La Sala de Gobierno del TSJCyL solicita que se contrate a los vigilantes de seguridad necesarios para los edificios judiciales

 

 La Sala de Gobierno del TSJCyL, en su última reunión celebrada esta semana, ha tomado conocimiento de los informes recibidos respecto a la situación de inseguridad de los Juzgados Únicos –especialmente del documento elaborado por el presidente de la Audiencia de Segovia, Ignacio Pando– y ha acordado solicitar una vez más al Ministerio de Justicia que adopte las medidas para garantizar la seguridad de los edificios judiciales, de las personas que trabajan en los mismos y de los ciudadanos que a ellos acuden.

El alto tribunal de Castilla y León ha recordado al Ministerio de Justicia que tiene encomendada la custodia de las sedes judiciales y de las personas, y le ha requerido para que contrate a los vigilantes de seguridad necesarios para cumplir con su obligación. Los escritos analizados por la Sala han coincidido en que se establezca un servicio de vigilancia en las sedes de aquellos partidos judiciales que cuentan con un único juzgado de primera instancia e instrucción, informa Ical.

De manera significativa, se ha tenido en cuenta el informe remitido sobre el Juzgado de Santa María la Real de Nieva, tras el atentado sufrido el pasado 1 de diciembre por su titular, la magistrada Sonsoles Sanchidrián Velayos. Al concluir su jornada, la juez titular fue objeto de una agresión por parte de un litigante al que había sido notificada el día anterior una resolución dictada por ella. El ataque se produjo en las inmediaciones de la sede y continuó en el interior de la misma, en la que la juez trató de refugiarse.

Las heridas por arma blanca, de carácter grave, determinaron su ingreso en el Hospital durante once días, un hecho que, según el TSJ, «pudo haberse evitado de existir la reclamada medida». La Gerencia Territorial adscribió al día siguiente del suceso a un vigilante privado para dar cobertura a la necesidad de seguridad por un periodo de veinte días. Sin embargo, justo un día después recibió la orden expresa por parte del Ministerio de Justicia para que anulase dicha medida.

La Sala ha resaltado además que en ciudades como Segovia, en las que la dispersión de sedes es «una triste realidad», existen juzgados en los que tampoco hay medida de seguridad alguna. En concreto, el Juzgado de Menores, del Contencioso-Administrativo, de lo Social, de los Penales y el de Primera Instancia e Instrucción 5, situados en locales distintos y alejados del Palacio de Justicia. «Todos se encuentran en la misma situación de precariedad y son susceptibles de sufrir hechos similares a los ocurridos en Santa María, ya que resultan insuficientes las contadas medidas adoptadas en alguno de ellos, como la instalación de circuitos cerrados de televisión con videograbadores, monitores y cámaras», señala la Sala.