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jueves, 17 de octubre de 2019

El Gobierno de la Comunidad de Madrid realiza una inversión de más de tres millones de euros para el mantenimiento de un servicio de seguridad para evitar que pisos sean ocupados







El Gobierno de la Comunidad de Madrid realiza una inversión anual de cuatro millones de euros para la seguridad y el mantenimiento de las 23.213 viviendas con que cuenta la Agencia de Vivienda Social, y evitar en la medida de lo posible la ocupación de sus viviendas.


Así lo ha explicado hoy el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada durante el Pleno de la Asamblea de Madrid. Pérez ha insistido en que la lucha contra la ocupación ilegal ha sido uno de los primeros compromisos del Ejecutivo regional en materia de vivienda y para ello se ha creado una mesa de trabajo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.



El consejero ha destacado la necesidad de seguir colaborando con el consistorio de la capital en materia de vivienda y luchar contra la ocupación ilegal en la región. “Tenemos la obligación de colaborar de manera conjunta en la búsqueda de una solución a este problema, una vez queden localizadas todas las zonas de la capital en las que hay una mayor problemática debido al fenómeno de la ocupación”, ha explicado en sede parlamentaria.



Para tratar de hacer frente a este problema, la Agencia de Vivienda Social destina 500.000 euros al año a la instalación de puertas anti-vandálicas y a tabicar puertas y ventanas de las viviendas vacías, porque o bien se encuentran en obras o en el circuito administrativo para ser adjudicadas.


Igualmente, la Agencia destina más de tres millones de euros para el mantenimiento de un servicio de seguridad y para la reparación de aquellas viviendas recuperadas tras haber sido ocupadas y vandalizadas.


El servicio de seguridad dispone de varias patrullas de vigilantes que recorren todas las viviendas y promociones de titularidad regional que están en vigilancia (viviendas que se encuentran en obras o en el circuito administrativo para ser adjudicadas) y que deben ser inspeccionadas, al menos, una vez cada 24 horas.



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