Van a cumplirse cuatro años –será en octubre– de que la vigilancia privada llegara a los perímetros de las cárceles del país.

Van a cumplirse cuatro años –será en octubre– de que la vigilancia privada llegara a los perímetros de las cárceles del país. Los centros penitenciarios, y más concretamente los representantes sindicales de las plantillas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, acogieron con dudas aquella decisión, sobre todo también por el proceso seguido a la hora de la adjudicación a las empresas y por un modelo que califican de «privatizador» en las tareas de vigilancia.

Ahora, recobra fuerza la petición expresada al Gobierno de la nación para que retire de los alrededores de las prisiones esa seguridad privada cuya función se circunscribe al perímetro de los centros penitenciarios como el segoviano de Perogordo. Es decir, al control de los vallados y muros exteriores, a la comprobación de los accesos reservados a familiares o a estar pendientes de las cámaras de seguridad.

La Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones de Penitenciarias (Acaip) ha iniciado recientemente movilizaciones para exigir al Ejecutivo central mejoras de las condiciones laborales, entre las que figuran el aumento de efectivos en las plantillas, dado que la cárcel de Segovia, por ejemplo, padece un hueco de más de treinta vacante, o la retirada de la seguridad privada del perímetro de los centros.

Riesgo de «deterioro»

Los representantes de Acaip abogan por «la dotación adecuada con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», tal y como reflejan en un reciente manifiesto publicado a raíz de sus acciones de protesta a pie de calle. La organización profesional esgrime que «la Administración actual ha invertido un total de 116 millones de euros a lo largo de los últimos años en privatizar los servicios de vigilancia exterior de las prisiones».

El comunicado añade que este coste «no tiene en cuenta nunca criterios tan básicos en la prestación de un servicio público como la eficiencia, la eficacia y el respeto a los principios fundamentales».

Acaip opina que los «avances en la externalización o privatización en el ámbito de las prisiones conllevan el deterioro en los centros, como ha ocurrido, por ejemplo, con la limpieza de las oficinas». Apostillan en este caso que, ahora, hay trabajadores que acumulan un año sin cobrar. Mientras esto ocurre, la agrupación acusa a la Administración de «beneficiar a las grandes corporaciones financieras y empresariales» que están detrás de la seguridad privada.