Los grandes grupos de seguridad privada no han pujado por Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat este año

Los grandes grupos de seguridad privada no han pujado por Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat este año. Ni Prosegur ni Securitas se han presentado al concurso público con el que AENA adjudicará el servicio de seguridad en sus aeropuertos. No les salen los números: el negocio no es rentable.

Por una vez, sindicatos y empresas están de acuerdo en el diagnóstico: "La adjudicataria tendrá problemas para cumplir con las mejoras salariales".
Por su parte, el gestor aeroportuario se escuda en unaumento del 26% en el importe de licitación precisamente "con el objetivo de recoger las especificaciones del acuerdo alcanzado", justifican fuentes de AENA.
Los 'piratas' de la seguridad (al más puro estilo de Seguridad Integral Canaria o Novo Segur, la empresa de los vigilantes con sueldos de 780 euros al mes) quedan automáticamente descartadas en el concurso público por no cumplir los requisitos técnicos ni económicos.
Solo podrán presentarse "las personas naturales o jurídicas que tengan plena capacidad de obrar, no estén en prohibición de contratar [como los condenados por corrupción, tráfico de influencias, fraude, delitos contra la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores] y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica", según los pliegos de AENA.
El ente público también ha sacado adelante otro concurso de 10,86 millones para los 20 aeropuertos con menos de 400.000 pasajeros. Todos ellos contarán con un único adjudicatario. Las empresas que se han presentado son Eulen, Ombuds y Sasegur, como consta en la web de AENA.
El importe total de la licitación para los 27 aeropuertos de mayor tráfico (359 millones distribuidos en dos años prorrogables), con Madrid y Barcelona a la cabeza, es "a todas luces insuficiente" para asumir las mejoras en complementos salariales y calidad del servicio pactadas con Fomento, coinciden todas las fuentes consultadas. Este ministerio impulsó un grupo de trabajo donde participaron el Gobierno, las patronales, los sindicatos, AENA, Renfe y Adif con el objetivo de mejorar las condiciones de los vigilantes de seguridad en infraestructuras estatales (como los aeropuertos) a raíz de la huelga en Barcelona-El Prat el verano pasado.

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