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jueves, 28 de febrero de 2019

Viten Seguridad pega el pelotazo al adjudicarse Servicio de Seguridad y Vigilancia de los locales de la Agencia Estatal de Meteorología en territorio español

Viten Seguridad pega el pelotazo al adjudicarse Servicio de Seguridad y Vigilancia de los locales de la Agencia Estatal de Meteorología en territorio español





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Aprovechan el cambio de turno de los Vigilantes para robar en la fundación Francisco Franco

Las imágenes de las cámaras de seguridad en poder de la policía nacional, que ofrece en primicia EL PERIÓDICO

El robo tuvo lugar esa misma noche. Los asaltantes esperaron el cambio de turno de los vigilantes de seguridad de la urbanización. A las 21.35 saltaron las alarmas de Prosegur. La denuncia presentada por el General Chicharro, presidente de la Fundación Franco, ante la policía nacional, con el número 26505/18 recoge que los asaltantes "han fracturado la puerta de acceso y han sustraido una caja de caudales que contenía documentación".
Los investigadores de la policía nacional revisaron las imágenes, interrogaron a los empleados y también a los trabajadores que en aquellos días formaban parte de una obra que se estaba haciendo en la Fundación Franco. Uno de ellos, por cierto, mostró cierto temor ante el suceso. No estaba implicado, pero era un inmigrante sin documentación legal para vivir y trabajar en España.




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Formalizado el contrato de seguridad del museo Reina Sofía de Madrid

Servicio de seguridad, vigilancia, protección y control del museo Reina Sofía
Valor estimado del contrato 11.400.000 EUR. Presupuesto base de licitación Importe 6.897.000 EUR. Importe (sin impuestos) 5.700.000 EUR.







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miércoles, 27 de febrero de 2019

LICITACIÓN BENIDORM: Guarda rural con especialidad de guardapesca marítima.Descargar pliegos.


LICITACIÓN BENIDORM: Guarda rural con especialidad de guardapesca  marítima.Descargar pliegos.

DESCARGAR PLIEGOS

Presupuesto base de licitación 100.000,00 Euros Valor estimado del contrato: 100.000,00 Eu



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OFERTAS DE TRABAJO: VIGILANTES DE SEGURIDAD PARA MÁLAGA Y SEVILLA


Se necesita vigilante de seguridad para nueva apertura de Sabor a España en calle Larios (Málaga). Necesidad del TIP. Buenas condiciones. Enviar curriculum a la dirección seleccion@sabor-espana.com
Empresa de seguridad precisa vigilantes de seguridad titulados. Para trabajar en la provincia de Sevilla. Importante movilidad en vehiculo. Interesados enviar curriculum a trabaja@viserpro.com




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COMUNIDAD VALENCIANA: Se necesitan vigilantes y escoltas por ampliación de servicios



Empresa de seguridad privada de ámbito nacional, por ampliación de servicios en COMUNIDAD VALENCIANA,
precisa Escoltas Privados y Vigilantes de Seguridad. los intersados deberán de remitir curriculum vitae con foto. imprescindible tener tip en vigor. Email: seguridad@seviprosa. es




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martes, 26 de febrero de 2019

ÚLTIMA HORA: RENOVADO EL CONTRATO DE SEGURIDAD DE LOS LOTES 1 Y 2 DE METRO DE MADRID

ÚLTIMA HORA: RENOVADO EL CONTRATO DE SEGURIDAD DE LOS LOTES 1 Y 2 DE METRO DE MADRID Prórroga del contrato (Lote 1 y 2) (Publicado el 26 febrero 2019)





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lunes, 25 de febrero de 2019

ÚLTIMA HORA: SE FIRMA UNA PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE SEGURIDAD EN CENTROS PENITENCIARIOS HASTA EL 1 DE ENERO DEL 2020



Las movilizaciones habían empezado ante un plan del Gobierno para prescindir de operadores privados de seguridad en las cárceles. Hasta ahora, se ocupan de labores auxiliares, como el control inicial de los familiares que visitan a los reclusos, aunque la vigilancia dentro de las cárceles es realizada por funcionarios de prisiones.
NEGOCIACIONES EN MARCHA Ante el cambio de rumbo conocido tras el adelanto electoral, FTSP USO dice que no baja la guardia, pero que se abre un tiempo para el diálogo.
"Procedemos a aparcar, que no a abandonar, las acciones reivindicativas en la calle, concentraciones o manifestaciones, dedicándonos en los próximos
meses a mantener diversas reuniones con los partidos políticos y estamentos públicos para intentar consolidar a la Seguridad Privada en las Instituciones Penitenciarias de todo el Estado", anuncian en un comunicado




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El excomisario Villarejo tenía documentos para desprestigiar la empresa del exministro Morenes Segur Ibérica


El archivo secreto del excomisario José Manuel Villarejosigue ofreciendo novedades más de un año después de su arresto. El polémico mando guardaba documentación sobre todo tipo de personas y empresas. También de firmas relacionadas con la seguridad privada, un sector en el que él mismo trabajaba como detective en paralelo a su actividad policial. Según informan a Vozpópuli fuentes del caso, entre los documentos de interés que incautaron los investigadores a Villarejo había uno sobre la empresa Segur Ibérica.
Esta era la firma de seguridad que presidió el exministro de Defensa Pedro Morenés hasta que se incorporó al Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2011. En concreto, el documento analizado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional consta de tres folios titulados “ Campaña de descrédito contra Segur Ibérica”. Fue encontrado el 3 de noviembre de 2017 en la casa situada en la calle Clavel de la localidad madrileña de Boadilla del Monte propiedad del excomisario.
Este documento fue recogido por los agentes en un listado con la relación de todos los efectos intervenidos a Villarejo y su entorno en casi una quincena de registros. Algunos de esos documentos se remontan hasta los primeros años del siglo. En esa relación no figura ni la fecha ni el autor de la campaña de desprestigio contra Segur Ibérica, según las fuentes consultadas. Pero recuerdan que entre el 'modus operandi' del excomisario estaba la elaboración de este tipo de informes que después terminaban en los medios de comunicación.




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OFERTA DE TRABAJO SECURITAS CANADÁ: TENDRÁ QUE ESCALAR E INCLUSO LEVANTAR 11 KILOS. ( DEJAMOS ENLACE)

OFERTA DE TRABAJO EN LA EMPRESA SECURITAS EN CANADÁ










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Los vigilantes de seguridad están dejando de pedir el billete a inmigrantes por miedo (ver video de una youtuber)

El sector de trabajadores de la vigilancia privada que desarrollan su actividad en medios de transporte se muestra estos días muy preocupado por lo que consideran una “degradación de su imagen” a costa de varios incidentes registrados en los últimos meses, en los que se vieron involucrados vigilantes e inmigrantes.
El pasado mes de octubre, por ejemplo, Renfe abrió una investigación tras la aparición en redes sociales y medios de comunicación de un vídeo en el que tres vigilantes de seguridad desalojan por la fuerza a un inmigrante.
Los vigilantes de seguridad están dejando de pedir el billete a inmigrantes por miedo a las acusaciones de racismo por sucesos como el de la estación de Sants están provocando que algunos no actúen cuando detectan irregularidades en pasajeros extranjeros. Según la versión de los vigilantes, el joven se negó a enseñar su título de viaje a los vigilantes alegando que ellos no podían solicitárselo y que esta era tarea exclusiva de los revisores de Cercanías. Acusó a los trabajadores de seguridad de actuar movidos por el racismo, y esa acusación se trasladó también a los medios. 

Según la versión de los vigilantes, el joven se negó a enseñar su título de viaje a los vigilantes alegando que ellos no podían solicitárselo y que esta era tarea exclusiva de los revisores de Cercanías. Acusó a los trabajadores de seguridad de actuar movidos por el racismo, y esa acusación se trasladó también a los medios. La pasada semana tuvo lugar un incidente similar en la estación barcelonesa de Sants. El vigilante exigió la documentación a un inmigrante al que había visto forzar los tornos de salida de la estación -síntoma de que podría viajar sin billete-. La discusión, grabada en vídeo, acabó filtrándose a través de una plataforma contra el racismo. El vigilante fue apartado y la empresa prestataria del servicio, Ombuds, sancionada por Renfe.
“Nos graban constantemente con el teléfono, en cuanto te acercas a un extranjero para pedirle con buenos modales que te muestre su ticket, ya hay uno o varios viajeros sacando el móvil para grabar la escena. Y claro, ahí empiezan los problemas porque el inmigrante se viene arriba. Al final, no puedes hacer nada porque ya te empiezan a llamar racista y fascista. La situación es insostenible, es imposible que realicemos nuestro trabajo” relatan.
Advierten, además, que no se sienten respaldados por las empresas contratistas del servicio que “ante cualquier incidente culparán al trabajador, ya que están instaladas en el miedo de lo políticamente correcto”.





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Circuito de Cheste : ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, impugna los pliegos por incumplimiento de la ley de contratos

Estimar el recurso interpuesto por D. Ramón Rodríguez Vacas, en representación de la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas del contrato de “Prestación de servicios de seguridad en las instalaciones del Circuit”, anulando el criterio de adjudicación previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.





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domingo, 24 de febrero de 2019

SENTENCIA DEL TSJ DE ASTURIAS DE 03-10-2017. SE PUEDE ESPIAR EL GPS DEL MÓVIL PARA DESPEDIR A UN EMPLEADO

Recurso de Suplicación formalizado por D. Pablo Jesús contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Oviedo en el procedimiento de Despido seguido a instancia del citado recurrente frente a la empresa Manuel Orejas SA.

En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo:

Desestimo íntegramente la demanda formulada por D. Pablo Jesús contra la empresa Manuel Orejas SA absolviendo al demandado de todas las pretensiones de la demanda.

COMENTARIO


Sergio Saizmadrid - expansion.com


El TSJ de Asturias ha avalado el despido de un comercial que fue sorprendido cobrando dietas cuando, en realidad, estaba en su casa. La empresa lo descubrió monitorizando la ubicación de su tablet.



Irse a casa a descansar en horario laboral mientras en la empresa creen que se está visitando a clientes es una falta grave, pero si además se cobran dietas para simular que se está trabajando, es motivo de despido. Una situación similar fue lo que descubrió una empresa gracias a los datos del GPS de la tablet que utilizaba en sus rutas un comercial. Y la Justicia ha avalado que se utilizaran estos datos para monitorizar la actividad del empleado y demostrar que estaba violando la buena fe contractual.


El caso se remonta a noviembre de 2015, cuando el comercial recibió una comunicación de la compañía avisando de que había detectado "un incumplimiento reiterado y sistemático de su jornada laboral", además de un "grave fraude" por pasar dietas de comida cuando en realidad estaba en su domicilio. La compañía cedió pasar por alto estos hechos, confiando en que el trabajador modificaría su actitud y sólo le obligó a devolver las dietas cobradas irregularmente. Sin embargo, el comercial hizo caso omiso de las advertencias y, finalmente, fue despedido.



Ahora, ha sido el TSJ de Asturias el que ha avalado la decisión de la compañía. La sentencia, explica David Díaz, socio responsable de laboral de Baker McKenzie:


"establece un precedente importante para empresas con una gran fuerza de ventas dispersa geográficamente desde el punto de vista del control de los incumplimientos. En este caso, se considera válida la geolocalización vía GPS como fuente de información".


Según apunta Fernando Ruiz-Beato, socio de RB Ruiz-Beato Abogados:


"Por tanto, la geolocalización y los avances tecnológicos bien utilizados pueden ser herramientas válidas de control para el empresario y medidas disuasorias para evitar incumplimientos laborales por parte de los empleados".


En este sentido, Díaz aclara que:


"la comunicación por escrito es una acción fundamental que deben emprender las compañías para protegerse jurídicamente, trasladar de forma eficaz la normativa interna y definir claramente las expectativas de privacidad de los empleados".


En el caso que ha estudiado el TSJ de Asturias, el comercial había sido informado por la empresa de que su tablet (con funciones de teléfono móvil) contaba con varias aplicaciones, entre ellas una con un módulo GPS, que "tenía como finalidad controlar las visitas de los trabajadores".


La sentencia pone de manifiesto otro aspecto: el rendimiento del empleado como causa de despido. En la carta de despido, la compañía argumentó que la productividad del comercial había bajado como consecuencia de no cumplir con su jornada laboral.


El socio de Baker McKenzie, explica que "la sentencia no consideró el bajo rendimiento como demasiado pronunciado o continuado", a pesar de que las cifras demostraban un descenso en la facturación.


En el fallo, se hace especial hincapié en que la transgresión de la fe contractual se debe, principalmente, al engaño de cobrar unas dietas que no eran reales. David Díaz apunta que:


"Es un caso más que manifiesta la dificultad que a menudo afrontan las empresas para justificar un despido pretendidamente procedente a través de motivaciones de rendimiento deficiente".


Informar para no vulnerar otros derechos


Hasta ahora, existían dudas sobre la posibilidad o no de una empresa de utilizar los datos del GPS del teléfono corporativo para fiscalizar la actividad de un empleado.


Por ejemplo, el TSJ de Castilla-La Mancha declaró improcedente el despido de un comercial que engañaba a su empresa al invalidar las pruebas obtenidas a través de la geolocalización del móvil de empresa que tenía asignado, al considerar que la recogida de datos vulneraba derecho fundamentales.


Por eso, según Fernando Ruiz-Beato, socio de RB Ruiz-Beato Abogados:


"es importante que el trabajador tenga pleno conocimiento y firme la correspondiente comunicación donde se le informa de ello y de las consecuencias de sus posibles incumplimientos laborales (régimen disciplinario)".


Sin esta comunicación, no se puede monitorizar al empleado ni utilizar los datos del GPS, independientemente de si se trata de un teléfono, una tablet o cualquier otro dispositivo facilitado por la compañía al empleado como herramienta de trabajo.

FALLO


Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Pablo Jesús contra la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Oviedo de 11-5-2017, resolviendo la demanda sobre Despido instada contra la empresa "Manuel Orejas S.A.", y, confirmamos la sentencia de instancia en todos sus pronunciamientos.


Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, que habrá de presentarse en esta Sala de lo Social dentro del plazo de 10 días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma


VER SENTENCIA


ver sentencia








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EL CONSTITUCIONAL ANULA LOS DESPIDOS DE DOS SINDICALISTAS QUE LLAMARON "CORRUPTORA" A SU EMPRESA DE SEGURIDAD (SENTENCIAS DEL TC DE 15-10-2018)

Iván Suárez - eldiario.es - Las Palmas de Gran Canaria

- El alto tribunal considera que Seguridad Integral Canaria vulneró el derecho a la libertad sindical de los trabajadores en relación con la libertad de expresión

- Las sentencias tumban los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que avaló la procedencia de los despidos

- Los trabajadores acudieron a un pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ataviados con caretas del 'Pequeño Nicolás' y con camisetas con la inscripción 'Donde hay corrupto, hay un corruptor'

- El Constitucional estima el recurso de la Generalitat catalana contra el decreto de trabajo parcial

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado 2 sentencias del Tribunal Constitucional, fechadas el 15 de octubre (Sentencia 108/2018 y Sentencia 109/2018), que anulan los despidos de dos miembros del comité de empresa de Seguridad Integral Canaria (SIC) que acudieron, junto a otros representantes de los trabajadores, a un pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ataviado con una careta del Pequeño Nicolás y una camiseta con la inscripción Donde hay corrupto, hay un corruptor.


Tanto o más importante que el nombre del político corrupto es conocer el de la empresa de seguridad corruptora.


El alto tribunal considera vulnerado el derecho a la libertad sindical de los empleados en relación con la libertad de expresión.


No es, sin embargo, el primer pronunciamiento del alto tribunal en tal sentido. Un mes antes, el 14 de septiembre, el Constitucional daba también la razón a otro miembro del comité de empresa por los mismos hechos, con idénticos argumentos.


Ambas resoluciones tumban los fallos dictados por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que había avalado la procedencia de los despidos por razones disciplinarias. La única diferencia entre los procedimientos radica en la sentencia de primera instancia. En un caso se declaró la improcedencia y, en los dos últimos, la nulidad del despido.


Los hechos se remontan a finales de 2014. Durante la celebración del último pleno del año en las Casas Consistoriales, el 23 de diciembre, representantes de los trabajadores de SIC protagonizaron una protesta con las mencionadas caretas y camisetas con el lema que acompañaba a una imagen en la que se apreciaba a dos personas entregándose dinero.

Ninguna referencia se hacía en la prenda al nombre de la empresa de seguridad en la que estaban empleados ni a un político concreto. El objetivo de esta acción reivindicativa, según recoge la sentencia del Constitucional, era denunciar la "pasividad" del Ayuntamiento ante el "impago de los salarios fijados en el convenio colectivo" por parte de la empresa, adjudicataria de los servicios de vigilancia y seguridad de las oficinas municipales.


Los despidos, en cualquier caso, fueron notificados en abril de 2015, tras la apertura de expedientes disciplinarios con motivo de la presencia de estos trabajadores en una rueda de prensa convocada por Intersindical Canaria, central a la que pertenecen y que también organizó la protesta en el pleno, para denunciar la situación de la empresa.


En esa comparecencia, el entonces secretario de Seguridad de este sindicato, Jacinto Ortega, hoy concejal de Cohesión Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, realizó duras declaraciones contra la empresa, a la que acusó de implantar una política "basada en el terror y el miedo", y contra su entonces presidente, Miguel Ángel Ramírez, al que llegó a llamar "dictador empresarial" o "cacique", lo que dio origen a una demanda por intromisión al honor que fue finalmente desestimada por el Supremo.


Tras las primeras sentencias estimatorias de las demandas de los trabajadores despedidos, el TSJC se posicionó a favor de las tesis de la empresa, al entender que la protesta en el pleno (no así la mera presencia en la rueda de prensa, en la que no intervinieron) transmitía un mensaje "evidente", ya que se acusaba de corrupción tanto a SIC como al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Para el alto tribunal canario, representaba una "grave transgresión" de la buena fe contractual y un acto de deslealtad hacia la empresa.


El TC señala en sus últimas sentencias que el asunto tiene una "especial trascendencia constitucional", ya que la demanda afecta a una faceta vinculada a un derecho fundamental "sobre la que no había doctrina", puesto que coincide en la queja "el ejercicio de las libertades de expresión y sindical, en el seno de una relación laboral, y la crítica pública a la actuación de una corporación representativa", el Ayuntamiento de la capital grancanaria.


Las resoluciones del alto tribunal subrayan que los demandantes ostentaban la condición de representantes del comité de empresa, lo que les otorga el reconocimiento de "un mayor ámbito de libertad y protección". A ello se le suma el hecho de que la protesta en el pleno era una reivindicación laboral frente a personas que ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública, por lo que el ejercicio del derecho "alcanza el nivel máximo de protección". El TC destaca además el contexto en el que se produce la acción, que define como el de "un debate útil para la formación de la opinión pública".


Las sentencias tumban el fallo del TSJC al entender que se trataba de una protesta laboral organizada y promovida por el sindicato, en un pleno del Ayuntamiento que contrata a la empresa, en la que no se identificó expresamente a "ningún munícipe corrupto" ni tampoco a la empresa empleadora, "por más que implícitamente pudiera realizarse tal identificación", y que las expresiones utilizadas, aunque "desabrida e hirientes", no pueden considerarse "gravemente ofensivas ni vejatorias, innecesarias, gratuitas o desconectadas del conflicto laboral subyacente".


En este sentido, la Fiscalía del Constitucional, que también se pronunció a favor de la declaración de nulidad del despido, aboga por interpretar el término corrupción en un sentido amplio, "como forma de llamar la atención sobre los problemas laborales" en el seno de Seguridad Integral Canaria.



Para el alto tribunal español, la atribución a la empresa de seguridad de "la acción de corromper" a la administración no tenía más significación, en el contexto de un conflicto laboral, que la de "denunciar la irregular actuación" del Ayuntamiento y lograr "el respeto" de los salarios fijados en el convenio colectivo del sector, que consideraban incumplido.


FALLO DE LA SENTENCIA DEL TC 108/2018


El Tribunal Constitucional ha decidido Otorgar el amparo solicitado por D. Carmelo y, en consecuencia:


1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de expresión [arts. 28.1 y 20.1 a) CE].



2.º Restablecerle en la integridad de su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia núm. 48/2017 del TSJ de Canarias de 26-1-2017.


FALLO DE LA SENTENCIA DEL TC 109/2018


El Tribunal Constitucional ha decidido otorgar el amparo solicitado por D. Blas y, en consecuencia:


1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de expresión [arts. 28.1 y 20.1 a) CE].


2.º Restablecerle en la integridad de su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia núm. 1029/2016 del TSJ de Canarias de 29-11-2016.




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Cuando el estrés laboral se considera accidente de trabajo. (VER SENTENCIA)


Incapacidad permanente total (IPT). Determinación de la contingencia. Trabajadora con trastorno depresivo recurrente de larga duración derivado de una relación laboral conflictiva. Para que la enfermedad contraída con motivo de la realización del trabajo tenga la consideración de accidente laboral, es necesario que el trabajo sea el único factor causal, por lo que no basta con que la patología se desencadene a consecuencia del modo en que el trabajador vivencia determinados avatares de la relación laboral, sino que también ha de darse que no confluyan otros elementos desencadenantes y, además, que no venga provocada por una personalidad de base del afectado que le haga vivir mal, enfermando, lo que normalmente no desencadena patología alguna.
En el caso analizado, la trabajadora –definida como el alma de la empresa– padecía el síndrome denominado burn out, resultado de un estrés laboral crónico o frustración prolongada, cuya caracterización reside en el cansancio emocional (pérdida progresiva de energía, desgaste, agotamiento y fatiga emocional) como consecuencia de la forma en que desempeñaba su actividad, siempre de forma exhaustiva, autoexigente y con gran responsabilidad (era directora de fábrica), sin poner nunca reparo a alargar su jornada en los periodos necesarios, sintiéndose desplazada en un momento dado cuando tuvo lugar una reestructuración en la empresa que provocó cambios en sus funciones, lo que motivó que fuera baja en dos ocasiones por estrés. Sentado lo anterior, procede el reconocimiento de la situación de IPT derivada de contingencia profesional, resultando indiferente que la actora presentara rasgos de personalidad anancástica y viviera obsesionada por la perfección

(STSJ de Andalucía/Sevilla, Sala de lo Social, de 1 de junio de 2017, rec. núm. 1607/2016)




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