Según un comunicado difundido este martes, las empresas denunciadas se enfrentan a sanciones de entre 30.000 y 600.000 euros al tratarse de infracciones muy graves, pues dos de ellas son reincidentes.
En los dos últimos años se han interpuesto casi un centenar de propuestas de sanción por el mismo motivo, es decir, por la utilización de trabajadores sin habilitación o acreditación profesional válidos.
La Policía ha podido comprobar que en todos los casos los servicios investigados eran realizados por personas sin ninguna habilitación para el desempeño de funciones que están reservadas, por ley, al personal de seguridad privada.
Los empleados identificados trabajaban en distintas obras en construcción de las localidades de La Rinconada y Dos Hermanas, donde prestaban servicios de seguridad y protección del material y maquinaria depositada en las obras y utilizada para la construcción.
Estos operarios desarrollaban sus turnos de trabajo normalmente de noche, comenzando su jornada laboral a partir del momento en que los obreros de la construcción abandonan la obra.
Es en ese horario cuando las herramientas y maquinaria en general, así como los propios materiales de obra, quedan sin vigilancia, contratándose para la seguridad a personas sin experiencia y con unos salarios muy bajos, que pasan la noche vigilando las instalaciones, para prevenir robos y actos vandálicos.
Los vigilantes van vestidos con equipos de trabajo que en muchas ocasiones inducen a error, pues se confunden fácilmente con empresas de seguridad o incluso con uniformes de cuerpos policiales.
La presencia de estos trabajadores tiene una función disuasoria y su labor suele enmarcarse en el convenio colectivo del sector de la construcción, si bien su función es muy distinta, ya que entran en acción precisamente cuando cesa el trabajo en la construcción para desempeñar otro completamente distinto a aquél.
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