La iniciativa, presentada por el Partido Popular, ha contado con el respaldo de Junts, ERC y Vox, mientras que el gobierno municipal y los Comuns se han abstenido. Albert Batlle, teniente de alcaldía de Seguridad, ha señalado que el nuevo contrato de seguridad para los próximos cuatro años contempla la incorporación de 800 agentes de seguridad, lo que supone un aumento de 50 efectivos y más horas de servicio en comparación con el contrato anterior.
El texto también plantea dotar a los vigilantes de seguridad privada de equipos de protección personal y recursos adicionales para el desempeño de su labor en condiciones óptimas, incluyendo el uso de gas pimienta y un botón de emergencia personal que active un protocolo de seguridad. Asimismo, propone la creación de una aplicación móvil para denuncias inmediatas de carteristas, emergencias sanitarias o cualquier otro incidente, con geolocalización en tiempo real.
Por otra parte, el pleno solicita que el Ayuntamiento de Barcelona se persone como acusación particular en los casos de agresiones, amenazas y daños sufridos por los vigilantes de seguridad en el metro.
Respecto a estas propuestas, Batlle ha señalado que aún es necesario trabajar en algunos aspectos, como la aplicación móvil solicitada por el PP. No obstante, ha expresado su escepticismo sobre la posibilidad de que el consistorio pueda personarse como acusación particular. "Compartimos el fondo de la cuestión, pero nos abstendremos", ha declarado. Además, ha asegurado que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ya ofrece garantías a los vigilantes y ha destacado que 2024 es el año con menor número de agresiones en el metro en los últimos ocho años.
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