Vigilante armado pide la incapacidad por depresión neurótica y el juez dice que así hay muchos.

La respuesta del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz ha sido escueta pero clara: "La situación del demandante, en principio, es similar y puede ser mejor que la de otros muchos demandantes. El retraso estructural de todas las jurisdicciones no puede resolverse con criterios subjetivos arbitrarios", recoge el auto con fecha de 23 de marzo de 2021 en el que el juez decide mantener la vista para septiembre de 2022.
El vigilante de seguridad, representado en este litigio por el graduado social José Blas Fernández, considera, no obstante, que su situación es "crítica" por las características de su categoría profesional y su estado psíquico.

El vigilante de seguridad, que trabaja actualmente en un puerto de la provincia de Cádiz especialmente activo, ha estado de baja 545 días, el plazo máximo, por sus problemas físicos (sufrió un disparo en el hombro izquierdo hace años) y mentales. Tramitó, sin éxito, su incapacidad permanente en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, de ahí que acudiese a los tribunales, donde tiene la vista pendiente.

Tal y como recoge la petición para adelantar el juicio, presentada el 18 de marzo de 2021, en la causa constan informes médicos de la Unidad de Salud Mental en los que el especialista manifiesta reiteradamente que el demandante no se encuentra capacitado para un desempeño adecuado de su empleo.

Asimismo, refleja que el vigilante de seguridad toma fármacos para la depresión y sufre un alto nivel de irritabilidad, "lo que en su puesto de trabajo es un riesgo tanto para él como para terceros", pues, insiste, porta un arma de fuego.

"El hecho de trabajar en un ambiente hostil de vigilancia y en un lugar donde ha habido muchas situaciones relacionadas con la droga y la delincuencia, preocupa, ya que podría ocurrir un hecho que roce la desgracia", alega Blas Fernández en su escrito, en el que alude nuevamente a los informes de Salud Mental sobre el estado de ansiedad del demandante y el temor que siente éste "a perder el control de sus actos".
Plantear el adelanto de la vista oral era necesario, según la representación legal del vigilante de seguridad. "Se comprende que este juzgado tiene un volumen considerable de procedimientos que obliga a señalar los juicios a dos años vista, pero de manera excepcional se solicita revisar el presente procedimiento ante la preocupante situación psíquica del demandante con el objetivo de celebrar la vista oral en los próximos meses", señala Blas Fernández en su petición de adelanto, ahora denegada.
La respuesta del juez Eloy Hernández, titular del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz, ha sido contundente: hay personas que están peor que el vigilante. A esperar.