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martes, 30 de abril de 2019

¿Sabes cómo solicitar la eliminación de fotos o de vídeos publicados en internet? Tu imagen es un dato personal, tanto si apareces en una foto como en un vídeo.




Tu imagen, tanto una foto como un vídeo en el que apareces, es un dato personal. La difusión de imágenes o vídeos publicados en diferentes servicios de internet sin exista legitimación para tratar este dato tuyo, sobre todo en redes sociales, es un tema que se plantea con frecuencia ante la Agencia. El Reglamento General de Protección de Datos reconoce a las personas el ejercicio del derecho de supresión.

La Agencia Española de Protección de Datos tutelará tu derecho de supresión si, después de haberte dirigido al responsable por un medio que permita acreditarlo, dicho responsable del tratamiento de datos no te ha respondido en el plazo establecido o si consideras que la respuesta no ha sido adecuada, de forma que podrás presentar una reclamación al respecto.




¿Qué debes hacer?


El ejercicio del derecho de supresión sólo puede solicitarlo el afectado o, en caso de tratarse de menores de 14 años, sus padres o tutores legales.

Siempre que las circunstancias lo permitan, es recomendable contactar con quien subió el contenido solicitando su eliminación.


Si no consiguieras tu objetivo, deberías necesariamente solicitar el borrado a la plataforma que ha proporcionado los medios para la publicación, esto es, la red social o el portal de video en que se han publicado esas imágenes o vídeos, acreditando tu identidad e indicando qué enlaces son los que contienen los datos que quieres cancelar.

La empresa debe resolver sobre la solicitud de supresión en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de la misma. Transcurrido ese plazo sin que de forma expresa te respondan a la petición o si consideras que esa respuesta es insatisfactoria, puedes interponer la correspondiente reclamación ante esta Agencia, acompañando la documentación acreditativa de haber solicitado la supresión ante la entidad de que se trate.

Este punto es muy importante, ya que si no puedes acreditarnos que has ejercido en primer lugar tu derecho de supresión ante dicha empresa no podremos ayudarte.

Las redes sociales más populares, por su parte, disponen de mecanismos establecidos para comunicarles vulneraciones de la privacidad o contenidos inapropiados mediante sus propios formularios.

A continuación, detallamos algunos de los métodos que ofrecen.
Facebook





La red social ofrece un servicio de ayuda para avisar de fotos o vídeos que puedan infringir el derecho fundamental a la protección de datos. Facebook ofrece varias opciones en función de las circunstancias de cada caso concreto. También permite denunciar una conducta abusiva mediante el enlace Denunciar, que aparece situado junto a la mayoría de los contenidos publicados en Facebook.

Google




La compañía dispone de una página desde la que se puede solicitar la retirada de contenido de sus diferentes servicios. En el caso del servicio de vídeos YouTube, se te ofrecerán diferentes opciones en caso de abuso o acoso,vulneraciones de la privacidad, denuncia de contenidos sexuales, contenidos violentos u otros problemas. Por otro lado, si consideras que un vídeo colgado en YouTube incluye un contenido inapropiado puedes utilizar el icono con forma de bandera (Denunciar) para avisar del contenido y que la empresa lo revise.


Twitter




La red aglutina en esta página diferentes formas de informar sobre diversos incumplimientos, entre los que se encuentran la publicación de información privada en Twitter, la usurpación de identidad, o el acoso.
Instagram


La red social Instagram cuenta con una página desde la que se puede reportar contenido publicado por terceros sin tu consentimiento que incluya información personal, así como informar de conductas abusivas o de casos de hostigamiento o acoso.
No figurar en resultados de buscadores


Por último, las personas tienen derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a sus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet realizada por su nombre.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE confirmó, como ya venía aplicando la Agencia en sus resoluciones, que las personas tienen derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de sus datos personales en los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima (en el caso de boletines oficiales o informaciones amparadas por las libertades de expresión o de información).

Puede obtener más información sobre en la sección sobre “derecho al olvido”.



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funciones que desempeña la Unidad Central de seguridad privada



Funciones
Las funciones que desempeña la Unidad Central se ejecutan a través de la Brigada Central de Inspección e Investigación y la Brigada Central de Empresas y Personal, que la integran y consisten en:
  • Autorizaciones y habilitaciones:
    • Autorización, Inscripción y Registro de nuevas empresas de Seguridad
    • Autorización y registro de Centros de Formación para personal de seguridad, y acreditación de profesores.
    • Participación en tribunales y supervisión de las pruebas de selección de aspirantes a vigilantes de seguridad y sus especialidades
    • Preparación y realización de exámenes de Jefes y Directores de seguridad
    • Acreditación y registro de personal de seguridad en sus distintas especialidades, incluyendo Detectives Privados.
  • Seguimiento, control e inspección:
    • De los servicios o actuaciones realizadas por las empresas de seguridad habilitadas en sus distintas actividades.
    • Control e inspección de establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad.
    • Control e inspección de centros de formación para vigilantes de seguridad y sus especialidades.
    • Control e inspección de despachos de detectives
  • Detección de intrusismo:
    • Investigación y detección de empresas que prestan servicios de seguridad careciendo de autorización.
    • Investigación y detección de personal que presta servicios de seguridad careciendo de habilitación.
  • Captación de información relevante: :
    • Captación de información sobre hechos delictivos que afecten a la seguridad ciudadana.
  • Procedimientos sancionadores: 
    • Propuesta de resolución de expedientes sancionadores por faltas graves y muy graves incoados en todo el territorio nacional.
    • Propuesta de resolución de Recursos de Reposición, Alzada y Revisión.
  • Estudios normativos: 
    • Elaboración de informes para la interpretación y desarrollo de la normativa de seguridad privada.
Actividades derivadas de las funciones:
  • Con empresas, establecimientos y usuarios: 
    • Convocatoria de reuniones periódicas por sectores.
    • Atención y asesoramiento directo a cada uno de los problemas, que planteen como prestatarios o usuarios, de servicios de seguridad privada.
    • Facilitar medios de comunicación y contacto para favorecer el desarrollo de su labor.
    • Elaboración de encuestas que permitan conocer la problemática del sector.
    • Seguimiento de la Sala de Coordinación Operativa de Seguridad Privada, centro de atención permanente al personal de seguridad privada.
    • Preparación de seminarios, a nivel nacional y europeo, que permitan conocer y comparar el funcionamiento de la seguridad privada y su normativa.
    • Preparación de los contenidos y convocatoria de la Comisión Mixta Central de Coordinación de Seguridad Privada.
    • Asistencia a reuniones convocadas por distintos organismos relacionados con el sector.
  • Con la Administración, Unidades Territoriales de Seguridad Privada y otras Unidades Policiales: 
    • Convocatorias de reuniones periódicas con las Unidades Territoriales de Seguridad Privada, así como con otros órganos policiales relacionados con la actividad de seguridad privada.
    • Asistencia a reuniones con la Secretaría de Estado de Seguridad y la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.
    • Elaboración de estadísticas sobre el funcionamiento de los grupos de seguridad privada.
    • Preparación de las posibles modificaciones de la normativa.
    • Participación en los tribunales de exámenes para vigilantes de seguridad y sus especialidades.
    • Preparación, convocatoria y ejecución de exámenes para Jefes y Directores de Seguridad.




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lunes, 29 de abril de 2019

En vísperas del macropuente en la Comunidad de Madrid: Largas colas en Barajas por la continuación de la huelga de vigilantes



En vísperas del macropuente en la Comunidad de Madrid en esta primera semana de mayo, continúan los problemas en Barajas por la huelga indefinida de vigilantes de filtros de seguridad, que llevan en esta situación desde el pasado día 12 de abril.


Por ello, en el aeropuerto continúan las largas colas para pasar a las zonas de embarque, por lo que se recomienda a los viajeros que lleguen al aeropuerto con suficiente antelación.
Denuncia ante el Defensor del Pueblo


Por otro lado, los vigilantes de filtros de seguridad han denunciado ante el Defensor del Pueblo que la empresa Ilunion y AENA están vulnerando la normativa de Seguridad Nacional referida a aeropuertos, pasajeros y equipajes de mano.


En el texto de una queja presentada este jueves al Defensor del Pueblo, el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad de Madrid (ATES) dice que Ilunion alega "órdenes de AENA" para "mermar de forma considerable la seguridad en los controles de seguridad de acceso a las puertas de embarque, sobre todo en las franjas horarias de mayor flujo de pasajeros".
La respuesta de Aena

Por su parte, Fuentes de Aena han afirmado que "no existe merma en la seguridad, ni en la inspección de pasajeros y equipajes, ni en ningún otro de los procedimientos de seguridad establecidos".

De hecho, las mismas fuentes han precisado que las competencias de seguridad en el aeropuerto son de las FFCCSE y en el caso de los controles de inspección de personas y equipajes de mano, de la Guardia Civil, que supervisa el cumplimiento de la normativa a aplicar en los filtros de seguridad, "no solo en el caso de una convocatoria de huelga", como la actual de trabajadores de Ilunion Seguridad SA, "sino siempre".

Ilunión Seguridad es la empresa adjudicataria de la inspección de pasajeros, tripulaciones y equipajes de mano en el aeropuerto madrileño y su contrato exige, recuerda Aena, el cumplimiento de la normativa e indicadores de calidad.




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La subdelegada de la Junta de Andalucía se reúne con con la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad Privada



La subdelegada de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares, ha mantenido una reunión con la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad Privada, en la que su presidente, Juan Gómez, ha sido el encargado de trasladar los asuntos más preocupantes para los trabajadores del sector, que se encuentran día a día con situaciones de precariedad y desprotección de una asociación que se creó en 2016, en defensa de los intereses de estos profesionales.

Según ha indicado la Junta en una nota, Eva Pajares ha mostrado su apoyo a los vigilantes y les ha asegurado que la Junta de Andalucía "buscará medidas" que mejoren su formación e incrementen su capacidad de respuesta, ante las numerosas situaciones de peligro que deben solventar en su día a día.

Entre las reivindicaciones planteadas y que más urgen a los trabajadores se encuentra la queja por la desprotección con las que cuentan en la actualidad. Por ello, han solicitado que la Junta de Andalucía obligue a las empresas de seguridad a dotar de medios a sus trabajadores, en base al riesgo que supone para ellos desempeñar su trabajo en determinados centros de la Junta, como puede ser el Hospital o los centros de salud, así como en otros centros de la Junta de Andalucía de alto riesgo.

Además, es preciso, según su presidente, la protección jurídica ante las agresiones sufridas por los profesionales de la vigilancia privada, y que "normalmente quedan impunes", como ha ocurrido en el Centro de Menores de Marchenilla (Algeciras), como uno de estos centros conflictivos.


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Videovigilancia para el control de empleados: analisis de sentencia del Juzgado de Pamplona que aplica lo dispuesto en el RGPD



Un juez de Pamplona ha dictado la primera sentencia en España sobre los requisitos para la validez como prueba de las grabaciones de videovigilancia en el control empresarial de la actividad de los trabajadores aplicando lo dispuesto en el RGPD. Se trata en concreto de la sentencia del Juzgado de lo Social de Pamplona de 18 de febrero de 2019. Te la explicamos.

En ella, el JS, aunque declara la procedencia del despido al existir otras pruebas que acreditaban los hechos imputados en la carta de despido, declara nula la prueba de videogilancia y deja claro que no basta con colocar un distintivo informando de la presencia de las cámaras de videovigilancia. Hay que informar a los trabajadores tanto de su instalación como de que las imágenes podrán utilizarse con finalidad sancionadora.

En este sentido, el Juzgado de lo Social deja muy claro que el art. 89.1 de la LOPD (aplicable en el momento de producirse los hechos) es incompatible con las exigencias de información establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y, por tanto, dicho artículo de la LOPD debe considerarse inaplicable, dado el principio de supremacía del derecho comunitario.

El caso concreto juzgado

Con fecha 21 de septiembre de 2018, una empresa entregó a un empleado carta de despido disciplinario, con efectos del mismo día, en la que se le imputa las infracciones previstas en el art.54.2 c) del Estatuto de los Trabajadores y del art. 58 letra h) del Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la Comunidad Foral de Navarra.

Los hechos ocurrieron a las 13,55 horas del sábado 15 de septiembre de 2018, en el que el empleado participó en una pelea, con puñetazos y golpes, con otro trabajador de la empresa, llamado B..

Han quedado acreditados los hechos de la carta de despido y, en concreto, que el sábado 15 de septiembre de 2018 el demandante tuvo una discusión en el centro de trabajo con otro trabajador, identificado como B. Dicha discusión estaba motivada por una orden concreta de trabajo.

En este contexto, durante la discusión producida en el centro de trabajo, y dentro de la jornada de trabajo, el demandante siguió al otro trabajador por el centro y en tono amenazante le dijo que a la salida se verían.

En efecto, concluida la jornada, estando en el parking de la empresa, tanto el empleado despedido como B se enzarzaron en una pelea, en el transcurso de la cual el actor, que llevaba una fusta, golpeó al otro contrincante, y a su vez Bernardino le golpea con un casco de moto que llevaba en la mano, propinándole ambos puñetazos, y continuando la pelea hasta que fueron separados por otro trabajador presente en el lugar.

En materia de protección de datos, destacan los siguientes hechos:

1. La empresa demandada tiene instaladas cámaras de vigilancia en su centro de trabajo, que cuentan con el correspondiente cartel identificativo de zona videovigilada y con referencia a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, indicando que cabe ejercitar los derechos ante N.

2. Consta un anexo con el registro de actividades de tratamiento, en el que constan los datos de contacto del responsable y del delegado de protección de datos. Dentro de este registro de datos de tratamiento figura el referido a videovigilancia, con indicación de que los fines son “videovigilancia de las instalaciones/o bienes”.

En el epígrafe correspondiente a categorías de interesados se hace referencia a “personas que acceden a las instalaciones videovigiladas”, y cita dentro de las categorías a empleados; clientes y usuarios; y proveedores. Respecto a la categoría de datos personales se indica “la identificación de imagen/voz” . En categorías de destinatarios se menciona a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a tribunales y juzgados.

2. La empresa C remitió comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos sobre designación del delegado de protección de datos por cuenta de la empresa (…).

3. Asimismo la empresa C emite un certificado de adecuación al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), haciendo constar que presta sus servicios de adecuación y mantenimiento al Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016,relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y que entre los servicios de adecuación y mantenimiento al reglamento que proporciona la empresa se encuentran las funciones definidas en el art. 39 del Reglamento de Protección de Datos Personales como delegado de protección de datos de la empresa N.

Entre las pruebas aportadas por la empresa, aparte de declaraciones de testigos, en el acto del juicio la empresa demandada propuso la prueba de visualización de las grabaciones captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en la empresa y que captaron la pelea.

Esta prueba de las grabaciones de videovigilancia fue expresamente impugnadas por el abogado del trabajador por no respetar los derechos fundamentales que le afectan (prueba nula).

La sentencia del JS de Pamplona
Aunque el Juzgado de lo Social declara que es nula la prueba de las cámaras de videovigilancia, determina la procedencia del despido porque entiende que el resto de las pruebas aportadas para justificar el despido son lo suficientemente sólidas.

En este sentido, el JS deja claro que el que se haya inadmitido la prueba de la grabación de las cámaras de seguridad no quiere decir que en el presente caso los hechos que se imputaban al demandante en la carta de despido no hayan quedado acreditados con otros medios probatorios que no estén vinculados o relacionados con lo captado en las cámaras de videovigilancia.

En concreto, razona la sentencia, la prueba testifical practicada en el acto del juicio fue clara, habiendo declarado los dos testigos las circunstancias en las que se produjo la agresión del demandante y del otro trabajador, viéndose implicados en una pelea que, finalmente, determinó el despido disciplinario de los dos trabajadores.

Sobre la nulidad de la prueba basada en la videovigilancia
El Juzgado de lo Social realiza un amplio repaso por la jurisprudencia, tanto española como del TJUE y del TEDH en la materia, para concluir que la prueba debe ser declarada nula porque la empresa demandada no cumplió las exigencias vinculadas al necesario respeto al derecho de protección de datos que amparaba al trabajador demandante, incluyendo el deber informativo sobre la existencia de sistema de videovigilancia y la propia finalidad para la que se utilizaba, incluyendo la posibilidad de sancionar si captan actos ilícitos o incumplimientos laborales.

Hay que destacar, deja claro la sentencia, que los hechos que han dado lugar al despido disciplinario del trabajador son anteriores a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía delos derechos digitales.

Y, desde esta perspectiva temporal, razona el juez, ni siquiera la nueva regulación es aplicable al caso enjuiciado a pesar de la alegación realizada en el acto del juicio por la empresa demandada.

Y tampoco se estima aplicable la doctrina que cita de la STC 39/2016 porque en los términos razonados lo cierto es que el deber informativo sobre el alcance de las medidas de videovigilancia, incluyendo la finalidad sancionadora, es una exigencia que se impone en todo caso, más allá de la mera colocación del cartel informativo, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el propio Reglamento General de Protección de Datos a que se ha hecho referencia, que obligan a su aplicación y a interpretar la propia normativa nacional en los términos que exige el TEDH y que se derivan del Reglamento Europeo, dotado de eficacia directa y primacía frente a la norma nacional que contradiga su contenido, teniendo en cuenta que en dicho reglamento no se establece excepción alguna al deber de transparencia e informativo en materia de protección de datos aplicable a las relaciones laborales.

En este sentido, la sentencia deja muy claro (entre otros puntos) lo siguiente:

1. Los límites inherentes al control empresarial a través de la videovigilancia son, lisa y llanamente, el necesario respeto de los derechos fundamentales del trabajador y significadamente los derechos a la intimidad, a la imagen y a la protección de datos personales.

Ese respeto conlleva que debe aplicarse la doctrina conocida sobre incidencia de las funciones de vigilancia empresarial en los derechos fundamentales, que sólo pueden ser objeto de limitaciones en la medida estrictamente necesaria para satisfacer un derecho o un interés legítimo del empleador. Por lo mismo, la medida de control sólo es válida si supera el juicio de proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad).

2. Informar acerca del alcance de la medida no puede entenderse sino como expresa información de la finalidad del sistema instalado.

3. Por eso, sí que debe concretarse por el empleador que incluye la finalidad sancionadora si se captan incumplimientos laborales de los trabajadores.

4. En la medida que este modo de controlar la actividad de los trabajadores incide especialmente en su derecho a la protección de datos -la imagen es un dato personal-, cabe entender que el momento en que debe suministrarse la información sobre la finalidad es precisamente cuando se instalan las cámaras, y también cada vez que se contrate a un trabajador.

Lógicamente , si la empresa no tenía instalado este sistema, y lo dispone a raíz de sospechas de irregularidades de algún o algunos trabajadores, es ese momento cuando deberá informarles que se instalan las cámaras y que su finalidad incluye el sancionar los incumplimientos laborales. La norma europea no excepciona ningún supuesto que legitime la intervención sin cumplir la exigencia informativa y la doctrina del TEDH tampoco.

5. Efectivamente, dado que existe un deber de informar previamente al trabajador de la instalación de las cámaras de vigilancia, ya no serán posibles y quedan absolutamente prohibidas las grabaciones encubiertas u ocultas, que es tanto como decir no informadas.

Las sospechas de irregularidades graves en el desempeño de la actividad laboral no legitiman una excepción del deber de informar de la grabación que afecta al puesto objeto de sospecha, ni exonera de cumplir las exigencias del RGPD. La empresa siempre dispone de un medio de defensa de sus intereses, como es el anuncio de la grabación de las imágenes y de la finalidad, que ofrece ya una protección sobre su patrimonio por la función disuasoria que razonablemente debe producir

6. El RGPD establece el deber informativo de la finalidad del tratamiento de los datos personales como instrumento esencial para garantizar la protección eficaz del derecho a la protección de datos y no permite degradar la exigencia en el ámbito de las relaciones laborales.



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domingo, 28 de abril de 2019

Nuevos uniformes de Securitas. 8 páginas,👇

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sábado, 27 de abril de 2019

Comunican al Gobierno de Navarra incumplimientos en Eulen Seguridad

El sindicato CSIF ha comunicado al Gobierno de Navarra una serie de incumplimientos por parte de la empresa Eulen Seguridad, en relación con los servicios de seguridad asignados a primeros de este año, a través del acuerdo marco 2019-2022 y de otros que mantiene.

En concreto, denuncia que la empresa no ha proporcionado aún a los trabajadores la uniformidad requerida. En un comunicado, CSIF señala que “han pasado casi cuatro meses desde la asignación de los servicios y la empresa no ha suministrado la uniformidad estipulada en el Art. 23 del convenio colectivo nacional de empresas de seguridad privada”, algo que está relacionado con el Art. 48 segundo párrafo, del acuerdo marco del Gobierno de Navarra, en el que se indica que

“los servicios contratados se ejecutarán de acuerdo con las condiciones establecidas en este pliego, en los pliegos de condiciones particulares de los contratos derivados del Acuerdo Marco, según lo establecido en la Ley 5/2014, de 5 de abril, de Seguridad Privada y su normativa de desarrollo, así como el resto de normativa aplicable a los servicios de seguridad privada, tanto en el ámbito que afecte a la propia ejecución de los servicios, como a aquellos relativos a los aspectos laborales de los trabajadores”. Con esta “dejación”, afirma CSIF, “se puede poner en peligro la integridad física y la salud de los mismos vigilantes de seguridad, incluso de los funcionarios que trabajan en los diferentes edificios o recintos y de los ciudadanos en general, que acuden a los mismos y resalta que tampoco se ha entregado a los vigilantes la tarjeta identificativa que el Gobierno de Navarra les exige. El comunicado concluye solicitando al “Departamento de Interior que actúe de forma contundente”.





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Importante Sentencia: El Ayuntamiento de Granada tendrá que indemnizar a cuatro vigilantes de seguridad por cubrir sus plazas por policías


Así lo ha estimado la magistrada-juez del Juzgado de lo Social Nº 6 de Granada, que en su sentencia culpa al Consistorio de la rescisión de los contratos de estos trabajadores.
Un bufete de abogados murciano representaba a la nueva empresa contratista del servicio, a quien se le achacaba tal rescisión contractual.
La magistrada-juez señala al Ayuntamiento como responsable del despido de esos cuatro vigilantes de seguridad, por lo que tendrá que indemnizarlos con 73.060 euros, al considerar que sus puestos de trabajo no se suprimieron, ni amortizaron, ni desaparecieron, sino que fueron asumidos por la Corporación municipal.
De este modo, la juez ha estimado las demandas presentadas por los trabajadores al considerar que se ha producido “un despido improcedente”, absolviendo a las empresas concesionarias de ese servicio de toda responsabilidad.
Y es que, los principales edificios de la administración en la ciudad de Granada habían sido tradicionalmente vigilados por empleados de la seguridad privada; hasta que, con la nueva contrata administrativa, en octubre del año 2017, el Ayuntamiento de Granada, con la intención de reducir costes, comenzó a cubrir esas horas del servicio de vigilancia con los Agentes Municipales, ocupando estos los mismos puestos de trabajo que venían cubriendo, anteriormente, los vigilantes de seguridad privada.
Esa maniobra de sustituir vigilantes de seguridad privada, por Agentes Municipales de Granada, iba encaminada con el objetivo de reducir el déficit municipal y supuestamente ahorrar costes por parte del Ayuntamiento de Granada, lo que provocó que la empresa concesionaria, que se hizo con el servicio durante el año 2017, no tuviera los suficientes puestos de trabajo para dar ocupación efectiva y poder subrogar a todos los vigilantes de seguridad
Así, la empresa entrante ha podido salvaguardar sus intereses a consecuencia de los recortes introducidos por el propio Ayuntamiento de Seguridad, siendo dicha entidad local quien asuma los costes de la indemnización por despido de esos vigilantes de seguridad privada.




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Se presentan épsilon Seguridad y Eps seguridad.apertura del sobre para la adjudicación del SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA PROMOCIÓN DE EVHA SITA EN LA CALLE OTELO, 1, DE ORIHUELA (ALICANTE).


ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE APERTURA DEL SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3 DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO CTCM-19/11 QUE TIENE POR OBJETO EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA PROMOCIÓN DE EVHA SITA EN LA CALLE OTELO, 1, DE ORIHUELA (ALICANTE).






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Cuatro meses sin cobrar y abandonados a la intemperie ( Un cubo y papel, todo el aseo de que disponen )



Cuatro meses sin cobrar, trabajando a la intemperie en un descampado, sin lugar donde resguardarse de las inclemencias del tiempo, ni agua, ni luz eléctrica y con un cubo y un rollo de papel higiénico como única herramienta para atender sus necesidades. Esas son las condiciones en las que los vigilantes de seguridad de la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad están ejerciendo sus funciones en la obra del vial de Las Moraditas de Taco, que realiza Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

El martirio de estos trabajadores los está llevándolos a la desesperación. Sinergias, que ha presentado concurso de acreedores de forma voluntaria y a la que la Fiscalía vincula con Miguel Ángel Ramírez, el propietario de Seguridad Integral y actual presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, adeuda el salario de cuatro meses a más de cien trabajadores en Tenerife, a los que no les queda más remedio que acudir a diario a sus puestos de trabajo.
Por si fuera poco, en el caso de los vigilantes de esta obra de FCC, las condiciones laborales también han empeorado drásticamente.

Uno de ellos, Luis Jordán Morales, asegura haber perdido el miedo. El mismo miedo que hacen que muchos de sus compañeros callen y sobrevivan junto a sus familias gracias al apoyo familiar y de las ONG. Jordán ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo que dice así:


“Como ya saben de las miles de denuncias contra esta empresa, soy subrogado desde el 2014. Llevo 4 meses sin cobrar mi salario. Como saben, estamos en el descampado de la obra de Las Moraditas de Taco UTTF5 vial. Como ya saben, no tenemos ni luz ni agua y ya saben como hacemos nuestras necesidades (ver denuncias anteriores). Si ustedes no ven delito ni riesgo laboral, como cuando me dio el infarto en 2016 y la rotura del brazo en 2018 por las malas condiciones del servicio, entonces pónganlo como maltrato animal porque estamos como animales en ese descampado. Yo tengo que venir porque no pasa nada. El poder económico es más fuerte que la maquinaria del Estado”.

Jordán sostiene que el infarto le dio porque, cuando los subrogaron, “nos quitaron todos los derechos y la mitad del sueldo”, después de soportar el apremio de los bancos y la falta de comida...

Según narra, entonces FCC “no se preocupó de mi” y fue él mismo el que pidió la ambulancia antes de desmayarse, por lo que insiste en que “el estrés que me ha causado esta empresa casi me cuesta la vida”.

Este vigilante añade que cuando en 2018 se rompió un brazo al caerse por una escalera a consecuencia de la falta de luz, ni FCC ni Sinergias de Vigilancia y Seguridad se preocuparon por él pese a que tuvieron que operarlo por las heridas causadas en el accidente laboral.


Es evidente que “mis compañeros y yo corremos verdaderos riesgos laborales” y es por eso que ha presentado una nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo e insiste en que “díganle al Seprona que hay varios perros en el descampado, que llevan cuatro meses sin comer, sin poder hacer nuestras necesidades -porque ni aseos hay- y tenemos que hacerlas al borde de un barranco”.



Jordán asegura que se han dirigido en múltiples ocasiones a Fomento de Construcciones y Contratas y concretamente al responsable de esta obra, pero no han logrado hablar con él y que también ha remitido innumerables correos electrónicos a esta empresa. Todo en saco roto.


Pero ahí siguen estos trabajadores, como el puente que está junto al Hospital Universitario de La Candelaria, que va no a ningún lugar y un vial que comenzó a ejecutarse en 2008 y donde un grupo de vigilantes de seguridad ejerce sus funciones en unas condiciones lamentables y sin cobrar sus salarios.





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viernes, 26 de abril de 2019

Fuenlabrada. Se necesita vigilante de seguridad con caracter urgente para empezar el día 01/05/2019




Fuenlabrada. Se necesita vigilante de seguridad con caracter urgente para empezar el día 01/05/2019




¿Quieres trabajar con nosotros?Envíanos tu CV a la siguiente dirección laboral@vitenseguridad.com
Viten Seguridad, S.L.
C/ Palier S/N. Edificio BMW MOMENTUM. P.I. Ciudad del Automóvil. 28914 Leganes (Madrid).
Tel. 902 111 044
Fax. 91 6941919




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