La sentencia STSJ PV 324/2024 emitida por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco trata sobre un recurso de suplicación interpuesto por la empresa Delta Seguridad S.A. contra una sentencia previa del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao, que había declarado nulo el despido de un trabajador llamado Avelino y ordenado su readmisión.
Antecedentes:
Relación Laboral y Despido: Avelino, un trabajador con contrato indefinido desde 2018, fue despedido por Delta Seguridad S.A. en enero de 2022, alegando causas objetivas debido a una disminución de la demanda de servicios de escolta, que es el servicio que el trabajador realizaba.
Demanda y Sentencia Inicial: Avelino presentó una demanda alegando que su despido era nulo, argumentando que la verdadera razón detrás del despido era una represalia por las reclamaciones judiciales que había realizado previamente contra la empresa.
Sentencia del Juzgado de lo Social: El Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao falló a favor de Avelino, declarando nulo el despido, y condenó a la empresa a readmitirlo y pagarle los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido.
Fundamentos del Recurso:
Delta Seguridad S.A. recurrió esta sentencia argumentando que:
- El despido se ajustaba a derecho por las causas objetivas señaladas.
- Alternativamente, que el despido debía ser considerado improcedente en lugar de nulo.
Decisión del Tribunal Superior:
El Tribunal Superior desestimó el recurso de la empresa, confirmando la nulidad del despido. Se basó en:
- La existencia de indicios suficientes que apuntaban a que el despido fue en represalia por las reclamaciones judiciales del trabajador, lo que constituye una vulneración de la garantía de indemnidad.
- La empresa no logró demostrar que la decisión de despedir a Avelino estaba basada en causas objetivas legítimas y no en represalias.
Resultado:
El Tribunal confirmó la nulidad del despido, obligando a Delta Seguridad S.A. a readmitir al trabajador y pagarle los salarios correspondientes desde la fecha del despido. Además, impuso a la empresa las costas del recurso.
Este fallo reitera la protección que el ordenamiento jurídico otorga a los trabajadores frente a represalias por ejercer sus derechos, especialmente en el contexto de reclamaciones judiciales.
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