La orden judicial para que sean expresamente los Mossos d’Esquadra los que tengan que vigilar todas las dependencias judiciales en Catalunya, que
ha dictado esta semana el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha sorprendido al sector de la vigilancia privada además de a los cuerpos policales públicos.
De hecho, en la mayoría de dependencias judiciales de Madrid, como en otros puntos de España, la custodia de estos edificios se encarga a empresas de seguridad y no a las fuerzas de seguridad del Estado. «Si a alguien se le ocurre hacer una pintada, los vigilantes privados lo ven por las cámaras de circuito cerrado y pueden salir a detener al grafitero o alertar a la policía para que lo cojan.
Pero no tiene mucho sentido que se destine a funciones de vigilancia estática a un mosso o un policía, que deberían patrullar y que tiene más capacidades y formación, en lugar de un vigilante de seguridad», explica Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical de Trabajadores de la Seguridad Privada, con 7.000 afiliados en 26 provincias.
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