El sindicato considera que la retirada del arma obedece a criterios económicos y busca «abaratar así el servicio» de los dos empleados que hay en cada turno; uno portará arma y otro no.
A ello se suma que la plantilla aún espera cobrar los salarios que la anterior empresa concesionaria del servicio, Ombus, les adeuda tras entrar en concurso de acreedores. Sostienen los trabajadores que el coordinador de seguridad de la central térmica les aseguró que Naturgy les abonaría las más de dos mensualidades que no llegaron a percibir.
La plantilla siguió trabajando pese a no cobrar durante ese tiempo. «El coordinador de seguridad de la central, que pertenece a Ilunion, nos dijo que no faltáramos al trabajo. Se cumplieron los horarios y, tal cual, no se faltó al trabajo. A día de hoy siguen con la promesa de que se abonarán esos salarios», indicó uno de los vigilantes, Javier Menéndez, que sigue sin percibir ese dinero.
Una situación que ahora ve agravada con la retirada del arma reglamentaria. «Nos supone unos 90 euros al mes a cada uno», puntualizó Menéndez.
Todo ello se suma a la incertidumbre sobre el futuro laboral que espera a la plantilla ante el anunciado cierre de la central térmica. «Aquí nadie da la cara. Se suma todo. La situación es muy complicada», lamentó Menéndez.
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