DECLARACIONES DE ÁNGEL CÓRDOBA, PRESIDENTE DE APROSER

DECLARACIONES DE ÁNGEL CÓRDOBA, PRESIDENTE DE APROSER

26/02/2018 -

“Los usuarios deben estar atentos a la solvencia económica de las empresas con las que trabajan”

El año pasado concluyó con la aprobación de varias iniciativas relacionadas con la contratación de servicios de seguridad. El Convenio Colectivo Estatal del sector, la Ley de Contratos del Sector Público y el acuerdo sobre infraestructuras estatales forman una triada cuyo objetivo es conseguir estabilidad en un reciente entorno de conflictividad laboral. Proyectos que, desde el punto de vista de Ángel Córdoba, presidente de APROSER, abrirán un nuevo escenario para la adquisición de estos servicios. Siempre y cuando, claro, se respete lo pactado.
Parece que la recuperación económica comenzó ligeramente el año pasado y en 2018 podría consolidarse. ¿Qué estimaciones tienen sobre la facturación del sector en este sentido?
Conforme indican los datos del ejercicio económico 2016, el sector de la seguridad privada en España ha advertido una leve recuperación, aunque no llega todavía a estar en consonancia con el crecimiento de la economía española en este mismo período. Adicionalmente, esta leve recuperación contrasta con la tendencia a la reducción de los márgenes comerciales de los últimos años, que se ha mantenido en el último ejercicio.
La facturación total del sector se ha cifrado en 3.649 millones de euros, un 4,83 por ciento más en términos interanuales. Por actividades, la vigilancia facturó 2.222 millones, con un incremento del 2,93 por ciento; los sistemas y alarmas alcanzaron los 1.119 millones, con un crecimiento del 9,11 por ciento, y el transporte de fondos obtuvo una facturación total de 308 millones de euros, un 4,13 por ciento más que el año anterior.
Para 2017, las previsiones de cierre arrojan datos ligeramente inferiores a los anteriormente reseñados, aunque una evolución más favorable que la prevista en la economía española podría influir en la mejora de esas cifras. En cualquier caso, lo destacable es que la facturación que se alcance, con seguridad, estará en una cifra todavía inferior a la conseguida en 2006, hace ya más de 10 años.

En el sentido de su pregunta, este sector se caracteriza por verse afectado por las crisis económicas de manera no virulenta en el inicio de las mismas, pero también por iniciar su recuperación con bastante retraso comparativamente con el resto de sectores. Por ello no es de extrañar que todavía buena parte de las cuentas de resultados sigan con pérdidas acumuladas.
APROSER y los sindicatos suscribieron el pasado 8 de noviembre el nuevo Convenio Colectivo de Seguridad Privada. Además de la mejora salarial de un 2 por ciento anual los tres próximos años, ¿qué otros aspectos destaca del acuerdo?
Tal como usted destaca, tanto la duración como la fijación de incrementos salariales ciertos son dos de los factores que contribuirán a una mayor estabilidad del sector, que es uno de los objetivos irrenunciables para propiciar su mejora. Todos hemos intentado con este acuerdo reducir al máximo, desde ya y a futuro, la conflictividad laboral generada en estos años de intensa crisis económica, la misma que han sufrido todos los sectores de prestación de servicios que demandan la contratación de un gran número de profesionales.
Las posiciones iniciales de ambas partes se encontraban muy distantes. Los representantes de las patronales defendían legítimamente incrementos retributivos ligados a aumentos de productividad, mientras que los de los trabajadores, también de forma legítima y razonada, mantenían que no era el momento de hablar de productividad y era necesario que éste fuera un auténtico convenio de avance y de recuperación económica.

No obstante, sí había puntos de encuentro. Ambas partes consideraban necesario dignificar el sector, estableciendo métodos que contrarrestasen ciertas prácticas de competencia desleal que redundaban además en perjuicio de los trabajadores, así como modernizar la redacción del convenio y ordenar de una forma más racional e intuitiva su articulado.
Así, todas las partes acordaron crear una comisión técnica de redacción que pudiera actualizar el lenguaje utilizado tradicionalmente por este convenio, acomodándolo a la realidad temporal que vivimos, y que, a la vez, adaptase el texto a las diferentes modificaciones normativas de carácter laboral y administrativo que afectan en el día a día a la actividad. En términos generales, también se buscaba plasmar claramente la voluntad de las partes, de forma que se evitasen futuros conflictos de interpretación de los acuerdos conseguidos.
Sin embargo, aunque esta comisión ha hecho un gran trabajo, no lo ha podido concluir. Ha conseguido consensuar nuevas redacciones de viejos textos que se incluyen en este Convenio Colectivo y ha reordenado de una forma más lógica los diferentes capítulos del mismo; pero, y así lo ha manifestado en sus conclusiones, queda trabajo pendiente.
Por ello, las partes han pactado en una disposición adicional (la cuarta) la creación dos comisiones técnicas. Una de ellas, entre otras funciones, continuará con los trabajos de actualización del articulado y armonizará su contenido con lo que resulte del futuro Reglamento de Seguridad Privada u otras normas que afecten al sector. Sus trabajos serán sometidos a la Mesa de Negociación del presente convenio para su debate y, en su caso, aprobación y posterior incorporación y publicación.
La otra comisión técnica se constituirá como Mesa de Estudio de la Empleabilidad en el Sector, siendo una de sus tareas fundamentales el estudio y redacción, en su caso, de propuestas en orden a encuadrar la actividad de seguridad privada como afectada por el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.
Del mismo modo, la comisión técnica será la encargada de presentar a la Mesa Negociadora, para su debate y eventual incorporación al Convenio Colectivo, los textos que plasmen los acuerdos alcanzados en el ámbito de la Mesa Tripartita de Trabajo. Esta última fue creada a iniciativa del Gobierno e integrada por la representación de la Administración central, la patronal y los agentes sociales, con el objetivo de analizar cuantas cuestiones contribuyan a una mejora de la prestación de los servicios y de las condiciones de trabajo en el ámbito de la seguridad privada en infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo de competencia estatal.
Igualmente, a través de la citada comisión técnica y mediante el mismo procedimiento de estudio y propuesta de debate y aprobación a la Mesa Negociadora, se incorporará al Convenio Colectivo todo acuerdo que pudiera alcanzarse en cualquier otro foro o comité de trabajo formado entre los mismos interlocutores, en relación con los servicios de seguridad privada que se presten para la Administración y que impliquen un incremento presupuestario que conlleve mejoras salariales específicas. Se tendrán en cuenta además, lógicamente, tanto las consideraciones relativas al beneficio industrial de las empresas, como las cláusulas oportunas que garanticen la exclusiva afección a este tipo de servicios.
En resumen, este nuevo Convenio Colectivo –cuya firma coincide, y no solo por casualidad, con la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público– nace con el convencimiento de las organizaciones firmantes de que la negociación colectiva sectorial sigue siendo la herramienta principal para preservar la necesaria estabilidad del pacto sectorial como unidad de negociación, entendida como la más adecuada para este sector y manteniendo su vocación de permanencia y previendo su ultraactividad, de conformidad con la posibilidad que al respecto le da la vigente redacción del artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores.
Pero, a la vez, pretendemos que tenga también una vocación permanente de adaptación a la realidad social y, para ello, se ha dotado de los mecanismos que le permitan incorporar, en todo momento de su vigencia, cualquier acuerdo conveniente para el desarrollo del sector.
En esencia, la representación empresarial, mayoritariamente, desde el convencimiento de la necesaria dignificación del sector recomendada e impulsada desde el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, y con el Convenio Colectivo como elemento homogeneizador de las condiciones laborales de los trabajadores, ha optado decididamente por lograr un acuerdo que proporcione estabilidad al sector, aunque para ello haya tenido que renunciar en este momento a la totalidad de sus legítimos planteamientos iniciales de negociación (todos relacionados con mejoras directas en la productividad, tales como la sustitución mediante compensaciones económicas del devengo de la antigüedad, la racionalización de los complementos por IT ante el desproporcionado incremento del coste del absentismo laboral o la modificación de la jornada en el transporte de fondos ante las nuevas demandas de los clientes), y pese al importante peso económico en términos de coste empresarial (en torno al 1 por ciento anual) que conlleva el mantenimiento sin variación de estos tres conceptos de coste.