El anterior accionista mayoritario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, que se desvinculó de la empresa hace meses, corroboró ayer la existencia de ese problema en las cámaras acorazadas durante su declaración en el juicio que se sigue contra el magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba.
Cuando las acusaciones le preguntaron por qué sus empresas se han querellado contra el nuevo consejero delegado de Seguridad Integral Canaria, su antiguo socio Héctor de Armas, Ramírez explicó que porque han detectado indicios de que cometió varios delitos.
En concreto, su grupo de empresas ha denunciado a De Armas por administración desleal, por una posible estafa y por un descuadre en las cámaras acorazadas, cuya cuantía Ramírez no pudo precisar al tribunal, pero que sí dijo que rondaba los 700.000 euros.
AUDITORÍA DE EMPRESA
El secretario general nacional de USO, Basilio Febles, y el responsable de seguridad privada en Canarias, Juan Agustín Díaz, han informado en una rueda de prensa de esta "sustracción" detectada en una auditoría por la empresa Loomis, del grupo Securitas, que desde el 1 de julio desarrolla el servicio de transporte blindado que hacía Seguridad Integral tras subrogar a 200 trabajadores y hacer frente a la deuda que dejó la empresa canaria.
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