Falsos vigilantes, jornadas interminables

La red desarticulada operaba a nivel nacional y empleaba a personas sin habilitación como vigilantes de seguridad, muchas de ellas extranjeras en situación irregular. Los trabajadores eran forzados a realizar turnos de hasta 64 horas consecutivas, sin descanso, en obras y espacios privados sin ningún tipo de cobertura legal.

Amenazas, pagos en negro y total desprotección

Se prometían sueldos rápidos y pagos en efectivo, pero en la mayoría de los casos, los trabajadores solo cobraban una parte del primer mes. Los abonos se realizaban desde cajeros automáticos, y quien se quejaba recibía amenazas o era directamente expulsado sin explicaciones.

Empresas pantalla y delitos múltiples

La red utilizaba un entramado de empresas ficticias que nacían y desaparecían rápidamente para evitar sanciones administrativas. Esta práctica dificultaba cualquier seguimiento legal o laboral. Ocho personas fueron detenidas, enfrentándose a delitos como:

• Organización criminal
• Delito contra los derechos de los trabajadores
• Intrusismo profesional
• Amenazas, coacciones y obstrucción a la justicia

La otra cara de la seguridad privada

Desde Seguridad y Empleo denunciamos esta situación como un reflejo de la precariedad que todavía existe en parte del sector. El intrusismo y la explotación no solo vulneran los derechos humanos básicos, sino que dañan la imagen de miles de profesionales cualificados que trabajan con dignidad cada día.