Un vigilante de seguridad que en diciembre del 2016 sufrió una brutal paliza en La Rambla a manos de cuatro pandilleros ha demandado a su empresa, y a la aseguradora de esta, para que los hechos sean considerados un accidente laboral. La víctima sufrió graves lesiones, padece severas secuelas por la agresión y argumenta que la empresa para la que trabajaba no implementó las medidas de seguridad para evitar ese riesgo profesional.
La peculiar demanda todavía no ha sido interpuesta, pero el trámite previo de conciliación entre empleado y compañía ya se ha producido, sin acuerdo.
Los agresores fueron cuatro jóvenes, dos mayores de edad y dos menores. Los dos primeros fueron sentenciados el pasado 27 de octubre a sendas penas de 5 años de cárcel por agredir a tres vigilantes y atentar contra policías locales que acudieron después de los ataques. El fallo, que fue dictado en conformidad, incluye que cuando los agresores, de origen colombiano, cumplan dos terceras partes de la condena serán expulsados de España por espacio de 9 años, en sustitución del resto de la pena. Los dos menores quedaron a disposición del juzgado de menores.
En la madrugada del 12 de diciembre los pandilleros arremetieron contra el vigilante, encargado de la seguridad de las casetas municipales de Navidad de la Rambla, porque éste les había recriminado que dañaran el mobiliario urbano.
El vigilante ya sufrió lesiones en ese primer ataque y se defendió con su porra.
Los jóvenes se marcharon y el vigilante llamó a su compañero, que estaba de guardia en la otra punta de la Rambla. Poco después aparecieron de nuevo los cuatro chicos armados con objetos metálicos y un cuchillo y acometieron con saña a los dos trabajadores. Un tercer vigilante, de servicio en las cercanías, acudió a ayudar a sus compañeros y también fue golpeado con una cadena.
El demandante fue el lesionado de mayor gravedad y tardó en curar de sus múltiples heridas, especialmente en la cara, 143 días. Como secuelas le han quedado, entre otras, visión doble, cefaleas y vértigos.
El vigilante, representado por Jaime Bueno, alega que su empresa no cumplió con las debidas medidas de prevención de riesgos laborales, al tener que hacer el servicio en unas precarias condiciones de seguridad. Como ejemplo, se argumenta que los dos vigilantes estaban muy separados el uno del otro.
La peculiar demanda todavía no ha sido interpuesta, pero el trámite previo de conciliación entre empleado y compañía ya se ha producido, sin acuerdo.
Los agresores fueron cuatro jóvenes, dos mayores de edad y dos menores. Los dos primeros fueron sentenciados el pasado 27 de octubre a sendas penas de 5 años de cárcel por agredir a tres vigilantes y atentar contra policías locales que acudieron después de los ataques. El fallo, que fue dictado en conformidad, incluye que cuando los agresores, de origen colombiano, cumplan dos terceras partes de la condena serán expulsados de España por espacio de 9 años, en sustitución del resto de la pena. Los dos menores quedaron a disposición del juzgado de menores.
En la madrugada del 12 de diciembre los pandilleros arremetieron contra el vigilante, encargado de la seguridad de las casetas municipales de Navidad de la Rambla, porque éste les había recriminado que dañaran el mobiliario urbano.
El vigilante ya sufrió lesiones en ese primer ataque y se defendió con su porra.
Los jóvenes se marcharon y el vigilante llamó a su compañero, que estaba de guardia en la otra punta de la Rambla. Poco después aparecieron de nuevo los cuatro chicos armados con objetos metálicos y un cuchillo y acometieron con saña a los dos trabajadores. Un tercer vigilante, de servicio en las cercanías, acudió a ayudar a sus compañeros y también fue golpeado con una cadena.
El demandante fue el lesionado de mayor gravedad y tardó en curar de sus múltiples heridas, especialmente en la cara, 143 días. Como secuelas le han quedado, entre otras, visión doble, cefaleas y vértigos.
El vigilante, representado por Jaime Bueno, alega que su empresa no cumplió con las debidas medidas de prevención de riesgos laborales, al tener que hacer el servicio en unas precarias condiciones de seguridad. Como ejemplo, se argumenta que los dos vigilantes estaban muy separados el uno del otro.
"La agresión sufrida por mí, a consecuencia y con ocasión de mi actividad profesional, es constitutiva de un grave riesgo laboral que obligaba al empresario a cumplir con la deuda de seguridad que le es exigible según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 y, específicamente, respecto a su deber de prevenir la violencia ocupacional externa en el desempeño de mis funciones", argumenta la papeleta de conciliación fallida.
El lesionado reclama a su empresa y a la compañía de seguros 240.000 euros de indemnización, 180.000 euros por las lesiones y secuelas y 60.000 por el daño moral sufrido. Los jóvenes condenados se declararon insolventes.
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