martes, 17 de julio de 2018

Trabajo priorizará la lucha contra las jornadas de trabajo que exceden la ley e incrementará los recursos de la Inspección destinados a este objetivo


Trabajo priorizará la lucha contra las jornadas de trabajo que exceden la ley e incrementará los recursos de la Inspección destinados a este objetivo

Según fuentes conocedoras del borrador del Plan de Choque contra el Empleo Irregular que el Ministerio de Trabajo tiene previsto llevar al Consejo de Ministros antes del mes de agosto, una de sus líneas de actuación pasa por activar un plan de inspecciones en empresas para vigilar el adecuado cumplimiento de la jornada de trabajo prevista en los convenios o en los contratos de los trabajadores.


El documento prevé el incremento de los recursos de la Inspección de Trabajo destinados a este objetivo y el desarrollo de un programa de visitas en empresas y entrevistas a trabajadores para chequear que las jornadas reales de trabajo se ajustan a las establecidas en la ley, según las fuentes consultadas.



En concreto, Trabajo ha decidido poner en su punto de mira a las empresas multiservicios sobre las que pesa la sospecha de forzar los límites de los convenios sectoriales para ofrecer servicios a precios más bajos, a cambio de unas condiciones laborales más precarias para sus trabajadores. La anulación por parte de los tribunales de decenas de convenios de empresa en este segmento empresarial no ha contribuido a mejorar su reputación.


Menos fraude, más ingresos para la Seguridad Social


Según la última Encuesta de Población Activa, los trabajadores del mercado laboral español realizaron 6,4 millones de horas extra a la semana durante el primer trimestre del año, de las cuales cerca de la mitad (2,8 millones) no se pagaron (ver gráfico).


Los datos que maneja el Gobierno son más inquietantes. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, aseguró recientemente en una entrevista en RNE que en España se estaban realizando "nueve millones de horas extra ilegales a la semana" y que esta práctica restaba alrededor de 2.000 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social.


El PSOE ya trató de poner este fenómeno en el foco cuando estaba en la oposición, impulsando una proposición de ley para obligar a las empresas a registrar la entrada y la salida de sus trabajadores para fijar la obligación de implantar un sistema de control horario, que la Inspección de Trabajo pudiera consultar en cualquier momento.


La idea requiere de una reforma legal, ya que una reciente sentencia del Tribunal Supremo ya se encargó de dejar claro que de la actual redacción del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores no se puede desprender ninguna obligación de que las empresas hagan esto


Sin la situación parlamentaria necesaria para impulsar una reforma legal de ese calado, Trabajo pretende al menos controlar el cumplimiento de la jornada en aquellos ámbitos donde tiene noticia de que la situación es más grave a través de la Inspección de Trabajo.



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