ha dejado de ser una herramienta de protección para convertirse en una trampa.
El convenio colectivo: ¿protección o cadena?
Según los cálculos, el salario anual base de un vigilante es de 19.589 €. A esto se suman los pluses de nocturnidad y fines de semana, que incrementan el coste anual del servicio a más de 141.000 € para un equipo de 5 vigilantes. Las empresas operan con márgenes mínimos y sin capacidad para mejorar las condiciones salariales.
El negocio de la seguridad: Margen mínimo
Con un beneficio empresarial limitado al 6%, las empresas apenas logran cubrir los gastos generales y cumplir con los costes marcados por el convenio. Esto crea un círculo vicioso donde no hay espacio para mejorar las condiciones laborales ni ofrecer servicios de mayor calidad.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Por qué las licitaciones públicas afectan tanto al sector?
Porque están basadas en precios máximos que apenas cubren los costes operativos establecidos por el convenio colectivo.
¿Qué propuestas existen para mejorar esta situación?
Revisar los criterios de las licitaciones, permitir márgenes empresariales más amplios y garantizar condiciones laborales dignas para los vigilantes.
¿Cómo afecta esto a los trabajadores?
Los vigilantes reciben salarios mínimos sin posibilidad de mejora, mientras las empresas enfrentan riesgos financieros constantes.
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