La trabajadora, que denunció las presiones y sufrió un ataque de ansiedad que le llevó a coger la baja unos días, ha recibido la notificación del cambio de servicio al reincorporarse y después de que el Instituto Armado comunicara a la empresa concesionaria, Transportes Blindados SA (Trablisa), que “no es apta para desempeñar las funciones de auxilio y colaboración en las labores de control y comprobación que debiera efectuar en los distintos puestos de responsabilidad de la Guardia Civil” en El Prat.
Fuentes sindicales explican que la trabajadora llevaba 14 meses en ese puesto de trabajo y tenía todas las formaciones necesarias para el mismo. Además señalan que no es una práctica habitual y cuestionan por qué no se ha hecho esa observación en el tiempo que ha trabajado hasta ahora. Desde la empresa admiten que no es una práctica habitual y afirman que ha habido algún otro caso. Asimismo, sostienen que se ha buscado un puesto similar en horarios de trabajo y desplazamientos para la vigilante de seguridad. Las competencias de la seguridad de la infraestructura corresponden a la Guardia Civil. Los trabajadores de la empresa adjudicataria de los controles de acceso, según la ley de seguridad privada, deben “colaborar, en todo momento y lugar, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con sujeción a lo que éstas puedan disponer en relación con la ejecución material de sus actividades”.Ese ha sido el argumento de la empresa concesionaria tras las quejas de los trabajadores por el rol del cuerpo policial.
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