Desde hoy no hay personal armado de la empresa "Alerta y Control“en cada una de las 20 sedes judiciales de la región. La razón es simple: aún no han sido instalados los armeros homologados que exige la ley.
Esa compañía no ha llegado a un acuerdo económico con la empresa saliente "Sasegur" que tenía en propiedad esos armeros homologados.
Por tanto, no habrá revólveres hasta que no haya nuevos armeros y para eso se necesita todo el mes de junio haciendo obras y después, uno por uno, deben ser aprobados por la Guardia Civil.
Un panorama que no gusta a los representantes sindicales. Francisco López, portavoz de Staj, sindicato de trabajadores de la administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, ha solicitado al ejecutivo regional que vigile con más atención este tipo de contratos para evitar la repetición de situaciones como esta.
En esta ocasión Alerta y Control no va a recibir ni un euro hasta que sus trabajadores porten el arma corta tal y como está fijado en el contrato con la administración regional.
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