si se demuestra que un vigilante de seguridad ha actuado con violencia contra un menor tutelado por la Administración regional será sustituido, asegura la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad

La Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad asegura que si se demuestra que un vigilante de seguridad ha actuado con violencia contra un menor tutelado por la Administración regional es sustituido de sus funciones.


Fuentes del Departamento que dirige Alberto Reyero aportan esta explicación a tres grabaciones, a las que ha tenido acceso la Cadena Ser, que muestran agresiones policiales en un piso de una entidad durante el confinamiento, humillaciones de un vigilante de seguridad y las pésimas condiciones de acogida en uno de los centros, con menores durmiendo en el suelo.

En cuanto al vídeo que refleja una actuación violenta contra un menor, producida por un Policía local tras un incidente violento en el centro que gestiona Fundación Samu, en el que hubo que requerir intervención policial ante "los graves hechos" protagonizados por varios menores, la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad se puso a disposición de la Fiscalía para colaborar en la investigación y las trabajadoras del centro acompañaron al menor a poner una denuncia.

Desde la Consejería de Políticas Sociales precisan que el vigilante de seguridad que aparece en otro de los vídeos, del centro de Hortaleza, fue despedido en septiembre de 2019.


Según el Departamento dirigido por Reyero, el último vídeo que refleja el "hacinamiento", "corresponde a un período en que los centros de primera acogida tuvieron sobreocupación por la llegada masiva de menores inmigrantes no acompañados, pero en la actualidad este problema no existe, ya que hay plazas suficientes para la acogida de los menores".

Resaltan que la Comunidad de Madrid vela por el bienestar de los menores en el sistema de protección, toma medidas en cuanto tiene sospecha de que se ha producido un hecho vejatorio, actúa "siempre" y "de manera inmediata" para garantizar ese bienestar de los menores a su cargo.

La comunicación de una actuación contra los menores puede llegar por los propios trabajadores o por las entidades que colaboran en su cuidado, detallan.

Señalan que la Comunidad actúa de inmediato para tomar medidas y se implica hasta solucionar la situación. En caso de que haya causa judicial, la Administración regional se persona en el procedimiento.


En cada situación denunciada, agregan, se abre un parte "de inmediato" y se informa a la Agencia Madrileña de Atención Social, que gestiona los centros públicos de menores y su seguridad.

Afirman que las acciones producidas en intervenciones complejas ante situaciones de violencia han sido realizadas por vigilantes de seguridad, "sin que exista ninguna causa ni condena contra el personal educativo de los centros".


Recuerdan desde la Consejería de Políticas Sociales que los menores de los centros tienen derecho a denunciar situaciones que consideren vejatorias cuando lo consideren necesario y los propios educadores les acompañan a realizar las denuncias. EFE