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martes, 20 de agosto de 2019

La reunión entre metro y ombuds con el servicio de mediación termina sin acuerdo





La reunión entre Metro de Madrid y la empresa de seguridad Ombuds llevada a cabo este martes ante el Servicio de mediación, arbitraje y conciliación, que trataba sobre los impagos de salarios a vigilantes de seguridad, se ha saldado sin un acuerdo.

El acto de conciliación versaba sobre la demanda que el sindicato Alternativa Sindical ha interpuesto contra Metro de Madrid y la empresa Ombuds por el impago de salarios a más de 500 vigilantes de seguridad que operan en el suburbano madrileño.

Según apunta en un comunicado el sindicato, que ha llevado a cabo huelgas este mes de agosto tanto en el suburbano como en la Empresa Municipal de Transportes (EMT), en el acto de conciliación han comparecido Metro de Madrid y Ombuds a través de sus abogados.

Ambos han manifestado su intención de hacer las consideraciones oportunas en el propio juicio, que en "breves" tendrá fecha de señalamiento, añade la nota.

Alternativa Sindical procedió a presentar la demanda después de que Ombuds entrase en concurso de acreedores, y exige la responsabilidad solidaria de Metro de Madrid de conformidad con el artículo 42 -sobre contratación de obras y servicios- del real decreto legislativo 2/2015.

Alternativa Sindical apunta que el citado artículo "establece que los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellos deberán comprobar que dichos contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social".




"El empresario principal responderá durante los tres años siguientes a la terminación de su encargo, responderá solidariamente de las obligaciones referidas a la Seguridad Social contraídas por los contratistas y subcontratistas durante el periodo de vigencia de la contrata", añade el artículo.

El sindicato interpuso la demanda después de exigir sin éxito a Metro de Madrid la rescisión del contrato con Ombuds, por lo que ahora "deberá asumir las consecuencias de la contratación de una empresa de dudosa solvencia", añade la nota. EFE




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