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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado el despido procedente al exjefe de seguridad de la Real Federación Española de Fútbol por una "trama de facturación falsa"


El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado el despido procedente, dictado por un juzgado de lo Social, del exjefe de seguridad de la Real Federación Española de Fútbol por una "trama de facturación falsa" en connivencia con cargos de una empresa externa de seguridad, descubierta en 2018 y por la que fue despedido.

 

La Sección Quinta del TSJM rechazó en una sentencia de noviembre de 2019, difundida este miércoles por el Sindicato Alternativa Sindical, el recurso interpuesto por el exjefe de seguridad contra el auto del Juzgado de lo Social número 31 de Madrid dictado el 13 de junio de 2019 y la confirma en todos sus extremos.

 

Contra esa decisión cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

 

Se trata del que fue máximo responsable de seguridad de la Federación entre 2004 y 2018, durante el mandado del anterior presidente del organismo, Ángel María Villar, quien fue arrestado en el verano de 2017 en la denominada Operación Soule por los delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.

 

Villar fue sustituido por Luis Rubiales el 17 de mayo de 2018 y reelegido para el cargo el pasado mes de septiembre. La trama de facturas falsas fue denunciada por un cargo nombrado por la actual dirección de la Federación.

 

En la sentencia el TSJM considera probado que el que era máximo responsable de seguridad de la Federación participó en una "trama de facturas falsas" en connivencia con un gerente de la empresa externa de seguridad, que era la empresa que daba el servicio, para obtener lucro económico.

 

Destaca como ejemplos, entre otros, el servicio relativo al partido entre España y Croacia celebrado en Elche en septiembre de 2018, para el que el demandante solicitó que se contraten seis coordinadores de seguridad cuando en realidad se acreditaron solo dos coordinadores.

 

Asimismo, en el servicio de la final de la Copa del Rey del 21 de abril de 2018 solicitó la contratación de 24 coordinadores pero solo se acreditaron catorce.

 

La sentencia recuerda que el demandante comenzó a ser jefe de seguridad de la Federación en 2004 y era el que organizaba y controlaba todo el área, hasta que en julio de 2018 fue contratado un superior, con el cargo de responsable del Departamento de Integridad y Seguridad. La empresa externa fue contratada por la Federación en 2016.

 

El nuevo cargo detectó irregularidades a partir del partido entre España y Croacia en Elche y emitió un informe en el que advierte de que las facturas emitidas por la empresa externa no se corresponden con los servicios prestados, y que personal de esta empresa tiene conocimiento de esa trama de facturación falsa.

 

La RFEF despidió al demandante y el juzgado de lo social consideró válido su despido.

 

Ahora los magistrados del TSJM ratifican que "existía una connivencia" entre el exjefe de seguridad y un gerente de Securitas para que el primero "obtuviera un lucro económico" y "para realizar la facturación de los servicios contratados el actor le comunicaba al gerente el número de coordinadores y de horas que necesitaba para prestar un servicio de seguridad concreto, pero le exigía que en la factura constara una determinada cantidad, más elevada".

 

Así el gerente de Securitas emitía la factura acordada y luego "entregaba un sobre con el exceso de precio del servicio contratado" al que era jefe de seguridad, algo que era "autorizado por su empresa y ante el temor de perder la contrata de seguridad, dado que el actor se lo venía advirtiendo en todo momento".

 

El sindicato Alternativa Sindical ha considerado "inaudito" que, tras este procedimiento judicial, la Real Federación de Fútbol "siga manteniendo dos contratas en materia de seguridad" con la empresa externa que actuó en connivencia con el despedido: una para el servicio de vigilantes de seguridad y sistemas de seguridad, y otra para servicios auxiliares.





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