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viernes, 4 de septiembre de 2020

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la contratación de seguridad privada para evitar la okupación



Este contrato es paralelo al que cuenta la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). El edil ha señalado que el Ayuntamiento no dispone de vigilantes de seguridad ni de la dotación especializada que se requiere para estas tareas, por lo que resulta necesario contratar un servicio externo.

"De haber existido un contrato similar con anterioridad se hubieran evitado okupaciones y mal uso de solares municipales como, por ejemplo, en el paseo de la Dirección o en el solar de Antonio Grilo, 8, que dificultan enormemente cualquier acción, como la construcción de un centro de salud en este último", ha lamentado Fuentes en la rueda de prensa.

Las situaciones en las que será necesario prestar este servicio, así como el período de tiempo durante el que se deberá mantener dependerán de las necesidades que surjan en cada momento.

En función del riesgo y de las características del inmueble, los servicios de vigilancia que incluye el contrato son varios ya que no sólo protege contra las posibles okupaciones, sino también de los asentamientos ilegales, el vandalismo o los vertidos de escombros incontrolados debido a la falta de vigilancia.

Es por eso que habrá vigilancia presencial permanente mediante una dotación de vigilantes de seguridad sin armas en los pisos, locales, edificios y solares. En algún caso, esta vigilancia requerirá equipación con un vehículo a motor. Se unirá a la vigilancia sin presencia permanente pero con verificación personal (vigilancia dinámica) y vigilancia a través de sistemas de alarma con verificación personal (servicios de acuda) en aquellos pisos, locales, edificios y solares que por sus características no requieran de la presencia de un vigilante permanente.
Este contrato se suma a las otras acciones que está poniendo en marcha el Gobierno municipal para luchar contra este fenómeno, como el plan antiokupación, también del área de Desarrollo Urbano, por valor de 1,5 millones de euros, para desalojar y derruir naves e inmuebles okupados en muy mal estado y donde se realizan actividades delictivas o la próxima creación de la Oficina Municipal Antiokupación para asesorar a las comunidades que no sepan cómo enfrentarse a este problema.


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