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martes, 6 de agosto de 2019

El Centro Penıtencıαrıo Provıncıαl de Vıllαhıerro seguırά contαndo con servıcıo de segurıdαd prıvαdα αl menos durαnte dos αños




El Centro Penitenciario Provincial de Villahierro seguirá contando con servicio de seguridad privada al menos durante dos años, como consecuencia de la decisión del Consejo de Ministros de no cancelar los contratos con las empresas que lo prestaban por la falta de plantilla en la Guardia Civil, que debería de asumir las competencias. En el centro afincado en Mansilla de las Mulas desempeñan esta labor en la actualidad doce trabajadores.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, avanzó en febrero la decisión en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para explicar los presupuestos de su departamento para 2019, que ascendían a 1.196 millones de euros, lo que suponía un incremento del 3% respecto a 2018. Sin embargo, la semana pasada se autorizó a la Secretaría de Estado de Seguridad para renovar el plan de vigilancia privada en el perímetro exterior de las cárceles que dependen del Ministerio del Interior en un contrato por valor de 64 millones de euros que entrará en vigor en 2020. El plan afecta a 64 centros penitenciarios, uno de los cuales es del de Villahierro.


Actualmente, un importante número de cárceles están vigiladas en el exterior por agentes de la seguridad privada, pertenecientes a empresas con las que se formalizaron contratos durante el Gobierno del PP. Es el caso de la de León, que tuvo inicialmente ocho efectivos de seguridad privada y pasó luego a diez hasta llegar a la docena que había en la última estadística.

El nuevo expediente de contratación se iniciará el 1 de enero de 2020 o el día siguiente al de su formalización si fuese posterior, con una duración de un año y una posibilidad de prórroga por un máximo de otro. En 2013 se puso en marcha este plan de vigilancia privada en el perímetro exterior de las cárceles, lo que levantó las protestas de los sindicatos de prisiones, de asociaciones de guardias civiles y de algunas formaciones políticas, como el propio PSOE e Izquierda Unida. La medida impulsada por el Gobierno del PP fue justificada por la necesidad de ofrecer una salida a los escoltas del País Vasco que quedaban liberados por el cese de la violencia de ETA. También se explicó que muchos agentes de la Guardia Civil destinados en esos puestos de vigilancia exterior se iban a recuperar para labores de seguridad ciudadana. En la actualidad, Interior tiene destinados a proteger las cárceles a 3.643 agentes de la Guardia Civil —1.500 de ellos dedicados a realizar traslados de presos entre cárceles o a los juzgados y hospitales, las llamadas conducciones— y 215 de la Policía Nacional, además de 23.000 funcionarios de prisiones que se encargan de la seguridad interior de los centros penitenciarios. Junto a ellos, y siempre bajo la supervisión y dirección de los responsables policiales de la seguridad exterior, trabajan desde hace casi cinco años 937 vigilantes privados, que se encargan de cubrir los diferentes turnos de 210 puestos de trabajo. La función de estos últimos se limita a la seguridad de los puntos de acceso a las prisiones y la observación de las imágenes que facilitan las cámaras de videovigilancia del perímetro exterior.



Según la referencia del Consejo de Ministros, el contrato tiene un valor de 64.045.800 euros (cantidad calculada conforme al presupuesto de licitación sin impuestos e incluida la posible prórroga) e incluye a los 68 centros penitenciarios vigilados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se excluye, por tanto, los centros radicados en País Vasco y Cataluña, cuya vigilancia exterior es asumida por sus policías autonómicas.



En el anterior mandato los funcionarios de prisiones quedaron fuera de los acuerdos de equiparación salarial «y ya hemos mantenido diversas reuniones con los sindicatos para mejorar sus condiciones laborales», explicó Ortiz en su día. En estos últimos encuentros por separado, se acordó la creación de cuatro grupos de trabajo para abordar, entre otros asuntos, las agresiones a funcionarios (223 en 2018, de ellas casi una docena en Villahierro) y la formación, la reforma de clasificaciones.



Desde 2008 hay 13.000 internos menos en las cárceles, de tal manera que la ratio ha pasado de un funcionario de vigilancia por cada 5,67 presos a uno por 4,39 reclusos, a nivel nacional. Los sindicatos leoneses discrepan de estas cifras, que consideran irreales y no se ajustan a sus datos.





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